El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (Partido Popular), presentó este martes, aún sin mucho detalle, cómo serán las futuras reformas anunciadas en el acuerdo programático con Coalición Canaria de la Ley de Cambio Climático en las Islas, aprobada hace poco menos de un año por el anterior Ejecutivo regional. Los populares quieren modificar una normativa que tan solo ellos rechazaron, junto con los diputados del Grupo Mixto, y que amenazaron con derogar en campaña electoral. Ahora buscan “bajarla a la tierra” con el beneplácito de todo el Parlamento autonómico.
“Debemos hacer una ley más realista, que permita una transición real. [Hay que] bajar a la tierra esta legislación para que sea más sólida y consensuada, minimizando las trabas burocráticas y adaptándola a las realidades municipales e insulares. Y abogar por la adopción de plazos realistas que permitan en términos prácticos la adopción de esta normativa”, dijo Zapata en sede parlamentaria.
La intervención fue propiciada por una petición del PSOE para que el consejero explicara las modificaciones previstas en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que ya esbozó en la última comisión sobre este asunto. Zapata apuntó que esas reformas pretenden acabar con un texto “farragoso y lleno de sugerencias, que no aclara obligaciones y genera confusiones”.
El expresidente del Cabildo de La Palma dijo que el nuevo reglamento buscará aclarar las funciones de cada administración pública, “en especial en ayuntamientos y cabildos”; qué puede ocurrir en caso de que una institución incumpla las reglas y también adelantó que unificará la Estrategia Canaria de Acción Climática (ECAC) con la Estrategia Canaria de Transición Justa, a pesar de que el anterior Gobierno autonómico había presentado ambos planes por separado.
Zapata adelantó que buscará “reducir” los planes insulares en esta materia, sin explicar lo que eso significa, dijo que eliminará los artículos del texto que sean “principios generales” y que mejorará aquellas actuaciones “taxativas”. Durante toda la intervención, el consejero mostró cercanía con el sector empresarial canario, a quienes, remarcó, “no queremos perseguir” para que “la descarbonización sea para ellos un camino irrenunciable”.
“Van a prevalecer todos los intereses, el medioambiental sobre todas las cosas, pero también el empresarial”, destacó.
Los primeros indicios de cómo será la futura reglamentación sobre cambio climático en Canarias, a raíz de lo adelantado por el Gobierno canario de Coalición Canaria y Partido Popular, hacen pensar que ocupará muchas menos páginas que la actual (tiene 93 artículos), porque Zapata habla de “estructuras sobredimensionadas” en la misma, que “acompañará al tejido empresarial” de las Islas, ya que contendrá “muchas menos trabas burocráticas” (esto tampoco ha especificado cómo lo hará) y contendrá “plazos realistas”. En la comisión celebrada la semana pasada, el consejero ya dejó caer que será muy difícil cumplir con el objetivo de que el Archipiélago sea un territorio neutro de emisiones de gases contaminantes para 2040 y todo indica que esos “plazos realistas” hacen referencia a los acordados por España y Europa, que quieren descarbonizarse para el año 2050, diez años más tarde.
El nuevo texto también incluirá las modificaciones acordadas por la comisión bilateral de coordinación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, hechas públicas el pasado 19 de junio, para armonizar la norma regional a la nacional, aprobada en mayo de 2021.
Las palabras de Zapata fueron bien recibidas entre casi toda la bancada del Parlamento menos por parte de Nueva Canarias y el Partido Socialista. Vox, por su parte, intervino en el debate para expresar una posición negacionista sobre las causas antropogénicas de la crisis climática y comparar el calentamiento global actual con el que se produjo tras el impacto del meteorito que causó la extinción de los dinosaurios.
Por otro lado, la diputada socialista Alicia Vanoostende ironizó sobre las explicaciones de Zapata y preguntó al consejero popular si “va a prevalecer el interés económico de las empresas frente al medioambiental”, porque “es lo que suele hacer su partido”, dijo la exconsejera canaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. “Recuerdo a un ministro canario de Industria, también del Partido Popular [José Manuel Soria], que retrasó la penetración de renovables con el impuesto al sol”.
“Si esas modificaciones que quiere hacer para rebajar la carga burocrática cuentan con las garantías medioambientales, nos tendrá a su lado. Pero para rebajar las metas y los objetivos climáticos, ahí no nos va a encontrar”, resumió la diputada.
Vanoostende volvió a pedir a Zapata que detallara qué significa “traer a la realidad” la ley canaria de cambio climático. “No podemos seguir en una sociedad de despilfarro. La tierra vale más que todo el dinero, necesitamos una normativa ambiciosa y tomar decisiones valientes”, añadió. Yone Caraballo, diputado de Nueva Canarias, profundizó en esta idea y preguntó al consejero que “cuando quiere decir más realista, ¿a qué se refiere? ¿A favor de la patronal de la construcción? ¿O más realista en la mitigación de los efectos del cambio climático?”.
Por último, el consejero canario de Transición Ecológica ha pedido a todos los grupos del Parlamento el apoyo para reformar la ley, que precisamente contó con el respaldo de todas las formaciones de la Cámara menos del Partido Popular y del Grupo Mixto. Zapata cree que al Ejecutivo regional del Pacto de las Flores “le faltó aún más diálogo” con respecto a la elaboración de este reglamento, que “sumó más de 700 aportaciones en el proceso participativo abierto”, según defiende la Administración anterior, pero que cuenta con “rechazo de parte de la sociedad”, añadió sin especificar el expresidente del Cabildo de La Palma.
Ahora, como sintetizó la diputada popular Raquel Díaz y Díaz en su intervención, vuelve a “ponerse a cero el contador”, otra vez, en una carrera climática contrarreloj para la que se acaba el tiempo.