El presidente de Empresas Canarias Productoras de Energía Solar (Sorecan), Santiago Marrero, ha insistido enérgicamente en la necesidad de que Canarias cuente con una regulación “más simplificada” y “específica” para poder salir del “atasco” burocrático y los “obstáculos” en la instalación en energías renovables.
En la jornada inaugural del VI Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico, organizado por Sorecan, Marrero expuso que el “obstáculo principal” para la instalación de fotovoltaica en las Islas es “la lentitud de las administraciones a la hora de contratar los permisos y conectarlos a la red”, sumado al vía crucis que supone lograr compensaciones en las facturas por verter excedentes en la red.
Marrero aseguró que las tramitaciones de plantas de autoconsumo se encuentran con “retrasos de entre seis meses y ocho meses”, mientras que las de generación tardan unos “tres años, incluso ocho años”. Además, reprobó a las administraciones por la tardanza en gestionar las subvenciones que impulsan el autoconsumo.
Y no entiende como puede ser que los gestores de la red, como Endesa, sean los encargados de renocer el vertido de excedentes de autoconsumo. “Se permite que nos den permisos los señores que están en el negocio, han nombrado al carnicero para que nos haga vegetarianos”, expuso a modo de ejemplo.
También criticó que la legislación es la misma en todas las comunidades, pero hay administraciones “más rápidas, más diligentes” que Canarias. Como ejemplo, expuso que tramitación de una planta de autoconsumo que en las Islas puede “tardar ocho meses”, en Andalucía el mismo cliente con misma potencia, “la ha tenido en 15 días”.
En su intervención, Marrero hizo especial hincapié y reiteró que el mejor recurso que tiene Canarias es el sol, con una radiación mayor que otras autonomías, permanente todos los días del año y en todas las islas. “Por tanto, no entendemos que siendo tan potente no utilicemos el recurso del sol. Y encontremos las pegas a su implantación, en lugar de buscar soluciones”, lamentó.
Según datos de 2019, Marrero indicó que España tenía instalados 16.041 MW de energía solar, mientras que Canarias contaba con 184 MW, es decir, el 1,2%. Y la comunidad que más tenía era Extremadura, con el 25%, “que tiene 1,1 millones de habitantes”.
Por ello, ha apuntado que desde Sorecan se van a hacer una serie de propuestas que buscan dar “medios e inteligencia a la regulación, a la administración y a los otros actores como gestores de red” con el objetivo de poder “salir de este atasco. Entre ellas, destacó un marco específico para Canarias.
“Como en su día salimos a solicitar la ULPGC y se decía que eso era un disparate, solicitamos un marco específico para Canarias, ya que la realidad energética de las islas es muy diferente a las del continente”, manifestó Marrero, para “abrazar la simplificación administrativa y dotar a las administraciones de recursos de calidad”.
En este sentido, Marrero criticó parte de las intervenciones anteriores, como la del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, o la de Antonio Morales, líder del Cabildo de Gran Canaria, quienes ensalzaron la multiplicación de potencia renovable instalada respecto a 2019. “La actitud es muy positiva de todos los actores hacia el nuevo modelo energético de Canarias, pero se debe pasar a la acción (…) a nosotros no nos vale la comparación con 2019, porque tres años antes no había nada”.
Marrero recordó que Sorecan empezó en 2003 y en 2013 se celebró el primer foro que este año ha cumplido su sexta edición. “Teníamos una ley de autoconsumo aprobada por el Gobierno de Zapatero que emplazaba al Ejecutivo que entrara al desarrollo de esa normativa. Pero el nuevo equipo del Partido Popular paralizó todas las renovables. Y así esperamos hasta 2016, al final de la legislatura de Mariano Rajoy, cuando se promueve la ley de autoconsumo y la termina publicando el PSOE. Entonces empieza la regulación del autoconsumo”, rememoró.
Bajo estas premisas explicó el motivo del retraso de las renovables en las Islas, pero ahora, bajo la amenaza del cambio climático y la apuesta de todas las administraciones isleñas por las renovables, no solo demanda la simplificación para avanzar, sino el empoderamiento del consumidor para reducir la dependencia energética de las grandes empresas.
“Las primeras discusiones, hace 20 años, se debatía la existencia o no del cambio climático. Yo decía que me daba igual si hay cambio climático, porque preguntaba ¿no debemos cuidar nuestra tierra? Y ahora viene la amenaza en el cambio de modelo: que le demos el poder al consumidor y no que lo tengan cuatro. Hay que empoderar al consumidor. Conseguir independencia energética”, añadió.
Y demandó que en la colaboración pública y privada para avanzar hacia la transición energética, las administraciones escuchen “a quienes están peleando todos los días con el mercado, porque a veces no se trata de dinero, sino de buscar soluciones para dar dinamismo al autoconsumo”.
Falta de personal especializado y leyes estatales que frenan
La intervención de Marrero se enmarcó en la primera ponencia del Foro, titulada Autoconsumo solar y transición energética, en la que también participaron el viceconsejero de Lucha Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez, y el coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink.
Tras escuchar las palabras de Marrero, el viceconcesejero quiso recordar que desde 2011 a 2020 no se incorporó “absolutamente a nadie” a la administración pública, salvo las tasas de reposición mínimas y es “ahora”, cuando se ha iniciado ese trabajo. Pero matizó que no solo se trata de incorporar más personal, sino que este sea especializado. “Y formar a alguien en este ámbito para que desarrolle su labor de forma autónoma tarda un año o año y medio. Este es un gran problema”.
En cualquier caso, Pérez remarcó que no pretende justificar “que ciertamente la administración pública debe mejorar sus procesos de control y de tramitación para no tener a un ciudadano esperando plazos imposibles de aguantar”. Y añadió que si el Gobierno regional quiere cumplir con la transición energética, “debemos cumplir todos y la administración debe ser ejemplarizante y eso pasa por mejorar los trámites burocráticos”.
Por su parte, Brink replicó que las subvenciones que otorgan administraciones como el Cabildo de Gran Canaria para el autoconsumo debe seguir la normativa. “Hay ciudadanía que nos pregunta por qué deben presentar el registro de propiedad para acceder a ayudas y es porque la ley nos exige que debe demostrar que es el propietario de la vivienda”, recordó. Al mismo tiempo, señaló que en la Corporación Insular han agilizado los trámites vía telemática, pero lo que no puede hacer es saltarse la normativa para acelerar el ingreso de subvenciones.
En este sentido, Brink recordó que el Cabildo ha destinado este año 800.000 euros a instalaciones fotovoltaicas. “Hemos tenido un aumento espectacular en 2021 y datos similares en 2022, se nos agotan todos los años y tenemos que poner más dinero”.
Además de las subvenciones, durante su turno de intervención, Brink explicó que, a pesar de que el Cabildo no ostenta competencias en materia energética, lleva a cabo acciones para avanzar en “el reto descomunal” de descarbonizar la economía de las islas en 2040.
“Estamos desarrollando instalaciones de autoconsumo en edificios e infraestructuras públicas y también desarrollamos comunidades energéticas, que son proyectos pilotos y se basan en trabajos de campo. Además, a partir de noviembre, cuando tengamos la oficina de transformación comunitaria y energética para Gran Canaria, esperamos llegar a más población”, relató.
Brink adelantó que el 4 de octubre se inaugurarála planta fotovoltaica del centro sociosanitario de Taliarte, con 400 KW y cubrirá en un 85% la demanda de esa infraestructura; este 16 de septiembre, en el consejo de administración del Consejo Insular de la Energía aprueba los pliegos para sacar a licitación 1,5 MW en el Ecoparque norte, en el complejo ambiental del Salto del Negro, por casi 3 millones de euros.
A esto se añade otra licitación en el centro sociosanitario de El Sabinal, con 200 KW, la autorización del Gobierno regional para instalar 700 KW en el Gran Canaria Arena y dos edificios en la Cumbre de 70 KW, así como tres edicios en el polígono industrial de Arinaga.