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Un registro de huella de carbono y una agencia de acción climática: así es la novedosa Ley de Cambio Climático de Canarias

Daños provocados por la borrasca Hermine en el municipio de La Aldea, en Gran Canaria, el pasado mes de septiembre

Alejandro Ortega

13 de diciembre de 2022 19:31 h

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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias ha salido adelante en el Parlamento canario este martes. Esta novedosa norma tiene como objetivo principal establecer las medidas necesarias para que las Islas sean un territorio neutro en emisiones en 2040, diez años antes del límite que se han marcado la Unión Europea y el resto de España, en 2050. 

Precisamente, en 2040, se pretende reducir las emisiones en un 90% respecto a las de 1990 y que, al menos, el 10% de las emisiones remanentes, aquellas que no son posibles de reducir, sean absorbidas por sumideros, para lograr un escenario de neutralidad climática.

Uno de los argumentos para sacar adelante esta norma antes del fin de la legislatura es la “urgencia” de la situación en las Islas. Así lo reveló el proyecto PIMA Adapta Costas, un estudio encargado por el Gobierno regional que identificó 47 “puntos calientes” (tramos de costa de alto riesgo acumulado) con hasta 147 playas turísticas afectadas por una pérdida de superficie del 10,6%. Dicho proyecto fue presentado por Canarias ante la última Cumbre del Clima celebrada en Egipto en noviembre.

¿Qué medidas se llevarán a cabo para que Canarias sea un territorio neutro de emisiones?

Para conseguir ese objetivo, se establece, entre otras medidas, que en 2030 todas las instituciones públicas del Archipiélago tendrán que abastecerse al 100% de fuentes renovables, sustituyendo por completo los equipos que se alimenten de combustibles fósiles. Además, deberán reemplazar los vehículos de combustión interna, los de gasolina o diésel, por otros con emisiones contaminantes nulas en un plazo máximo de diez años, en 2032, desde la entrada en vigor de este texto legislativo, que se producirá en los próximos días.

También, se creará el Registro de la Huella de Carbono para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, en el que se inscribirán obligatoriamente las explotaciones turísticas, las actividades pesqueras y de acuicultura, las actividades industriales y de comercio y las empresas que establezca la Estrategia de Acción Climática. Asimismo, las empresas también podrán calcular tanto los gases emitidos como los proyectos de absorción de los mismos.

De esta Ley también nacerá la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas, que será el órgano ejecutivo para la acción climática, con personalidad jurídica y autonomía administrativa y económica.

Transporte público menos contaminante

Por otro lado, en cuanto a la implantación de energías renovables, el horizonte marcado para 2030 es alcanzar el 37% del consumo de la energía final a través de estas alternativas sostenibles y el 92% en 2040.

En cuanto a la movilidad sostenible, el objetivo de reducción de emisiones es de un 84,2% para el 2040. Los empresas de movilidad pública y privada deberán introducir planes de movilidad sostenible para sus usuarios en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación de la Estrategia canaria de Acción Climática.

En el ámbito público, se implantará un nuevo alumbrado exterior bajo criterios de eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica.

En materia educativa, el Gobierno de Canarias introducirá como eje vertebrador la acción climática y la transición ecológica en las materias curriculares que se impartan en las aulas. El Ejecutivo también aprobará un plan formativo verde que tendrá, entre otros, el propósito de identificar los sectores clave con mayores oportunidades en estos sectores estratégicos.

El texto, principalmente, ejercerá de base para que se puedan ejecutar las diferentes estrategias que ha acordado el Gobierno en los últimos años, como el Plan de Transición Energética de Canarias, la Estrategia canaria de Acción Climática o la Estrategia de Transición Justa y Justicia Climática de Canarias. 

La Ley aprobada este martes en el Parlamento de Canarias, estructurada en un título preliminar y cinco títulos, consta de 90 artículos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y ocho finales. El texto definitivo se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias.

Tan solo ha recibido el rechazo del Grupo Mixto y el Grupo Popular. Cabe destacar que se trata de la ley más consensuada de la historia de Canarias con más de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública (170 y 214) y más de 30 reuniones con diferentes colectivos.

Las “alarmantes conclusiones” del cambio climático en Canarias si no se contrarresta

El informe, elaborado durante cuatro años, apunta en sus conclusiones que la población afectada por los cambios estará entre 20.000 y 40.000 habitantes, con unas pérdidas económicas directas asociadas a los procesos erosivos y de inundación por causa del cambio climático que pueden llegar en 2050 al 11% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago, lo que significa entre 4.000 y 4.500 millones de euros.

También, señala que existe la probabilidad de que en la segunda mitad de este siglo pueda desaparecer el 50% de las playas de Canarias, que se tengan que replantear infraestructuras básicas como aeropuertos y carreteras o que el 10% de la población del archipiélago tendrá que ser reubicada por la subida del nivel del mar que experimentaremos en los próximos años, unos datos que, en palabras del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, son “alarmantes”.

Además, destaca que en el peor escenario esperable en 2050 el 1% de la población canaria se verá afectada por problemas de inundación costera, y en 2100, posiblemente el 2%. Por otro lado, los territorios de las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, estarán sometidos a riesgos significativamente más elevados en 2050 y 2100.

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