La transición verde que busca enterrar el uso de los combustibles fósiles salvará el planeta de la crisis climática, pero provocará un cambio estructural tan grande que tendrá consecuencias en amplias esferas de la sociedad. Un informe de la Unión Europea detalla que el índice de riesgos socioeconómicos vinculados a ello es del 21,1 sobre 100 en Canarias, uno de los registros más bajo en España. El más alto lo presenta la comunidad de Castilla-La Mancha (49,8).
Los datos vienen desglosados en el noveno informe sobre la cohesión económica, social y territorial del Viejo Continente, publicado este mismo año. En el país, solo las Illes Balreas (19,9) cuentan con un índice de vulnerabilidad ante la transición ecológica inferior al Archipiélago. Los riesgos aumentan si esta transformación es llevada a cabo sin medidas compensatorias para los hogares con rentas más bajas ni diálogo con las comunidades locales.
El cambio climático obliga a los países a abandonar los combustibles fósiles y transitar hacia un futuro marcado por las energías renovables en un corto periodo de tiempo. Esa conversión es necesaria en la lucha contra el calentamiento global, pero la renovación estará marcado por el aumento a corto y medio plazo de los costes energéticos, la reconfiguración de los mercados laborales y la alteración de las comunidades que se han desarrollado bajo el paraguas del carbón, el petróleo y el gas.
“Hay reconversiones de actividades económicas que caducan por distintos motivos. Eso es una connotación a lo largo de la historia humana. Y cuando existe un nuevo escenario, evidentemente hay que adaptarse”, apunta Ezequiel Navío, naturalista y presidente de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Insulares (ADACIS).
“Las personas que puedan perder sus empleos vinculados a los combustibles fósiles tendrán que adaptarse a otros sectores nuevos. Y ahí es donde la administración tiene que velar por ellos”, continúa Navío.
La UE recuerda en su informe que una acción “insuficiente” en materia climática acarrearía “graves consecuencias para la vida humana”, pero matiza que cualquier tipo de estrategia, plan o medida para combatir el calentamiento global también plantea “retos distributivos para los individuos (…) y para las diferentes regiones y sectores industriales”.
El Banco de España ha alertado asimismo que la transición hacia las energías renovables afectará a las rentas más bajas. El supervisor emitió un informe en 2022 en el que advirtió que los derechos para emitir carbono ya están encareciendo la energía y que los impuestos verdes suponen un esfuerzo mayor para los hogares con menos ingresos.
El camino hacia la neutralidad climática pilla a Canarias, por su parte, con un tejido empresarial innovador “generalmente débil”, que ya ha sido expuesto a varias disrupciones este siglo (crisis financiera de 2008 y pandemia), con una infinidad de microempresas dedicadas a actividades comerciales de “bajo valor añadido” y un “déficit de capital humano” que explica, entre otras cosas, “la reducida capacidad de Canarias para afrontar con éxito” los cambios.
Todas esas conclusiones fueron recogidas en la estrategia canaria de transición justa y justicia climática, un plan redactado por el anterior Gobierno autonómico, el del denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), que precisamente planteaba políticas verdes dirigidas a los que menos tienen y pretendía evaluar sus impactos.
Ese documento fue cancelado por el actual consejero de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional, Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular (PP) en su particular intento por “simplificar” la normativa encargada de luchar contra la crisis climática en la Comunidad Autónoma.
Impactos en el transporte, el coste de la energía y el empleo
La UE sugiere que la vivienda es un ámbito en el que “es probable” que la ciudadanía sienta “directamente” el impacto de las políticas climáticas “debido al aumento de los precios de la energía para calefacción basada en combustibles fósiles y a las exigencias de reducir el consumo energético de los edificios”.
La invasión de Ucrania por Rusia provocó un repentino aumento de los precios de la electricidad y el gas que se sintió especialmente en los hogares con rentas bajas. La Unión Europea calcula que, entre 2019 y 2022, esos grupos gastaron de media entre un 10 y un 13% más en energía que los de rentas altas, cuyo dispendio aumentó solo entre un 5 y un 7% en el mismo período.
Canarias es la región europea que menos días al año demanda el uso de calefacción, según un indicador europeo denominado Heating Degree Days (HDD). Pero sí cuenta con cientos de familias incapaces de refrigerar sus viviendas en las noches tórridas, aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de los 25 grados, cada vez más extendidas.
La UE concluye que los hogares más pobres tendrás más dificultades económicas para modernizar sus viviendas y adaptarse a las condiciones climáticas del futuro, por lo que, sin apoyo financiero, “es probable que aumenten las desigualdades”.
El transporte es otro de los sectores que podrían agravar esas disparidades. Al igual que en el caso de la vivienda, los combustibles para el transporte rodado entrarán próximamente en el régimen de comercio de derechos de emisión, subiendo los precios de la gasolina y el gasóleo para los consumidores.
El Archipiélago pretende tener todo su parque de vehículos electrificado para 2040, pero los precios de los vehículos eléctricos continúan sin ser accesibles para las rentas más bajas. La UE cree que existe la posibilidad de que parte de población carezca de opciones para desplazarse por esto mismo o no pueda hacer frente, directamente, a su coste.
Por último, el informe comunitario también apunta que “es probable” que la transición verde “modifique un número significativo de perfiles laborales”, sobre todo en las industrias intensivas en carbono, pero también una “gama de sectores y perfiles de cualificación” se verían afectados. Calcular esos impactos, eso sí, todavía es “difícil”.