La empresa de un ex alto cargo de Coalición Canaria implicado en las 'mordidas' de OHL debe 4,4 millones a Hacienda
La empresa familiar del ex consejero de Sanidad y Presidencia del Gobierno de Canarias Julio Bonis, uno de los tres ex altos cargos de Coalición Canaria (CC) a quienes las grabaciones de la operación Lezo implican en el presunto cobro de comisiones de la constructora OHL, figura en la lista de morosos publicada este jueves por el Ministerio de Hacienda con una deuda que asciende a los 4,4 millones de euros. Bonis, fundador del partido y referente de los nacionalistas en los años noventa y principios de la década de 2000, es el administrador único de Juandro SL, una sociedad constituida en febrero de 2004, meses después de abandonar la primera línea política. Se trata de una consultoría de gestión y dirección empresarial con un amplio objeto social que incluye el asesoramiento “profesional, fiscal, laboral, económico-financiero, jurídico o técnico de ingeniería” y la realización de auditorías.
Según manifestó el propio Bonis a preguntas del juez instructor durante su comparecencia como testigo en el caso de Las Teresitas, en abril de 2009, el histórico dirigente nacionalista es propietario al 50% de esta empresa, quedando el resto de las acciones en manos de sus dos hijos, cada uno con el 25%. Aunque tiene la sede social en Las Palmas de Gran Canaria, esta sociedad participaba hasta finales de 2008 con un 15,92% en una entidad de similar nombre, Juandro Consultores, que opera en México, país donde fijó su residencia Bonis tras abandonar la actividad política y donde mantiene negocios sobre los que ha puesto la lupa la Justicia. Esta sociedad aparece en los sumarios de dos casos de corrupción: el pelotazo de la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, una causa que ha acabado con condenas de cárcel para sus responsables, y en la investigación a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, por blanqueo de capitales.
Juandro Consultores es la promotora de un ambicioso proyecto turístico en el estado mexicano de Baja California para albergar hoteles, apartamentos de lujo y hasta un campo de golf. Se trata del negocio para el que trabajó Bonis desde el año 2006 en el país azteca, según él mismo reconoció en su declaración ante el juez. Como socio en esta aventura empresarial aparece Jordi Pujol Jr., que compró el 21% de las participaciones por 1,3 millones de euros para venderlas tan solo dos años después por 15,2 millones de euros, obteniendo de esta manera un beneficio de 14 millones que, según el juez que instruye su causa en la Audiencia Nacional, no tenía justificación racional comercial.
Bonis manifestó en su comparecencia en la instrucción del caso Las Teresitas que vendió su participación en Juandro Consultores y salió de la entidad el 6 de diciembre de 2008. El comprador fue el grupo Isolux Corsán, precisamente la empresa que lidera el ranking de morosos en la lista publicada este jueves por el Ministerio de Hacienda, con una deuda que asciende a 369,8 millones de euros. El ex consejero de Sanidad y Presidencia del Gobierno canario también afirmó entonces que ocupaba un cargo de consejero en Isolux Corsán desde la fecha en la que le vendió las participaciones de Juandro Consultores, aunque negó formar parte del accionariado.
El fundador de CC es mencionado en las grabaciones intervenidas de la operación Lezo como receptor en el exterior de comisiones de OHL. Según un informe de la Guardia Civil, los tres ex altos cargos de la formación nacionalista implicados en la causa (Bonis, el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Luis Suárez Trenos y el ex consejero de Infraestructuras y ex presidente del Parlamento Antonio Castro) se habrían repartido cerca de 3 millones de euros con las mordidas percibidas de directivos de la constructora a cambio de favores en la adjudicación de obra pública.
Playa de Las Teresitas
El listado de grandes deudores publicado este jueves por el Ministerio de Hacienda también incluye a Playa de las Teresitas, SA, una sociedad ya prácticamente desaparecida, pero que desempeñó un papel fundamental en el origen de la polémica compraventa del frente de la playa. Según las investigaciones del caso Las Teresitas, esta empresa se constituyó ex profeso, de manera instrumental, para vender los terrenos de la Junta de Compensación propietaria de los mismos, ya que este tipo de entidades tiene como finalidad la urbanización de las parcelas. La composición de Playa de Las Teresitas SA era similar a la de la Junta, hasta el punto de que en ella figuraban los dueños de cerca del 60% de los terrenos vendidos. La sociedad recibió 18,7 de los 33 millones que pagó por el frente y la trasera de la playa Inversiones Las Teresitas, la empresa constituida por Antonio Plasencia e Ignacio González. Años después, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró el frente por 52 millones, casi el triple del valor estimado por los técnicos municipales, a pesar de que se había acreditado que parte de esas parcelas ya eran propiedad de la corporación.
El lastre con Hacienda de Playa de Las Teresitas SA es el mayor de todas las sociedades (anónimas y limitadas) de Canarias, ya que asciende a 12,9 millones. Algunos de sus antiguos administradores, entre ellos su ex presidente, ya fueron condenados por fraude fiscal, en concreto por no haber declarado los beneficios de la empresa en el Impuesto de Sociedades y dejar que fuera cada uno de sus miembros quien lo hiciese de manera individual en su declaración de la renta.
Otras entidades relevantes que han aparecido en ese listado de morosos son Canteras de Cabo Verde, con una deuda de 1,04 millones; Residencial Hoya del Pozo, con 1,69, y Promotora de Recursos Eólicos, con 4,65. La primera es la empresa que pretendía explotar la montaña de Tebeto, en Fuerteventura, a la que el Gobierno de Canarias estuvo a punto de indemnizar con más de 100 millones de euros en la época en la que José Manuel Soria ejercía como vicepresidente y consejero de Hacienda. El dirigente popular pretendía habilitar una consignación presupuestaria de ese montante para ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que aún se podía recurrir. Fue el presidente, Paulino Rivero (CC), quien, a la vista de la posición de su entonces socio, retiró las competencias a Soria y promovió el recurso ante el Supremo, con resultado favorable para los intereses del Ejecutivo, que ganó ese pleito a la sociedad del empresario Rafael Bittini.
Residencial Hoya del Pozo, por su parte, está vinculada al promotor inmobiliario Jaime Cortezo, que fue absuelto del delito de estafa del que le acusaban por la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en el municipio grancanario de Telde. Se trataba de unas viviendas que estaban bajo amenaza de derribo por invadir la zona de servidumbre de la Ley de Costas. El empresario sí fue condenado a dos años de cárcel en otro procedimiento por fraude a la Hacienda Pública, por crear una serie de artificios contables para eludir el pago del Impuesto de Sociedades de 2008 en la misma entidad.
Promotora de Recursos Eólicos, por su parte, está ligada a la trama eólica de 2004, juzgada el pasado año. Su vicepresidente, José Ignacio Esquivel, y su secretario, Alfredo Briganty, fueron condenados tras reconocer en el juicio el amaño en el concurso convocado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias que entonces regía Luis Soria, hermano de el ex ministro José Manuel Soria.
La relación de grandes deudores de Canarias incluye también a la empresa Seguridad Integral Canaria (6,37 millones de euros), a la constructora Beleyma (6,01), Equipo Diez de Gestión Inmobiliaria (8,98) u Operadores Vacacionales (12,69), que pertenecía al desaparecido touroperador Orizonia.
