Corría el año 1999 cuando el Gobierno de Canarias decidió, mediante la Ley 11/1999, de 13 de mayo, la modificación del Espacio Natural Protegido de La Isleta, un terreno que desde el año 1987 estaba catalogado con esta categoría. Con esta modificación se alteraron los límites del paisaje protegido, que perdió unas 97 hectáreas y pasó a medir 462,49. Esas 97 hectáreas desclasificadas se convirtieron en zona periférica de La Isleta y en ella se encuentra la cantera de Roque Ceniciento, iniciada en los años 70 del pasado siglo y que en el año 89 se estaba colapsando, por lo que gracias a esta ley de hace 18 años se pudieron reiniciar los trabajos de extracción de áridos para permitir el desarrollo del Puerto de La Luz y de Las Palmas, el más importante de Canarias.
La ley destacaba el gran valor estratégico de La Isleta, un terreno que, dada la proximidad del puerto, “constituye una adecuada posibilidad para el crecimiento” de las instalaciones portuarias en torno a las áreas de menor valor del por entonces espacio protegido. La normativa recogía que la descalificación del terreno se hacía debido a la tensión existente “entre los fines de expansión del puerto y las necesidades de protección de los valores naturales presentes en La Isleta”, por lo que en aras de proteger tanto el medioambiente como el desarrollo económico, se decidió permitir continuar con la extracción de áridos en Roque Ceniciento. Por lo tanto con esta cantera se da un doble beneficio a la Autoridad Portuaria de Las Palmas ya que, por un lado, le ha permitido disponer de los materiales de escollera y relleno precisos para la expansión litoral y portuaria y, por el otro, ha habilitado una superficie donde implantar las futuras actividades industriales y comerciales.
La legislación indicaba que esta modificación de los límites del paisaje protegido supone un deterioro del valor paisajístico de La Isleta “como fondo escénico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”, por lo que este daño debía reducirse al mínimo y, a su vez, compensarse. Por esta razón el Gobierno de Canarias entendía que “teniendo en cuenta que la presente Ley libera a la extracción mineral de los costes del transporte y genera beneficios por la disponibilidad de usos radicados en terrenos susceptibles de ser cedidos en régimen de concesión, tales ahorros y beneficios, en justa compensación, deben revertir a la comunidad en resarcimiento del perjuicio ambiental derivado de la opción de desarrollo económico escogido”.
El Ejecutivo autonómico estableció por este motivo una tasa ambiental de carácter compensatorio por “la realización de actividades extractivas y las concesiones administrativas en dicha zona” que se debían ingresar en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias. El canon debía ser pagado por la entidad beneficiaria de la extracción minera de manera trimestral “en cuantía equivalente a 100 pesetas [0,601 euros] el metro cúbico de la cantidad de material de cantera basáltica autorizado para extraer en cada período trimestral” y se debía emplear para la “la conservación, gestión y mejora del paisaje protegido de La Isleta y de la zona periférica”.
Desde entonces los trabajos se reiniciaron y la cantera se agotó, aunque en sus proximidades se siguen realizando excavaciones con vistas a una futura urbanización del suelo. Sin embargo, nada se sabe sobre qué ocurrió con este millonario tributo que permitiría mejorar los paisajes de La Isleta, la mayoría de ellos ocupados por los militares. Como explicó este jueves durante las I Jornadas del Espacio Natural Paisaje Protegido de La IsletaI Jornadas del Espacio Natural Paisaje Protegido de La Isleta (que concluyen este viernes en el Museo Elder) el doctor en Geografía Alex Hansen, especializado en los volcanes de La Isleta, la cantera de Roque Ceniciento ha traído también cosas beneficiosas como el hecho de que el gran corte en este terreno permite ver los diferentes estratos geológicos. “La cantera nos ha abierto un cantil que nos permite observar la chimenea de un volcán reciente, lo cual es muy raro ver”, sostiene. No obstante, Hansen es muy crítico con la actividad extractiva de áridos ya que ha consumido terreno, llegando incluso a la desaparición del volcán de La Esfinge debido al desarrollo portuario. El geógrafo apunta que el puerto “es un motor de destrucción de La Isleta que parece no tener límite” y que la descalificación en 1999 ha permitido aumentar las “mordidas” al terreno vulcanológico, creando un corredor al noreste del puerto entre las canteras de La Esfinge -donde hoy en día está la Zona Franca- y Roque Ceniciento para crear un espacio urbano o industrial.
Sobre el impuesto ambiental, Hansen recuerda que existe este compromiso sobre el que comenta que de él nada se sabe, aunque espera que en el futuro las autoridades puedan ponerse de acuerdo para recuperarlo.
La histórica deuda la confirma el Cabildo de Gran Canaria, ya que en una consulta sobre este tema realizada por este periódico este verano la respuesta fue que “no ha recibido ningún importe relativo al canon” y que, por tanto, “no ha podido reinvertir ninguna cantidad en el Paisaje Protegido de La Isleta”. A su parecer, es la Autoridad Portuaria quien tiene la potestad de concesión de la cantera, pero en la última petición formal que realizó al organismo público, en el año 2006, este le respondía que había realizado una consulta al Gobierno de Canarias sobre la forma de liquidar el tributo y hasta que no obtuvieran respuesta a la misma “no podremos proceder a la formalización” de un convenio de colaboración para ceder el dinero. Las cuestiones planteadas a través del Portal de Transparencia al Servicio de Minas de la Dirección General de Industria y Energía sobre este tema no han sido respondidas a este periodista más de tres meses después de haberles hecho.
En esta legislatura el diputado de Podemos Juan Márquez se interesó por este tema y registró una pregunta en el Parlamento de Canarias. Desde la Agencia Tributaria de Canarias le señalaron que el canon se paga mediante el modelo 700 por parte de las empresas beneficiarias, por lo que no es posible tener identificados a los sujetos pasivos para esta tasa, mientras que desde Política Territorial le respondieron que es el Cabildo de Gran Canaria el responsable de controlar el gravamen porque es quien gestiona el Espacio Natural Protegido. También antes de ser vicepresidente Pablo Rodríguez registró una pregunta, pero no le fue contestada. Lo cierto es que conocer el volumen de áridos extraídos es relativamente fácil de calcular ya que bastaría con comparar ortofotos de antes de comenzar la actividad minera con ortofotos de la actualidad.
En una pregunta realizada en 2014 por este periódico sobre este tema a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esta respondió que a su parecer quien se ha beneficiado de la extracción minera es “el contratista que ejecuta las obras y por tanto se beneficia del material que extrae de la zona periférica, ahorrándose entre otros costes, el transporte de dicho material a la obra si hubiese provenido de canteras más alejadas del Puerto” y por tanto que en pliego de condiciones el contratista “conoce esta obligación del canon ambiental”. Eso sí, considera que no le corresponde a ellos “velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista contraídas con otras administraciones, en este caso la Administración Tributaria Canaria”, ni tampoco son los responsables de su incumplimiento. También subrayan que tienen controlado por báscula todos los materiales que van a las distintas obras que proceden de la cantera.
Para la técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria Ana Ramos, encargada del Espacio Protegido de La Isleta, las actuaciones que se podrían hacer con este dinero son numerosas, entre ellos ordenar la “maraña de senderos y pistas” existente en esta zona. “La crisis ha impedido lograr financiación para cualquier cosa”, reconoció este jueves en el Museo Elder, aunque adelantó que ya este año están georeferenciando los distintos caminos.
El Cabildo de Gran Canaria debería reivindicar este incumplimiento. El anterior consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, se interesó por el tema pero no avanzó nada. Uno de los problemas que existe es que la ley de 1999 no está reglada y por tanto no tiene unas normas que especifiquen cómo hacer que esta tasa llegue a cobrarse. Tal vez se solucionaría si la Corporación insular acudiera por la vía judicial para aclarar de una vez por todas quién debe pagar y a cuánto asciende la millonaria deuda.