MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado su competencia para asumir la querella presentada contra los propietarios del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y su socio Gonzalo Pascual por presuntos delitos de fraude fiscal y apropiación indebida de fondos públicos de hasta 300 millones de dólares (209,5 millones de euros) procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de las deudas de Aerolíneas Argentinas.
La Audiencia Nacional rechaza su competencia al considerar que los 106,5 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades que las arca públicas dejaron de ingresar por la operación “no han puesto en situación de grave riesgo a la economía nacional”, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre, al que tuvo acceso Europa Press.
Velasco no investigará al presidente de la patronal, pero devuelve las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid para que siga con las diligencias, después de que el pasado mes de octubre este juzgado remitiera la querella a la Audiencia Nacional al considerar que era el juzgado competente para asumir la causa.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional critica la actitud del juzgado de instrucción por haber estado desarrollando una instrucción “nada menos que durante cinco años” para que finalmente “se considere que en realidad no era el juzgado competente para tal instrucción, una vez que está desarrollada”.
En 2003, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la actuación de Air Comet, propiedad de la empresa turística Marsans, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas Argentinas, tras el proceso de compra, cerrado en octubre de 2001, por el consorcio formado por Air Comet, la SEPI, Spanair y la sociedad Air Plus.
Air Comet habría hecho entonces figurar a su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento, según la denuncia presentada por los miembros del equipo de interventores judiciales del concurso de acreedores de la aerolínea de bandera argentina.
Así, los directivos de Air Comet están imputados por utilizar presuntamente los 209,5 millones de euros aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso y por dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air Comet y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa.
Con esta operación, Air Comet y la sociedad Royal Romana Playa --supuestamente vinculada a Antonio Mata, también imputado-- habrían adquirido el 90% de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas de diciembre de 2002, con la finalidad de controlar la mayoría de los derechos de voto en este concurso, que terminó con una quita del 60% de la deuda “con perjuicio de los restantes acreedores y de los accionistas minoritarios”. Ahora será el Juzgado de Instrucción número 35, quien decida si abrir juicio oral contra los imputados o archivar la causa.