Una sucesión de “extrañas” gestiones y de muy llamativas decisiones que comenzaron a encadenarse durante el mandato de Juan José Cardona (PP) al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas desembocarán este lunes en un consejo de administración que se prevé tormentoso. En el orden del día aparece la concesión de una licencia para el servicio de remolque a favor de una empresa de matriz alemana a la que se piensa permitir operar con exigencias técnicas y de seguridad de 1995 y con un número de remolcadores que no incluye a los puertos de Lanzarote y Fuerteventura.
Las “gestiones extrañas”, en definición de un alto cargo del organismo portuario de la provincia de Las Palmas, tuvieron su inicio en el despacho de la responsable de Operaciones y Servicios Portuarios, Rosario Saa, muy frecuentado los últimos meses por un polémico expresidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnaiz, que actúa abiertamente como representante de Odiel Towage, filial española de reciente creación de la alemana Fairplay. “Es el presidente en la sombra”, dicen algunos operadores portuarios y empleados de la casa, que recuerdan los fuertes vínculos que mantuvo Arnaiz incluso después de su marcha con empleados de su núcleo duro, entre los que se encuentra Rosario Saa.
A la vista del expediente administrativo y de la existencia de correos electrónicos y testimonios de trabajadores y responsables de la Autoridad Portuaria, la jefa de Operaciones y Servicios Portuarios de Las Palmas comenzó abriendo la puerta a Odiel Towage, S.L. desde el mismo momento (31 de julio de 2018) en el que la compañía se acercó por Las Palmas y solicitó una licencia para operar. La alta funcionaria del organismo informó a los representantes de la firma germana de las condiciones que se exigían en 1995, obviando una modificación y ampliación de las exigencias de medios mínimos para la prestación del servicio muy posterior, que aprobó el propio consejo de administración de Puertos en 2004 y que elevaba los estándares incluso por encima de los que se están prestando por el actual concesionario del servicio, Remolcadores y Barcazas de Las Palmas, filial del grupo Boluda, que ha recurrido todo el proceso, de momento sólo administrativamente.
Eran estándares que se acercaban más a las pretensiones de la compañía alemana: desembarcar en Canarias con el despliegue mínimo de cuatro remolcadores, sin atender a las nuevas exigencias del servicio, que entre otras cosas y tras un informe de Marina Mercante de 2016, exige la presencia de nueve buques de este tipo en los puertos de la provincia con unas especiales características y medidas de seguridad, sobre todo potencia y contra incendios. La aplicación de esas prescripciones (nueve remolcadores, varios de ellos en puertos de nula rentabilidad como Los Mármoles y Puerto del Rosario) convertirían en inviable económicamente la licencia condicionada concedida a Odiel, lo que pondría en peligro incluso el cobro de las tasas, como reflejó un informe del departamento económico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que sorprendentemente no aparece en el expediente.
Aún así, en septiembre de 2019, un día antes de que el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, tomara posesión de su cargo en su regreso al organismo, el director de Puertos de Las Palmas, Salvador Capella, firmó una primera licencia de operaciones a favor de Odiel Towage, lo que activó el mecanismo de derechos. Se trataba de una licencia condicionada a que la empresa subsanara una serie de incumplimientos, lo que teóricamente hizo antes de que terminara el plazo impuesto, el 30 de diciembre de 2019. Los incumplimientos que desde el principio presentaba la solicitud iban desde la bandera de los buques -inicialmente polaca- hasta las condiciones de embarque de la tripulación (condiciones laborales), pasando por las medidas de extinción de incendios y anticontaminantes, entre otras.
Sin embargo, la dinámica burocrática de la Autoridad Portuaria hizo que nadie revisara el escrito de subsanación presentado por la solicitante hasta el 13 de enero de 2020, dando por caducada la licencia condicionada por solventar las deficiencias que tenia el expediente presentado por Odiel Towage, teóricamente fuera de plazo.
La reacción de los alemanes fue reclamar ante el organismo portuario, y tras una reunión al más alto nivel, la Abogacía del Estado recomendó una salida de aliño: que Odiel Towage renuncie a su licencia condicionada y solicite una nueva, que habría de ser concedida ya con las deficiencias subsanadas. Tanto la aceptación de la renuncia a la antigua licencia como la concesión de la nueva van en el mismo orden del día del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de este lunes. Y lo que para este organismo es un trámite normal al que se ve obligado “para no incurrir en prevaricacíón”, para la competencia (grupo Boluda), personada en el expediente, es una irregularidad porque habría de tramitarse previamente la nulidad del anterior, con la consiguiente incautación de la fianza, de 173.000 euros.
Boluda argumenta un reciente antecedente en el puerto de Arinaga, también dependiente del organismo, cuando se incautó de una fianza de alrededor de un millón de euros de la empresa canaria Satocan por renunciar a una concesión administrativa.
Los alemanes, por su parte, amenazan con la exigencia de responsabilidades patrimoniales por considerar que cada día que sus cuatro remolcadores están atracados en el Puerto de La Luz, justo delante del edificio de la Autoridad Portuaria, pierde 15.000 euros. La estimación de la indemnización que reclamaría por esa cadena de errores y decisiones irregulares podría acercarse a los tres millones de euros.
En la Autoridad Portuaria restan importancia a la decisión que su presidente, Luis Ibarra, piensa compartir este lunes con su consejo de administración después de haber renunciado a la potestad de decidir en solitario este tipo de concesiones. Argumentan que Odiel no podrá operar muchos meses en La Luz porque ya está a punto de publicarse un nuevo pliego de condiciones para la prestación del servicio de remolcadores que tendrá en cuenta las exigencias que estos dos últimos años ha desoído el mismo organismo de manera incomprensible.