La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este martes posponer el debate sobre la legalidad del puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, hasta que el procedimiento abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias -que ha supuesto la paralización de las obras- termine su curso.
De este modo, la petición presentada por la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla seguirá abierta y podrá ser discutida una vez que el tribunal canario dicte sentencia.
La portavoz de esta asociación, Beatriz González, ha detallado ante el citado órgano parlamentario europeo el “fraude científico” y la “manipulación” que, a su juicio, rodean este proyecto.
De hecho, ha recordado la ecologista, las obras están paralizadas porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la orden de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias que excluía del catálogo de especies amenazadas los sebadales afectados por la construcción del puerto.
González ha añadido que los irreversibles daños medioambientales que provocará esta infraestructura no han sido correctamente evaluados, dado que el Observatorio Medioambiental que analiza este proyecto “no tiene independencia” y “está subordinado al poder político”.
A este respecto, los técnicos comunitarios han alegado que el procedimiento seguido por las autoridades españolas para nombrar al vocal de este Observatorio se ha realizado “de manera adecuada”.
Sin embargo, la portavoz ha criticado también “la falta de rigor y la superficialidad” del informe emitido por la Comisión Europea al respecto.
Por ello, ha instado al Ejecutivo comunitario a que revise su dictamen favorable de 2006 dado que “la información facilitada por las autoridades españolas que sirvieron de base para ese informe es fraudulenta”.
En este sentido, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, ha lamentado el “ridículo espantoso” que ha hecho el Ejecutivo comunitario, ya que, según ha dicho, un juez canario ha sido “más valiente” a la hora de aplicar la legislación comunitaria que la propia Comisión Europea, “acobardada”.
El parlamentario también ha arremetido contra la posibilidad de que la Comisión Europea cofinancie este proyecto mediante el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), un asunto que los técnicos comunitarios no han confirmado porque la solicitud “aún se está instruyendo”, han indicado.
Después de escuchar los argumentos de las partes, la comisión de Peticiones ha decidido dejar la petición abierta y esperar a que el caso abierto se decida en el tribunal canario, si bien ha instado a la Comisión Europea a que siga estudiando este proyecto.
Todavía no ha recibido fondos europeos
Por otro lado, la Comisión Europea aclaró que todavía no ha decidido si concederá fondos comunitarios para la construcción del puerto industrial de Granadilla, aunque el proyecto figura en la lista de obras susceptibles de ser cofinanciadas durante el periodo 2007-2013 y la semana pasada se recibió ya oficialmente en Bruselas una petición de ayudas.
“No se ha otorgado ninguna financiación al puerto de Granadilla en el marco del fondo de cohesión”, dijo un representante del departamento de Política Regional del Ejecutivo comunitario que compareció ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
Explico que Granadilla “figura en la lista indicativa de proyectos susceptibles de recibir cofinanciación” en el periodo 2007-2013. No obstante, antes de recibir los fondos, la Comisión debe autorizar el proyecto de manera individualizada porque se trata de un gran proyecto. La petición oficial de fondos por parte de España llegó la semana pasada y el Ejecutivo comunitario tiene que tramitar ahora el expediente, por lo que no puede “prejuzgarse” que el resultado vaya a ser positivo, según aclaró el alto funcionario.
Al ser preguntado por los carteles colocadas en el lugar del proyecto por las autoridades canarias anunciando que el puerto de Granadilla está cofinanciado con fondos europeos, el representante de la Comisión consideró que “la formulación es un poco excesiva” y “puede inducir a error”, pero dijo que no abrirá ningún expediente porque los Estados miembros están obligados a publicitar el destino, aunque sólo sea probable, de los fondos europeos.