MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, ha valorado que España siempre ha estado en la “vanguardia” de las pruebas de resistencia y ha “dado ejemplo” con su exahustividad, pero ha defendido que el nuevo ejercicio de recapitalización debe llegar hasta “sus últimas consecuencias”. “Si no reparamos el sector financiero con condiciones muy estrictas, no saldremos del atolladero”, ha advertido.
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Altafaj ha incidido que en los “próximos días” se conocerán las nuevas cifras de capital que se exigirán a las entidades, que deben determinar la Autoridad Europea de la Banca (AEB) con supervisores nacionales, así como con la Comisión Europea y los Estados miembros, si bien desde la pasada semana “ya ha habido discusiones”.
El portavoz ha insistido en que lo ocurrido con el banco franco-belga Dexia, que ha necesitado nuevas actuaciones pública pese a haber superado las pruebas de resistencia bancaria europea, demuestra que “hay que ser más exigentes”.
“Es evidente que tenemos que tener en cuenta todos los riesgos, como la exposición a la deuda soberana de países vulnerables, no sólo Grecia, y reparar el sistema financiero de una vez”, ha señalado, advirtiendo de que urge recuperar la confianza del mercado en el sector para que pueda volver a fluir el crédito a familias y empresas en un momento de recuperación “muy débil, que se está frenando incluso”.
ES DIFÍCIL ARBITRAR LOS BONUS
En cualquier caso, ha asegurado que aunque los requisitos “van a ser más exigentes”, no ha cambiado la estrategia, de forma que las entidades deberían captar el capital en los mercados, y si no se consigue actuarían los Estados, una fase en la que el FROB español hace “un trabajo muy importante”. Sólo en última instancia se recurriría al fondo de rescate europeo.
Respecto a la prohibición de bonus y dividendos en las entidades rescatadas, Altafaj ha incidido en que se trata de “una cuestión de justicia social” y ha asegurado que es un asunto en el que la Comisión Europea es “muy inflexible”. No obstante, ha admitido que existe un “marco legal” de contratos privados que prevén estas retribuciones y que resultan “muy difíciles de arbitrar”.