Los siete cabildos promoverán ante el Parlamento de Canarias una proposición de ley para conseguir que el Gobierno de la comunidad autónoma cobre menos a las administraciones locales por recaudar los impuestos del REF, ya que estiman que cada año están pagando unos 20 millones de más.
En una decisión adoptada por unanimidad, los cabildos ha acordado llevar a sus respectivos plenos esta medida, para que cada uno presente después al Parlamento la misma propuesta de reforma de la Ley 9/2003 de Medidas Tributarias y Financiación de las Haciendas Locales de Canarias.
Como portavoz de turno del Federación Canaria de Islas (Fecai), el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha explicado que en esa reforma legislativa demandarán que ayuntamientos y corporaciones insulares no paguen a la Agencia Tributaria de Canarias gastos de recaudación por encima del coste real de ese servicio.
Ese organismo autonómico recauda para todas las administraciones de Canarias los tributos del REF, que luego reparte a sus respectivos titulares una vez descontados los gastos de gestión.
Según Morales, la Fecai calcula que los cabildos y ayuntamientos están pagando cada año costes de recaudación que superan en unos 20 millones de euros a lo que en realidad vale ese servicio.
Como indicio de esa situación, resaltan que aproximadamente se detrae a ayuntamientos y cabildos unos 54 millones de euros de la recaudación que les correspondería con el argumento de que eso es lo que cuesta realizar ese servicio, mientras que el presupuesto anual de gastos de la Agencia Tributaria Canaria solo es de 38 millones.
“Se trata de alrededor de 20 millones anuales que no se destinan a la mejora de la Agencia Tributaria Canaria, lo que redundaría en una mejor percepción de tributos, sino que se quedan en el Gobierno, cuando entendemos que es un recurso de los ayuntamientos y cabildos”, ha apuntado.
Morales ha recordado que esta es una cuestión que los cabildos han planteado reiteradamente a la comunidad autónoma, sin que hasta ahora se haya atendido su petición.
A su juicio, resolver este asunto es “de enorme importancia para el futuro económico de las corporaciones locales de Canarias”.