La comunidad autónoma de Canarias es la única de todo el estado español que obvia la certificación de calidad de los centros de formación que imparten cursos subvencionados con dinero público. Hasta el año pasado, esta certificación de calidad no sólo era impresindible a la hora de optar a a la adjudicación de los cursos del Servicio Canario de Empleo (SCE), sino que además suponía el 10% de la puntuación que recibía el centro que pretendía impartir alguna de las ofertas formativas. En la convocatoria de 2009, sin embargo, el Gobierno canario ha obviado este criterio, dejándolo de valorar a la hora baremar a los distintos centros.
Muchos son los requisitos que debe reunir un centro para poder impartir alguno de los cursos para desempleados otorgados por el SCE y cofinanciados con los fondos del Estado y del Fondo Social Europeo. Desde la experiencia acreditada en la impartición de dichos cursos, hasta el compromiso de prácticas no laborales en empresas, pasando por la programación por parte del centro de una especialidad complementaria junto con el curso. Todos estos requisitos están valorados de diferente manera a la hora de puntuar a un determinado centro en el concurso de adjudicación de cursos formativos.
Entre todos estos criterios, también se encuentra el referido a la calidad de los centros y acciones formativas, un apartado que se subdivide en aspectos administrativos y de gestión, aspectos técnicos-metodológicos, valoración de alumnos, valoración de profesores, certificado de accesibilidad para discapacitados y, hasta el año pasado, certificado de calidad expedido por alguna entidad reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Este certificado de calidad, que -como ya se ha dicho- hasta la convocatoria de 2008 era prácticamente obligado para los centros privados, tiene un coste de 3.000 euros anuales (el primer año que se solicita y, después, cada tres años cuando se renueva la certificación) y otros 1.000 euros anuales (cada año que pasa entre renovación y renovación).
Salvador García Carrillo, presidente de la Asociación Canaria de Centros de Formación (Acacef), critica el hecho de que desde la Subdirección General de Formación del SCE se halla tomado esta decisión “con premeditación y alevosía” con el único objetivo de “beneficiar a los centros públicos de formación”, así como a “algunos sindicatos y organizaciones empresariales” que se también imparten cursos y a los que no se les exige esta certificación de calidad.
El presidente de Acacef considera que, con esta decisión, desde el SCE se está haciendo un flaco favor a la oferta formativa para los desempleados de Canarias, toda vez que en el resto de comunidades autónomas esta certificación de calidad se puntúa con una media del 11% (sorprenden regiones como Navarra, que otorga un 50% de la puntuación total).
Por otro lado, García Carrillo también denuncia el hecho de que en la convocatoria de 2009 se halla reducido a la mitad la valoración del certificado de accesibilidad para discapacitados -de un 5% a un 2,8%-. Una acreditación que asegura que se han eliminado todas las barreras que imposibiliten a las personas con algún tipo de discapacidad el acceso a los diferentes lugares del centro y, por tanto, a la formación.
El SCE no se pronuncia al respecto
Por su parte, el Servicio Canario de Empleo no ha querido dar a CANARIAS AHORA ningún tipo de explicación respecto al tema denunciado desde Acacef, alegando que la decisión de eliminar la valoración del certificado de calidad ha sido tomada desde el Departamento de Intervención del Gobierno de Canarias.