La pandemia popularizó entre las administraciones la contratación por la vía de emergencia y tres años después del estallido del coronavirus, ninguna otra comunidad autónoma continúa empleando tanto esta fórmula de adjudicación como Canarias. Los datos del propio Gobierno regional y de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) detallan que el Archipiélago formalizó contratos de este tipo en 2022 por 90 millones de euros, por encima de regiones como Murcia (79,28 millones), Castilla-La Mancha (50,97) y Extremadura (44,1), las siguientes en la clasificación.
La cifra previsiblemente está incompleta, porque recoge lo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), donde no todas las consejerías o delegaciones transparentan las licitaciones o por lo menos no en su debido tiempo. Aun así, sirve para ilustrar una tendencia generalizada en las Islas a raíz de la crisis de la COVID y, también, la erupción del volcán de La Palma.
Los contratos de emergencia son un procedimiento excepcional únicamente permitido cuando las instituciones deben actuar a causa de “acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, según recoge la legislación española. Son contrataciones a dedo en las que se eluden los principios básicos de concurrencia, igualdad y discriminación y pueden formalizarse con una simple llamada. Además, carecen de transparencia y los controles para su fiscalización son escasos, como ha quedado constatado este último año con sonadas tramas de corrupción.
En España, de los 419,7 millones de euros adjudicados por emergencia en 2022, si tenemos en cuenta tanto al sector público autonómico como al local, el 28% fue adjudicado en Canarias. Gran parte de ese dinero, más de la mitad, está relacionado con actuaciones vinculadas todavía a la protección contra el coronavirus. Pero otra cuantía importante tiene que ver con las medidas de reconstrucción en La Palma tras la erupción volcánica, especialmente la recogida de ceniza, construcción de viviendas modulares para los afectados y planes de empleo para la población local.
Por departamentos, la consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico es responsable del 51,26% de los contratos adjudicados, unos 46 millones de euros. Le siguen el Instituto Canario de la Vivienda (9,1 millones), la cartera de Obras Públicas, Transportes y Vivienda (8,8 millones), la Dirección del Servicio Canario de Salud (7,1 millones) y la consejería delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (6,7 millones). Las empresas adjudicatarias que más se beneficiaron son Satocan, con licitaciones presupuestadas en 20,2 millones de euros, Terra Obra Civil (14,9 millones), Sacyr Construcción (14 millones), Cedan Jobs (5 millones) y Megalab (4,7 millones).
Otras compañías, sin embargo, no recibieron tanto dinero, pero sí acumularon la mayoría de las licitaciones. Cruz Roja fue contratada hasta en 13 ocasiones con acuerdos que alcanzan los 370.000 euros para el servicio de asistencia y manutención de personas socialmente vulnerables afectadas por la crisis sanitaria. La mercantil Contactel Teleservicios fue adjudicataria de nueve contratos (720.000 euros), principalmente para el refuerzo del teléfono de atención 012. Y Jemanil Investments, con ocho adjudicaciones (2 millones de euros), monopolizó los servicios de vigilancia y alojamiento de migrantes contagiados asintomáticos. Esta sociedad no había contratado con el sector público desde su creación en 2018, pero entre 2021 y 2022 ha ganado 5,84 millones en contratos con las instituciones gubernamentales, de acuerdo con el portal Infocif.
Un análisis detallado de los expedientes revela que los acuerdos más cuantiosos, de unos 14 millones de euros, tuvieron como objeto la ejecución de obras en distintos centros sanitarios de la comunidad, como el Hospital Dr. José Molina Orosa, en Lanzarote, el Hospital Universitario de La Candelaria, en Tenerife, y el Hospital Juan Carlos I, en Gran Canaria, para atender “enfermedades emergentes” que nada tienen que ver con la COVID.
Por otro lado, el Ejecutivo regional también externalizó tanto el servicio de realización de pruebas diagnósticas para controlar la expansión del virus (a principios de 2022, el Archipiélago sufría los estragos de la variante ómicron, una de las más contagiosas) como el control de acceso en los aeropuertos canarios. En ambos casos, la administración confió casi de forma exclusiva en las empresas Megalab, con dos adjudicaciones por valor de 4,7 millones de euros, y Mitie Facilites Services, con cuatro dedazos, todos ellos en un corto periodo de tiempo, por cerca de 680.000 euros.
La alta presencia de adjudicaciones ligadas a la pandemia se debe a un retraso por parte de las consejerías de publicar los expedientes en la plataforma de contratación. La OIReScon recopila la información difundida por las autonomías en sus respectivos portales web, que utilizan, por lo menos en el caso de Canarias, la fecha de publicación en la PCSP y no la de ejecución. Por eso en la base de datos del Ejecutivo autonómico figura el acuerdo con la empresa Clece para el servicio de limpieza de la residencia tinerfeña Hogar Santa Rita por 125.000 euros, cuyo plazo de realización fue entre diciembre de 2020 y enero de 2021, pero fue publicado en noviembre de 2022, casi dos años más tarde.
Esto no es nuevo, por muy mal que esté. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a todos los departamentos a publicar las adjudicaciones en un plazo de 15 días, sin importar el tipo de procedimiento. Pero a lo largo de la crisis del coronavirus ha sido la norma publicitar los expedientes por encima de esa fecha límite, tal y como informó la Fundación CIVIO. La oficina de supervisión de los contratos ha criticado en varios informes sobre transparencia este retraso, así como la cuestionable motivación de emergencia en algunos expedientes.
Porque lo cierto es que una tramitación tan extraordinaria que solo puede utilizarse ante acontecimientos también excepcionales no debería responder a eventos rutinarios o de relativa urgencia. Durante los meses más duros de la COVID estaba justificado comprar mascarillas y test lo más rápido posible. Sin embargo, muchas administraciones aprovecharon el contexto para colar adjudicaciones que, de primeras, no parecen responder a ese precepto, algo que ha seguido ocurriendo en 2022.
En agosto de 2017, el Complejo Ambiental de La Dehesa, en El Hierro, sufrió un incendio que provocó “graves daños” en la lámina de impermeabilización entre las dos celdas de vertidos. El Cabildo insular contrató a finales de 2018 a la empresa pública Gesplan para encargarse, entre otras cosas, de la reparación de dicha obra. Pero los trabajos no se iniciaron hasta el mes de septiembre de 2021, en los que se detectó que las llamas habían afectado el fondo de la segunda celda. La compañía pidió que se declarara el procedimiento de emergencia y la corporación insular accedió. Había que darse prisa ahora, casi un lustro después del incendio, porque “se desconoce el alcance exacto del daño” y “hay que garantizar la adecuada gestión de los residuos”. La mercantil Excavaciones Benítez Garcés se llevó dos contratos por poco más de 140.000 euros para realizar parte de las labores demandadas.
La Palma tras el volcán y la sombra de la corrupción
La reconstrucción en La Palma después de la erupción también está protagonizada por las contrataciones de emergencia. El Gobierno de Ángel Víctor Torres destinó a la entidad societaria Cedan Jobs cinco millones de euros para la adquisición de 85 viviendas prefabricadas y 1,6 millones a Modular Vivendi-Atlántida Sunny Days para el montaje de 30 domicilios, también prefabricados. Para la recogida y limpieza de ceniza, la comunidad contrató principalmente a la compañía Agrotec Proyectos y Servicios, por importe de 274.000 euros, al particular José Alexis Afonso Plasencia (179.000 euros) y a Sadell Construcciones y Reformas (166.000).
De las 337 tramitaciones de emergencia publicadas por el Gobierno autonómico en la web de datos abiertos, 154 recogen en la descripción a La Palma, un 45,69% del total. El Parlamento de Canarias aprobó en febrero del año pasado una proposición no de ley que pedía la declaración de emergencia en materia de contratación en la isla para así acelerar las adjudicaciones. En la cámara, tan solo el diputado Francisco Déniz, del grupo Sí Podemos Canarias, presentó alegaciones a la iniciativa, recordando “la sombra” de algún que otro fraude asociado a este tipo de procedimientos. Por aquel entonces, aún no había estallado el caso Mascarillas canario.
“Este decreto que se está planteando, máxime en estos tiempos, cuando la sombra de algún hermano que se aprovechó de contrataciones a dedo [haciendo referencia al hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien cobró una comisión de 234.000 euros por la compra de mascarillas] no lo tenemos suficientemente claro. No podemos permitir que lo que debería ser excepcional se convierta en la norma”, dijo Déniz.
A partir de entonces, ecologistas y políticos han denunciado el “oportunismo” de algunas instituciones públicas palmeras para sacar adelante proyectos polémicos, como la conocida carretera de la costa, en Tazacorte, una obra de emergencia de 38 millones que podría afectar a propiedades de 70 familias y otras infraestructuras viarias. El colectivo Centinela-Ecologistas en Acción ha reclamado que se están tomando decisiones “sin evaluar los costes económicos y ambientales y sin la participación ciudadana”. “No podemos dar facilidades a la corrupción”, remachó la organización.
La Unión Europea, la ONU y la OCDE han coincidido en señalar la contratación pública como riesgo número uno de corrupción para los gobiernos. El año pasado, la Audiencia de Cuentas de Canarias detectó múltiples irregularidades en la adquisición de material sanitario por parte del Ejecutivo regional en los primeros meses de la pandemia. Y de hecho recomendó adoptar “medidas oportunas” en el Sistema económico financiero y logístico de las Islas (SEFLOGIC) para “mejorar el control de los pagos de los pedidos”.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, ha ido publicando distintos informes a lo largo de estos años en los que también destaca la presencia de prácticas ilícitas en toda España durante la crisis, aunque de forma excepcional. El mismo órgano reprochó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no promoviera en supuestos puntuales la concurrencia de ofertas, lo que provocó cierta “concentración de adjudicatarios”. Los análisis de los órganos fiscalizadores han reflejado, en definitiva, “las debilidades del proceso de contratación pública en el ejercicio de la función de supervisión”, según apunta la Estrategia Nacional de Contratación Pública aprobada a finales de 2022, que deberían empezar a subsanarse con mayor transparencia, oficinas y planes antifraude y protección para los informantes de corrupción. En Canarias, el volumen de recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACP) prácticamente se ha multiplicado por seis en el último lustro, pasando de 50 en 2015 a 289 en 2021.