El Gobierno de Canarias ha encargado la implantación de un nuevo sistema de lucha contra el fraude fiscal en la comunidad autónoma a PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las cuatro grandes auditoras- consultoras privadas del mundo, el denominado big four que completan KPMG, Deloitte y Ernst & Young. La Agencia Tributaria Canaria adjudicó el servicio el pasado 31 de julio por un montante de 2,65 millones de euros, apenas 50.000 euros menos del presupuesto de licitación de un concurso al que también concurrió KPMG, que presentó una oferta económica mucho más baja (1,95 millones), pero con una puntuación notablemente inferior en el resto de criterios. El contrato de “consultoría estratégica para la implantación (análisis, diseño, desarrollo e implementación) de un nuevo sistema de lucha contra el fraude tributario” es de dos años prorrogables por un tercero.
Al igual que el resto de las sociedades del big four, PwC elabora la estrategia fiscal de grandes multinacionales y diseña mecanismos para que estas corporaciones paguen menos impuestos. Así quedó de manifiesto con la publicación, en 2014, de los papeles de Luxemburgo, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, con la participación de El Confidencial, que desveló acuerdos secretos con las autoridades tributarias del país centroeuropeo que permitieron a 376 grandes empresas desviar sus beneficios hacia el Gran Ducado para eludir el pago de impuestos en los países donde operaban y ahorrarse así millones de euros. La mayor parte de ellas, más de 300, había recibido asesoramiento de PricewaterhouseCoopers, desde donde se filtraron los documentos que dieron origen al denominado Luxleaks.
Si bien la fórmula utilizada, denominada tax rules, es legal en Luxemburgo, la Unión Europea decidió abrir expediente al gobierno las empresas que habían rubricado esos acuerdos, al existir dudas sobre su encaje en la normativa de mercado comunitaria. Incluso el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo durante la época en la que se idearon estos mecanismos éticamente reprobables para favorecer a las multinacionales, acabó reconociendo que había habido un “exceso de ingeniería fiscal”.
El nombre de PwC, la adjudicataria del Gobierno de Canarias para la implantación de un sistema de lucha contra el fraude fiscal, también aparece en otros escándalos tributarios. En 2016, la antigua cúpula de la consultora alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que cuatro exsocios pagaron 37 millones de euros para evitar el ingreso en prisión por delitos fiscales. Se enfrentaban a condenas de hasta 14 años y 10 meses de cárcel.
La última denuncia pública sobre las actuaciones de PwC y el resto de las consultoras-auditoras del big four la ha formulado el Observatorio Empresarial Europeo (Corporate Europe Observatory), una fundación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas dedicada al control de los grupos de presión en la Unión Europea. El pasado mes de julio publicó, con la participación de Attac España (Asociación por la tasación de las transacciones financieras y por la acción ciudadana), el estudio Auditar para influir, que denuncia la integración de las cuatro grandes consultoras en la toma de decisiones políticas de la Unión Europea en materia de elusión fiscal. “Están omnipresentes en los procesos políticos de la UE para combatir la elusión del impuesto de sociedades a pesar de sus intereses creados”, recoge un informe que analiza la inclusión de estas firmas en asociaciones de lobbies y el fenómeno de las puertas giratorias entre el sector público y el privado.
Carlos Cruzado, presidente del sindicato español de técnicos de Hacienda Gestha, se muestra crítico con la privatización del servicio de lucha contra el fraude fiscal de la Agencia Tributaria Canaria. “Son compañías que sabemos que trabajan ayudando en la planificación fiscal, muchas veces agresiva, de las grandes empresas. No es de recibo que este tipo de servicios (el de la lucha contra el fraude tributario) se privatice y que, además, lo presten compañías que, como mínimo, están bajo sospecha”. Cruzado es partidario de que sea la administración pública, con sus propios instrumentos y con un refuerzo de efectivos, quien elabore los planes de control.
“En los papeles de Luxemburgo y en otros casos, PricewaterhouseCoopers y otras consultoras aparecen como asesores de grandes empresas que, al margen de que hayan cometido o no ilegalidades, desde luego no están contribuyendo a que las economías occidentales tengan los recursos suficientes (...) No vemos con buenos ojos que se privatice un servicio esencial y que finalmente pueda ser prestado por firmas que colaboran con grandes empresas en cuestiones no ya de evasión, sino de elusión fiscal”, redunda el representante de los técnicos del Ministerio de Hacienda sobre el contrato concedido por el Gobierno de Canarias a PwC el último día de julio.
Para José Alfonso García, presidente de la Asociación Davide en defensa del contribuyente, la adjudicación a PricewaterhouseCoopers genera un evidente conflicto de intereses. “¿Cómo va a diseñar un sistema que puede poner en aprietos a sus propios clientes? ¿Dónde está la independencia de quien va a crear una herramienta que detecte el fraude?”, se pregunta. Este asesor fiscal recuerda que las grandes consultoras y despachos privados están inmersos en procedimientos judiciales por delitos tributarios y , a su vez, inciden en la confección del modelo fiscal europeo. García sostiene que existen alternativas al modelo aprobado por el Gobierno de Canarias y que una de ellas podría ser la creación de un “equipo multidisciplinar” procedente del ámbito universitario.
El presidente de Davide aboga por “poner más inspectores en la calle” para combatir el fraude y fijar incentivos a la productividad de los funcionarios, siempre que “no sean perversos, que estén muy controlados y sean transparentes”. En opinión de García, estos incentivos no deberían estar asociados a las cifras descubiertas en las inspecciones o a las sanciones impuestas, con la finalidad de “evitar abusos de la administración” con el contribuyente, sino que tendrían que articularse sobre otros indicadores, como la cantidad y calidad de los expedientes tramitados. Además plantea la creación de un “consejo paritario de defensa del contribuyente”, formado por miembros del sector público y profesionales externos de reconocida solvencia, con un plazo de actividad reducido, de dos o tres años, y capacidad ejecutiva, que batalle contra “las malas prácticas de la administración”, y un consejo regional de Transparencia y Buen Gobierno, a semejanza del estatal, para facilitar el acceso a los datos e información pública.
Los pliegos
Las prescripciones técnicas del concurso de la Agencia Tributaria Canaria para la implantación de un nuevo sistema de lucha contra el fraude fiscal exigen a los licitadores (PwC y KPMG) un equipo mínimo de once trabajadores, formado por un director de proyecto, un especialista fiscal, un arquitecto especialista en SAS (herramienta informática utilizada por Hacienda), dos consultores SAS y una división de “desarrollo de productos analíticos” con dos consultores de Tecnología de la Información, dos técnicos de la misma rama y dos analistas de datos.
Las bases fijan tres líneas de actuación. La primera alude al “tratamiento integral de la lucha contra el fraude fiscal”, que comprende la detección, la alerta ante conductas sospechosas, la planificación estratégica o el control y seguimiento de resultados. La segunda se refiere a la “redefinición de procesos” y en ella se enmarca el conjunto de soluciones informáticas de apoyo a todas las funciones que desarrolle. La tercera, por su parte, versa sobre la prevención y planificación de campañas de concienciación social y el estímulo de la colaboración ciudadana y de la “educación cívico-tributaria”.
Cuando se convocó el concurso, en agosto de 2017, el Gobierno de Canarias defendió la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude tributario con recursos externos debido a “la escasez de medios” en la Agencia Tributaria de las Islas.
El Ejecutivo regional mantiene en vigor al menos otro contrato con PwC, el de gestión de proyectos y promoción de la internacionalización de la economía canaria. En este caso se presentó con la división Landwell Pricewaterhousecoopers en Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a la consultora canaria GBL Investrategic. Se trata de un contrato que da continuidad a uno anterior de 1,8 millones de euros y que tiene como objetivo captar inversores para el Archipiélago a través de la “estrategia operativa de internacionalización” redactada por esta UTE para el periodo 2016-2020.