Canarias no repartirá los 193 millones que ahorra en la suspensión del IGTE a través del Régimen Económico y Fiscal

El ministro de Industria José Manuel Soria (d) y el de Hacienda, Cristóbal Montoro (2º por la izq.), junto al consejero de Economía del Gobierno Canario, Pedro Ortega (i) y al presidente canario, Fernando Clavijo (c).

Macame Mesa

Las Palmas de Gran Canaria —

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este lunes que el reparto del Impuesto General del Tráfico de Empresas (IGTE) no se realizará según el Régimen Económico y Fiscal (REF) al no formar parte de este instrumento fiscal, sino de la Comunidad Autónoma, que será quien decida cómo se destinarán los fondos.

Clavijo no ahondó en la forma en que se repartirá el IGTE – que ha causado debate entre los distintos organismos del Archipiélago, como la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la de islas (Fecai) y, especialmente, el Cabildo de Gran Canaria - y señaló su voluntad de “seguir transitando el camino del diálogo y el consenso” en una rueda de prensa posterior a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias, relativa a las compensaciones derivadas de la supresión del impuesto, a la que acudió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La Comisión ha acordado elevar a los órganos competentes en el proceso de aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómico la supresión definitiva de la compensación del IGTE al Gobierno central. Según el documento firmado este lunes, el Ejecutivo central acuerda que a partir de 2016 Canarias no estará obligada a computar el impuesto a favor del Estado.

Durante su comparecencia Clavijo señaló que Canarias contará con 193 millones de euros más que estarán “disponibles en el Presupuesto de 2016” y que podrán “ser extensivos a lo largo del tiempo”.

Al respecto, explicó que a partir de enero del próximo año quedará suspendida la obligación de devolver 160 millones de euros al Estado que ya se encontraban presupuestados “pudiendo también incorporarlos como recursos a nuestras cuentas”. A lo que el presidente sumó 33,7 millones anuales que las islas deberán de abonar a partir de 2017 al Ejecutivo central, como parte de la compensación de 270 millones de euros que suponen la liquidación definitiva para los ejercicios comprendidos en el periodo 1993-2007.

Dicha cantidad, explicó Clavijo, quedará reflejada en las cuentas de 2016 como gasto y certificada como inversión, ya que, según el acuerdo, la Comunidad Autónoma no está obligada a abonar mensualidades en el ejercicio de 2016. El resto de compensaciones que se realizarán a partir de 2017 a razón de 33,7 millones anuales hasta la total cancelación de la deuda se abonarán “en una compensación cruzada, nosotros tenemos la obligación de devolverlo, pero el Estado nos lo devuelve en inversión en los capítulos 6 y 7”. Es decir, que “el Estado nos lo detrae y nos lo ingresa, con un carácter finalista, que es el de la inversión”.

A expensas del nuevo Gobierno

Entre los apartados del acuerdo queda reflejado que la suspensión definitiva de la compensación anual del IGTE establecido por la Comisión celebrada este lunes deberá esperar a un nuevo marco legal o la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, que quedará en manos del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales que se celebrarán el próximo mes de diciembre.

Preguntado al respecto, Montoro garantizó que “salga quien salga de estas elecciones, no será capaz de revertir este acuerdo, porque supongo que se encargarán de mantenerlo, obviamente, los que estén en estos ámbitos de gobierno”. “Obviamente tenemos que dar amparo de ley, tenemos que sujetarla al nuevo sistema de financiación autonómica, es una decisión muy importante, pero es un primer paso”, apostilló.

Para el presidente canario, la firma de este lunes supone un acuerdo histórico tras 22 años de reivindicación que “no ha sido fácil, porque la voluntad política estaba, pero al final tiene que plasmarse en expedientes administrativos”. Considera que la misma “disipa varias dudas” en referencia a la eventualidad del acuerdo, a que los recursos corresponden a la Comunidad Autónoma, y a que el destino de los mismos corresponderá a la voluntad del Gobierno central y el regional, que los orientarán a “los servicios públicos esenciales para el crecimiento económico y la generación de empleo”. Motivo por el que dijo tender la mano a las distintas administraciones para que “Canarias crezca”.

El ministro de Hacienda afirmó que la Comisión deriva en una normalización de las relaciones financieras entre el Gobierno central y las comunidades autónomas y señaló la voluntad del Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy de evitar compensaciones si con ello se consigue fortalecer a las islas.

Montoro hizo hincapié en la lealtad institucional mantenida con Clavijo e hizo un repaso por lo que considera méritos en la presente legislatura que en diciembre llegará a su fin, como “promover el mejor REF” para Canarias y la ampliación de la ZEC, instrumentos que definió como “cada vez más poderosos”. 

Canarias ha recibido en esta legislatura más de 5.000 millones de euros gracias a los mecanismos de financiación promovidos por la administración estatal, aseveró.

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