El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha asumido las demandas planteadas por Canarias en los últimos meses, especialmente la referida a la devolución el próximo año de las cantidades ingresadas de más en concepto de financiación autonómica del ejercicio 2020, con lo que la autonomía evita el abono de entre 430 y 450 millones de euros, según ha explicado el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.
El Gobierno central realiza unos anticipos en concepto de financiación autonómica que se liquidan a los dos años. Si en la fase de liquidación se determina, en función de la evolución de la economía, que las cantidades transferidas han sido superiores a las que correspondían realmente, las autonomías tienen que devolver lo cobrado de más.
Con el acuerdo alcanzado ante las dificultades derivadas de la pandemia de la COVID, el Estado ha decidido no reclamar la devolución de las cantidades. De hecho, ha acordado un incremento de un 6% de las cantidades a cuenta que distribuirá -también al margen del ciclo económico- para el año 2022. Y para Canarias supondrá una transferencia extra en torno a 170 millones de euros respecto al año en curso.
El también vicepresidente del Ejecutivo regional, que participó telemáticamente en el Consejo, ha destacado al finalizar la reunión que Canarias ha alcanzado los objetivos que se había marcado en los últimos meses en materia de política financiera y que los acuerdos alcanzados despejan el camino para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año.
Reparto por población del Fondo COVID
Rodríguez también ha resaltado la distribución este año de los 13.486 millones de euros del Fondo COVID entre las comunidades autónomas bajo el criterio de población ajustada, reclamación que había planteado el Gobierno de Canarias según remarca en un comunicado. Esto permitirá a las Islas captar unos 600 millones de euros y afrontar las necesidades sobrevenidas en los servicios públicos fundamentales, especialmente en sanidad y educación.
El vicepresidente ha señalado que este criterio de reparto se impuso al que defendían “algunas comunidades autónomas ricas, el PIB, lo que para Canarias habría supuesto un perjuicio de más de 150 millones de euros”.
Del mismo modo, durante el Consejo se ha informado del mantenimiento en 2022 de la suspensión de las reglas fiscales y, aunque se establecen unas tasas de referencia, no son obligatorias, “lo cual constituye también una buena noticia para la confección de los Presupuestos y el blindaje de los servicios públicos”, ha dicho Rodríguez.
Otro de los asuntos abordados fue el establecimiento el próximo año en todo el Estado de un impuesto ambiental al depósito de residuos en vertederos y a la incineración. Las comunidades autónomas recibirán la recaudación obtenida en sus propios territorios.
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