Canarias y Baleares recibirán una partida especial de 2.000 millones de euros para paliar el impacto de la COVID-19 en el sector turístico

El Gobierno de España ha aprobado este viernes el paquete de ayudas públicas de 11.000 millones de euros para el sector turístico, la hostelería y el comercio en un Consejo de Ministros extraordinario. Una partida que incluye 7.000 millones de euros de apoyo a autónomos y pymes para el pago de gastos fijos y las deudas con proveedores. Además, Canarias y Baleares recibirán un fondo especial de 2.000 millones de euros por el impacto que la crisis provocada por la COVID-19 ha tenido sobre el turismo. Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado extender hasta final de año las moratorias concursales para proporcionar a la economía ''un marco que permita primar la continuación e la actividad empresarial''.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según la vicepresidenta, en los próximos meses la recuperación sufrirá una ralentización. ''Vienen semanas difíciles'', aseveró. A pesar de ello, Calviño asegura que las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales apuntan a una ''aceleración de la actividad'' a partir de la segunda mitad de 2021. Un ''crecimiento significativo que continuará también en 2022“.

Este paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo central pretende ''proteger el tejido productivo y prevenir un impacto negativo de la crisis en las finanzas públicas'', así como “adelantarse a las dificultades de solvencia'' que pueden experimentar las empresas por la duración de la pandemia. También recoge un fondo de 1.000 millones de euros para la recapitalización de las empresas afectadas por la recesión. Para acceder a estas ayudas las empresas deberán continuar con su actividad hasta junio de 2022 y no podrán aumentar el salario de los cargos directivos ni repartir dividendos.

El fondo de recapitalización para medianas empresas pretende reforzar los balances de aquellas entidades que en diciembre de 2019 eran solventes pero que ahora enfrentan problemas por la crisis. Esta partida, dotada con 1.000 millones de euros, será gestionada por Cofides. Las ayudas se prestarán en forma de préstamos ordinarios, participativos, instrumentos financieros y capital. Asimismo, se beneficiarán de esta prestación las entidades que no puedan acceder a las ayudas del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de 10.000 millones, gestionado por Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tal y como ha recogido Europa Press.

María Jesús Montero ha adelantado que las Comunidades Autónomas recibirán la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de un mes y diez días, después de que se publique la orden que establece la cantidad que corresponde a cada región. Los criterios para la asignación de los fondos son el impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad, en el desempleo y en el desempleo juvenil, de acuerdo con los datos de diciembre de 2020.

Las pymes y autónomos de cien actividades económicas distintas podrán acogerse a estas herramientas. Entre ellas, la industria manufacturera, la hostelería, el comercio, el comercio al por mayor, los sectores auxiliares al transporte, el mantenimiento aeronáutico y las actividades culturales y deportivas.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos sostiene que las ayudas compensarán el 40% de la caída de ingresos de las micropymes y los autónomos, y el 20% del desplome de las demás empresas. Los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros. El resto de autónomos y empresas obtendrán entre 4.000 y 200.000 euros. En Canarias y Baleares, estas cantidades podrán subir siempre que se mantengan dentro de los límites de ayudas del Estado establecidos por Bruselas, matizó Europa Press.

La Agencia Tributaria será la encargada de determinar si las empresas solicitantes cumplen con los criterios exigidos para acceder a estas ayudas y de informar a las autonomías. La ministra de Hacienda ha anunciado que para este propósito se pondrá a disposición de las comunidades una plataforma.

Por su parte, Calviño ha recordado que 136.000 trabajadores en España están sujetos a ERTE, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Esto muestra la gran utilidad del instrumento para evitar una destrucción de empleo intensa que se hubiera producido si se hubieran repetido los modelos de las crisis anteriores'', apuntó la vicepresidenta.