Canarias se mantiene expectante ante las decisiones del Gobierno central en materia económica y financiera. Entre las reivindicaciones que desde la primera semana del estado de alarma realizó el presidente regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), destaca que se permita por parte del Estado la utilización del superávit y que además pueda ser gestionado por las propias corporaciones insulares y municipales. Se trata de una decisión en la que es determinante la postura de Bruselas, ya que ejerce control sobre el déficit de España. El correspondiente a la comunidad autónoma del año pasado se sitúa en unos 300 millones de euros, a lo que se suman los 4.500 que cifran los 88 ayuntamientos de las Islas. Sin embargo, estas partidas no serán suficientes ante la crisis económica que ya empieza a hacer estragos. Pese a que se trata de una demanda que se continúa defendiendo desde el Gobierno de Canarias también lo es la de permitir endeudarse a largo plazo, ya que durante los próximos meses se producirá una bajada de la recaudación fiscal, entre otras cuestiones, porque se ha permitido desde el Ejecutivo el aplazamiento de los tributos a los contribuyentes.
Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno central ante el impacto que está generando el estado de alarma ha sido la de permitir a los ayuntamientos el uso de un 20% del superávit para “gasto social”. Sin embargo, se trata de una iniciativa, que aunque desde la Federación Canaria de Municipios (FECAM) ven positiva, sí que añaden que no todos los ayuntamientos se pueden acoger a ella ya que está sujeta a una serie de condiciones de acuerdo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no todos pueden cumplir: si tienen obligaciones pendientes con respecto al ejercicio anterior o aún no han realizado los debidos pagos a proveedores, por ejemplo. Por ello, solicitan una mayor flexibilización en este sentido, además de que se pueda utilizar el 100% de este dinero.
Hay una serie de ayuntamientos de Canarias que además siguen sometidos a planes de ajuste que comenzaron entre 2012 y 2014 para poder hacer frente a los problemas que generó la crisis económica de 2008. Según el último listado publicado por el Ministerio de Hacienda, de finales de 2019, son 17 los ayuntamientos que no han finalizado este plan, aunque en general muestran una tendencia favorable en su cumplimiento. Uno de los más afectados en los últimos años ha sido Telde, el cuarto en población de Canarias (102.647 habitantes, según el Instituto Canario de Estadística ISTAC). Con una tasa de paro del 29%, es uno de los municipios de España donde más golpea la pobreza. La ciudad está sometida desde 2012 a un duro plan de ajuste desde que fue devastada por la corrupción en 2005 y 2006 (casos Faycán y Grupo Europa, entre otros del periodo de gobierno PP-Ciuca) y la crisis de 2008, aunque este año conseguía situar su deuda en 20 millones y sus gobernantes (pacto entre Coalición Canaria, Nueva Canarias y Más por Telde) eran optimistas en reducir la deuda a cero este año.
El alcalde de Telde, Héctor Suárez (CC), admite que al estar sometido a este plan de ajuste, el ayuntamiento no dispone de superávit en los bancos ya que lo ha utilizado para amortizar la deuda bancaria: de 154 millones de euros, ha pasado a 20. No obstante, sí cree “firmemente” en que hay que dejar a las administraciones locales utilizar el superávit y los remanentes de tesorería del año 2019, para evitar su endeudamiento. “Aunque entiendo que la caída de ingresos es tal que apostaría por las dos posibilidades y así, minimizar el endeudamiento y que no suponga poner en riesgo ningún servicio público, empleo público o recorte de ningún tipo”, apunta.
La necesidad de utilizar el superávit también ha sido reclamada por los siete cabildos para hacer frente a la situación de crisis económica y social sobrevenida por la crisis sanitaria. Uno de los más insistentes ha sido el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que cree que se trata de unas partidas por las que es necesario luchar.
La diputada Ana Oramas (CC) y el diputado Pedro Quevedo (NC) han defendido esta semana desde la tribuna la necesidad de que el Ejecutivo central libere el superávit de la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos. Ambos coincidieron en dibujar un panorama nada alentador para el Archipiélago, a lo que Pedro Sánchez subrayó que ya está debatiendo el uso del superávit y que, de momento, se ha permitido el uso del 20% para servicios sociales. No obstante, insistió en que una medida fundamental será el ingreso mínimo vital.
Igual de incisivo sobre el uso del superávit se ha mantenido Ciudadanos en Canarias. La diputada Vidina Espino ha insistido estos días en que se libren esos 300 millones de euros de la comunidad autónoma. Mientras, el PP solicita un plan de choque para la reconstrucción de la comunidad autónoma “que priorice a las personas y los servicios públicos”. A la vez que las formaciones políticas se enzarzan cada día en una guerra por el uso de estas partidas, el Gobierno aguarda también las decisiones de la Unión Europea en esta materia, y determinante para saber cuáles son las normas de estabilidad presupuestaria a las que los países se enfrentarán en los próximos años.
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