La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) trasladó hoy al grupo parlamentario socialista su preocupación sobre la situación económica y pidió al Ejecutivo canario, la oposición y los sindicatos que “remen en la misma dirección” o “lo vamos a pasar mal”.
Así lo manifestó hoy el presidente de la CCE, Sebastián Sánchez Grisaleña, con motivo de la reunión que celebró con el grupo parlamentario del PSC-PSOE para abordar la “muy preocupante” situación económica del archipiélago, que tratará de nuevo mañana con el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero.
Desde la CCE se considera que se deben aplicar medidas de tipo fiscal y dirigidas a la creación de empleo de inmediato, porque la situación cada vez va a peor, y se reclama sobre todo incrementar la inversión pública para compensar la caída de la inversión privada.
Sánchez recordó que la CCE ha presentado un paquete de medidas al Gobierno regional, muchas de las cuales han sido incluidas en su plan de choque para reactivar la economía de las islas, pero señaló que “todas son pocas” y que es necesario seguir aportando ideas, y que además deben contar con el apoyo del PSOE.
La situación es compleja y las perspectivas no son buenas, manifestó Grisaleña, quien informó de que la CCE analizará el próximo lunes el proyecto de ley de reforma de las directrices del Turismo y el próximo martes se reunirá la junta directiva “porque estamos realmente preocupados”, insistió.
El gobierno central también deberá aportar medidas al igual que el regional, si bien reconoció que tampoco tienen ninguna “varita mágica”.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Blas Trujillo, señaló que la situación económica es “más grave” de lo que se creía y apuntó que la reforma de la ley de directrices del Turismo puede ayudar o no a paliar la recesión, aunque afirmó que los planes del Gobierno regional “no ayudan a mejorar la situación”.
En este sentido, calificó de “anormal” la reciente aprobación de la ley para la creación de la Policía Canaria, que precisará de una inversión de 17 millones de euros, y se discuta destinar dos millones de euros al consorcio para reactivar la zona turística del sur de Gran Canaria.
En cuanto a la reforma de la ley de directrices, criticó la urgencia con la que pretende actuar el Gobierno después de emplear dos años para su modificación.
Además dudó de su efectividad, pues según Trujillo no ayuda a resolver problemas como los de la isla Lanzarote por la planta alojativa que reúne fuera del marco legal, si no que genera “un problema mayor”.
Se trata de una ley “muy compleja” y es “insólito” que el Gobierno, que ha tardado dos años en revisarla, ahora de quince días a los cabildos para que la analicen, abundó Trujillo.