El Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha criticado este martes el céntimo verde a los combustibles, propuesto por la Federación Canaria de Islas (Fecai), ya que lo consideran un “nuevo atraco al bolsillo” de los ciudadanos que, afirma, junto a las empresas del Archipiélago “ya soportan una excesiva presión fiscal”.
En este sentido, recuerda que el Gobierno canario subió el tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 5 al 7% en el año 2012 “e incrementó además el impuesto sobre el combustible”.
Al respecto, recuerda que los canarios estaban “exentos” de dicho impuesto hasta que en 1986 el Gobierno regional comenzó a recaudar. Además, señala que Canarias registra actualmente “el precio de carburantes, antes de impuestos, más alto de España y de la eurozona, según los datos de la Cámara de Comercio de Gran Canaria”, según informó el Círculo de Empresarios en nota de prensa.
Además, señalan que el Gobierno canario “escudándose en el techo de gasto impuesto, ha descartado devolver los tipos del IGIC a los niveles previos a 2012” a pesar de que la recaudación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) acumulada “ya está en niveles anteriores a la crisis”.
Por ello, consideran que aplicar nuevos impuestos a las gasolinas, “maquillados con el apellido verde, solo restaría todavía más poder adquisitivo” a los canarios para sufragar lo que han calificado de “despilfarro” de la Administración.
Asimismo, creen “otro despropósito” la propuesta de algunos partidos de introducir una tasa turística en Canarias, al considerar que en ambos casos el objetivo “es el mismo: exprimir al ciudadano (o al turista) para alimentar un hipertrofiado aparato administrativo”.
Por último, aconsejan a los políticos que si lo que persiguen es obtener recursos para financiar políticas relacionadas con la biodiversidad, con la recuperación de suelos “erosionados” o para el tratamiento de aguas deben optar por “acometer el necesario adelgazamiento de la Administración, abandonando una costosísima burocracia que solo detrae recursos que tendrían un mejor uso en el bolsillo de los ciudadanos”.