“A primera vista” parece que “podría existir una posible discriminación directa contra los ciudadanos de otros Estados Miembros de la Unión Europea (UE) y no sólo contra los españoles de otras regiones”, considera, en declaraciones a ACN Press, la Comisión Europea en relación con el Plan de Empleo de 2008 a 2013 para fomentar la contratación de residentes en Canarias adoptado esta semana por el Ejecutivo Autonómico.
Una discriminación que “contradice el artículo 39EC y la regulación 1612/68/EEC sobre la libertad de movimiento de trabajadores (en particular los artículos 4 y 7 párrafo 3 de esta normativa)”, especifican los servicios del Ejecutivo comunitario.
No obstante, las fuentes de la Comisión Europea aclaran que “aún no” han recibido por los cauces oficiales el “plan de empleo” canario por lo que no pueden definir una postura definitiva ya que no conocen todos los detalles del mismo.
Mismas condiciones para todos los trabajadores europeos
La normativa 1612/68/EEC que regula la libertad de movimiento de trabajadores afirma en su artículo 4.1 que: “las disposiciones fijadas por las leyes, las regulaciones o acciones administrativas de los Estados Miembros que limitan mediante el número o el porcentaje el empleo de ciudadanos extranjeros en cualquier empresa, rama de actividad o región, o en un nivel nacional, no se aplicarán a los nacionales de otros Estados miembros”.
De este modo, Bruselas responde a la posibilidad de establecer un porcentaje de empleabilidad para residentes en los convenios de formación para nuevos contratos con grandes empresas y organizaciones.
Por su parte, el artículo 7.3 de esta misma normativa estipula que un trabajador nacional de un socio europeo que se encuentra en el territorio de otro Estado miembro “tendría, en virtud del mismo derecho y en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales, acceso a la formación en escuelas técnicas y al reciclaje de centros”.
En este contexto, los “estudiantes de otros países socios de la Unión Europea empleados o en formación por empresas en las Islas Canarias deberían ser tratados con igualdad” lo que incluye el “acceso a la formación profesional y el pago de los gastos de la seguridad social”, indica la Comisión Europea en referencia a las medidas para fomentar la contratación de los estudiantes canarios y de los residentes en las Islas desde hace al menos 3 años.
“Si los ciudadanos de otro Estado Miembro que residen en las Islas Canarias no son elegibles para beneficiarse” de este tipo de medidas, “concluimos que nos encontramos ante una discriminación directa basada en la nacionalidad”, aseguran los servicios comunitarios.