El ministro de Fomento, José Blanco, anunció este martes que cada comunidad autónoma contará con un “comité aeroportuario” para coordinar las políticas urbanísticas y de ordenación territorial, así como un comité de desarrollo de rutas aéreas, con el objeto de mejorar la “eficiencia” de las instalaciones con una mayor vinculación con su entorno territorial.
En su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Blanco explicó que el nuevo modelo de gestión aeroportuaria parte con el objetivo de potenciar la “eficiencia y rentabilidad” del sistema, para lo que creará una nueva sociedad mercantil estatal segregada de AENA, denominada Aena Aeropuertos S.A., con competencias de gestión de la red aeroportuaria de los 47 aeropuertos de AENA, y con una participación de no más del 30% del capital privado.
La nueva sociedad tendrá competencias sobre la gestión de los servicios aeroportuarios -salvo los propios de la navegación aérea o que correspondan a otros entes estatales, como Aduanas-, así como la gestión de mantenimiento de las infraestructuras y la gestión de los bienes de dominios públicos o patrimoniales, incluyendo “todos los servicios comerciales”.
Asimismo, confirmó que se crearán sociedades filiales de Aena S.A. para la gestión “singularizada” de aeropuertos con alto volumen de viajeros y especial complejidad en la gestión, “siempre que resulte viable económicamente”, si bien no precisó cuáles entran en esta categoría.
Aunque la sociedad matriz, Aena S.A., será la titular del capital social, manteniendo la adscripción del patrimonio y la deuda, se dará entrada en los consejos de administración a comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercio.
“Mayoría cualificada”
Si bien el de la sociedad estatal será del 51%, será necesario una “mayoría cualificada” para acordar las decisiones, que son las mismas que Aena S.A. en el resto de aeropuertos, incluyendo la aprobación de precios privados y las propuestas de tasas y precios públicos de los servicios.
En este sentido, Blanco precisó que las tasas se limitarán a las contraprestaciones por uso de dominio público aeroportuario adscrito a AENA -es decir, al campo de vuelo-, que será la encargada de recaudarlas, mientras que las prestaciones patrimoniales públicas serán las abonadas por servicios obligatorios a usuarios, como salida de pasajero y seguridad. El resto de servicios y actividades serán los considerados “precios privados”.
Asimismo, Blanco incidió en que se modificará la definición de aeropuerto de interés general para desligarla de la prestación de vuelos internacionales, de forma que no sea un requisito para la conexión con otros países, siempre que dispongan de las infraestructuras y equipamientos adecuados para ello.
Por otro lado, Blanco presentó a los diputados un resumen de las cuentas desagregadas de los 47 aeropuertos de AENA y su previsión de resultados para 2010. Dicho documento revela que los aeropuertos españoles cerraron 2009 sumando pérdidas operativas (antes de impuestos) imputables de 432,97 millones de euros, 300 millones de euros para Madrid-Barajas, frente a 42 millones de Barcelona-El Prat).
Pero en 2010, estas pérdidas operativas se dispararán hasta los 597,7 millones de euros, de los que 311 millones corresponden a Barajas, mientras que El Prat triplicará sus pérdidas operativas hasta los 145,13 millones de euros.