La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, Heidy Arocha, valoró la reforma del REF y la futura RIC en sí misma como un texto que “castiga” de manera especial al sector inmobiliario por las “severas limitaciones de la reforma”.
Arocha cree que el sector inmobiliario “se verá brutalmente afectado por los recortes de los beneficios fiscales propuestos por el Gobierno de Canarias al Estado”.
Asimismo, culpó a las corporaciones locales de la “inadecuada gestión del suelo de la que se deriva la problemática en Canarias” y cree que las “medidas severas impuestas ” son infundadas y sin pruebas.
“El sector inmobiliario debe ser cuidado y alimentarlo porque a pesar de los beneficios obtenidos en años anteriores, no está garantizado el futuro y van a verse afectados numerosos puestos de trabajos, y el que la inversión huya de este sector diversificándose a otros sectores con los que obtengan beneficios fiscales”, argumentó Arocha.
Para la presidenta de la AECP, ve correcto que el Gobierno imponga medidas para frenar la especulación del suelo, pero estima “desmedido centrar o imputar este hecho al uso de la RIC en el sector inmobiliario, con el que han ido demasiado lejos”.
Los constructores no confían en las nuevas medidas para frenar la especulación urbanística, pues ya existe el precedente del resto del territorio español, y auguran que el precio del suelo no va a bajar, a no ser que las corporaciones locales “realicen una buena gestión del mismo”.
Las nuevas medidas contraerán la actividad inmobiliaria en cuanto a la adquisición de suelo, únicamente destinado a viviendas de protección oficial; actividades industriales; y a uso turístico comercial para rehabilitar zonas comerciales en declive. Del mismo modo, afecta al arrendamiento de bienes inmuebles de viviendas de protección oficial, locales comerciales en zonas de declive turístico y adquiridos por empresas turísticas destinadas al arrendamiento para una producción industrial.