La sequía crediticia y el frenazo del consumo mantienen asfixiadas al 80% de las pequeñas y medianas empresas en Canarias, según se concluyó en la última reunión de la comisión de pymes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, en donde además se puso de manifiesto la escasa eficacia de las medidas aprobadas por el Gobierno para favorecer la liquidez de las empresas, según un comunicado de esta entidad.
Según el presidente de la Comisión y vicepresidente de la Cámara, Luis de Miguel Bartolomé, “la provisión de 150 millones de euros de crédito para las pymes aprobada por el Ejecutivo estatal no está llegando a las empresas porque las condiciones de acceso son excesivamente restrictivas, por lo que, en la práctica, no está siendo de utilidad”.
La comisión de pymes de la Cámara puso sobre la mesa que en estos momentos más del 80% de las microempresas de las Islas sigue teniendo dificultades para acceder al crédito y, por lo tanto, problemas de liquidez, “lo que está reduciendo aún más la capacidad de maniobra de unos negocios que han experimentado una espectacular caída de las ventas y de los que dependen la mayoría de los puestos de trabajo que todavía han podido sobrevivir a las dentelladas de la crisis”.
En este sentido, Luis de Miguel Bartolomé recordó que las pymes son el principal generador de puestos de trabajo en las islas, ya que representan más del 90% del tejido empresarial del archipiélago, “por lo que es necesario que se adopten medidas urgentes y eficaces que desatasquen el crédito y mejoren su posicionamiento en un mercado cada vez más complejo”.
Sobre este punto, la Comisión abordó la necesidad de poner en marcha medidas que reduzcan la presión fiscal que están sufriendo las pymes, tanto a través del Impuesto de Sociedades, como en determinadas tasas e impuestos locales. Además, en la reunión se acordó pedir al Gobierno de Canarias que despeje totalmente las dudas que existen en torno al Proyecto de Ley de Comercio, clarificando si el texto definitivo ha suprimido la deslegalización de la materia de horarios, mediante la que se pretendía que el Gobierno por simple Decreto pudiera aumentar los horarios y la fijación del número de domingos y festivos exentos cuando quisiera, “como así se comprometió el director general de Comercio, Arturo Cabrera, en su reunión con la Cámara”.
En este sentido, la Comisión de pymes planteó la creación de una disposición transitoria en la Ley que cubra el período entre su aprobación y la de los distintos Planes Territoriales, en la que se prime el criterio territorial y medioambiental a la hora de autorizar nuevos establecimientos comerciales, “de manera que exista la seguridad jurídica suficiente para que no se paralicen las inversiones y la actividad económica, además de establecer un ratio o porcentaje máximo para la construcción de grandes superficies comerciales por municipio”, tal y como indicó Luis de Miguel Bartolomé.
Plan de competitividad
Además de resolver lo problemas de liquidez de las pymes y de despejar las incertidumbres que planean sobre la actividad comercial, la Comisión puso sobre la mesa la necesidad de desarrollar un Plan Integral de Mejora de Competitividad de las pymes. Según Luis de Miguel Bartolomé, este programa de acciones debería incluir medidas específicas que favorezcan la tecnificación, especialización y formación en las Pymes, así como la constitución de zonas comerciales autónomas capaces de funcionar como un consorcio o sociedad mixta.
A su juicio, para mejorar la competitividad de los negocios, las pymes necesitan una infraestructura que las hagan accesibles a los consumidores. En este sentido, la Comisión señaló la necesidad impulsar la creación de aparcamientos en los grandes espacios comerciales abiertos de los distintos núcleos municipales de la provincia, así como la de simplificar la compleja estructura administrativa que dificulta la gestión cotidiana a las empresas.
Entre las medidas para mejorar el posicionamiento de las pymes canarias en el mercado, la Comisión también trató la importancia de poner en marcha planes de cooperación empresarial en materia de adquisición de productos y servicios que permitan la habilitación de Centrales de Compra y alianzas empresariales.