El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez detuvo la semana pasada a cinco ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM, integrada hoy en el Banco Sabadell) dentro de la operación Mar Nuestro, acusados de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, administración fraudulenta y apropiación indebida. Estos directivos habrían ideado un plan junto con dos empresarios de Benidorm a los que dieron créditos por más de cien millones para comprar hoteles y terrenos en México y el Caribe, operando mediante una sociedad pantalla alojada en Curacao (Antillas Holandesas) para escapar al control del fisco español.
Los empresarios, a los que se acusa de defraudar a Hacienda más de 30 millones de euros, se encuentran fuera de España pero están en busca y captura. Se trata de Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, promotores y propietarios del hotel más polémico de Lanzarote, el Papagayo Arena, de Playa Blanca (Yaiza), que pertenece a la cadena Sandos, la misma que los hoteles comprados con el dinero de la CAM, y que también gestiona el Hotel San Blas en Tenerife, entre otros.
Ferri y Baldó eran socios de la entidad bancaria a través de la sociedad Valfensal, a la que le concedían los créditos y que hacía, a su vez, las inversiones a través de una sociedad pantalla de Curacao, Jacksonport, que acababa transfiriendo los beneficios a Seabreeze, otra sociedad de Ferri y Baldó. De este modo, la CAM no obtenía ningún beneficio a través de su participación en Valfensal.
Este complejo entramado societario no era nuevo en la manera de hacer negocios de Ferri y Baldó. Basta con ver la estructura de la propiedad del Hotel Papagayo Arena, que consiguió la licencia urbanística en 1998 a través de la sociedad Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia, en la que figura como administrador único Ángel Gómez Navarro, pero cuyo accionariado está repartido en seis sociedades: dos de ellas radicadas precisamente en los Países Bajos (Industrial Waste Management e Interbuilding Investment) y cuatro más (Stonework, Nuevos Proyectos Hoteleros Lanzarote, Promociones Amadorio y Hoteles Costa Mar) que tienen como administradores o accionistas, excepto esta última, a los dos empresarios alicantinos, y tienen participaciones o están participadas entre ellas mismas. Nueva Valencia transmitió su licencia a Papagayo Arena SRL, que también es de los mismos accionistas.
Polémica desde su inicio
El hotel, de cuatro estrellas, enclavado en la Playa de Afe y en el límite del Monumento Natural de Los Ajaches junto a las conocidas playas de Papagayo, estuvo marcado por la polémica desde el principio. Se llegaron a paralizar las obras de construcción por orden de la Dirección General de Costas porque invadían una parte del dominio público pero se levantó la orden y continuaron hasta construir 747 plazas, que se venden en régimen de todo incluido.
La licencia está anulada por los tribunales, como otras 26 en la isla, por iniciativa del Cabildo y la Fundación César Manrique que impugnaron en los tribunales muchas de las licencias que otorgó el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes (que perteneció a Coalición Canaria y al Partido Nacionalista de Lanzarote) por considerar que no cumplían con los requisitos del Plan Insular de 1991 o la Moratoria del año 2000, aprobada para intentar ralentizar el crecimiento. Reyes concedió esa licencia sólo tres días después de que entrara la solicitud en el Ayuntamiento, y lo hizo sin estar avalada por un informe jurídico municipal.
El hotel, además, incumple la normativa del Plan Insular, la de la Moratoria, la de su propio plan parcial y la autorización turística. Supera el número máximo de plazas que se podían aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más e invade una zona verde y un pasillo de acceso a la playa. En resumen: lo que se aprobó no se podía aprobar, pero es que además lo que se construyó no se parece en nada a lo que se aprobó.
Expropiación inconclusa
En el año 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública que debía culminar en la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero el proceso no se terminó.
Como representante de los promotores para conseguir los permisos municipales ejerció José Francisco Riquelme, que fue alcalde de la localidad alicantina de Villajoyosa por el PSOE entre 1979 y 1987. Reyes, el ex alcalde de Yaiza para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por conceder decenas de licencias ilegales y al que acusa de prevaricación, cohecho, malversación y blanqueo de capitales nombró a Riquelme y a otros tres empresarios, tras ser detenido en el año 2010 (por segunda vez), como uno de los que le había entregado dinero a cambio de agilizar licencias. Riquelme declaró en septiembre de 2010 como imputado y negó los hechos, y posteriormente Reyes se desdijo.
La Fiscalía acabó por pedir el archivo de las actuaciones contra todos los empresarios nombrados por el exalcalde. El juicio por esta trama conocida como Operación Yate probablemente se celebre el año que viene y están acusados varios trabajadores municipales, algunos empresarios considerados testaferros de Reyes, el propio ex alcalde, su mujer y tres de sus hijos.
La Policía Nacional, tras una investigación, concluyó que Reyes se había enriquecido en al menos 700.000 euros de los que no ha podido justificar su procedencia.