Canarias quiere que del nuevo sistema de financiación autonómica se excluyan los recursos del REF y se prime la solidaridad interregional frente a la corresponsabilidad fiscal, pero “todo está sujeto a debate” y hay voces que piden no sólo más autonomía financiera para cada región, sino que se integre la totalidad del REF en el modelo financiero.
“Hay formas más perjudiciales que la actual de considerarlo”, advirtió el experto Arturo Melián en referencia a la vigente integración parcial de los recursos del REF en el sistema.
Arturo Melián, representante del Gobierno de Canarias en la comisión de expertos a la que ha encomendado el ejecutivo central el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica, compareció en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias junto al viceconsejero de Hacienda y Planificación, Luis Padilla.
Precisamente, la exclusión total de la recaudación de los recursos del REF del sistema de financiación autonómica es una reivindicación común de las fuerzas políticas canarias, que consideran que el objetivo de esa recaudación es compensar el coste de la lejanía y la insularidad y no financiar los servicios públicos esenciales.
Melián indicó que uno de los debates esenciales entre las comunidades será la importancia que se le da a los principios de solidaridad y equilibrio interregional frente a los principios de corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera, ya que los unos van en detrimento de los otros.
Las regiones con más Producto Interior Bruto por habitante serán partidarias de que la financiación de cada comunidad esté más relacionada con los tributos generados en cada región, con lo que Canarias, al tener un PIB inferior y un sistema basado en el diferencial fiscal, saldría perjudicada.
Otro punto determinante en las negociaciones para el nuevo modelo será cómo se miden las necesidades de financiación, porque en función de los parámetros que se consideren las implicaciones son “importantísimas”, indicó Melián a los parlamentarios.
Actualmente, Canarias cuenta con el criterio de insularidad entre esos parámetros, para compensar los mayores costes económicos derivados de su situación geográfica, pero otras comunidades también defienden sus propios criterios, apuntó.
El problema común a todas las comunidades es que el volumen total de recursos a repartir para la financiación autonómica da solamente para cubrir el coste medio de los servicios públicos esenciales, es decir, sanidad, educación y políticas sociales, pero no para el resto de competencias transferidas, como justicia o parques nacionales.
“Todas estas cuestiones están sujetas a debate y todas pueden afectar a la financiación futura de Canarias”, subrayó el experto.
El viceconsejero de Hacienda y Planificación, Luis Padilla, hizo un repaso del vigente sistema de financiación, que se aprobó en 2009 y debería haberse renovado en 2014, y que ha dejado a Canarias como la comunidad “peor financiada en el periodo”, afirmó.
“La financiación homogénea per cápita ajustada es menos de 300 euros, lo que supone 700 millones de euros menos en relación al promedio y 1.860 millones de euros menos en comparación con Cantabria, la mejor financiada”, agregó.
Uno de los grandes inconvenientes que Canarias se propone corregir en el futuro modelo es que en el reparto del fondo de competitividad del sistema vigente se tienen en cuenta los recursos del REF, lo que ha supuesto un detrimento en financiación de 450 millones de euros, según el viceconsejero.
El REF está concebido para promover el desarrollo económico y social de Canarias, no para financiar los servicios públicos, así como para “vigorizar” la capacidad financiera de las administraciones públicas canarias, no para nutrir el sistema de financiación autonómico, explicó.
Por lo tanto, “no debe mezclarse un recurso destinado a compensar la ultraperificidad con los recursos del sistema destinados a financiar los servicios públicos fundamentales”, insistió.
En la negociación, además de la exclusión total del REF, Canarias defenderá contar con una financiación homogénea al menos en la media del resto de comunidades, un fondo específico de convergencia económica y social basado en criterios de paro, pobreza y PIB per cápita y que se cumplan que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios públicos vivan donde vivan.
En cuanto a si se contabilizarán en el sistema de financiación los fondos del extinto IGTE, que se han destinado a proyectos del Fondo de desarrollo de Canarias (Fdcan) y no a los servicios públicos esenciales, “es una incógnita que se abre en este proceso en marcha”, dijo Padilla.