MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones acudirán a declarar los próximos 18 y 19 de octubre ante la Audiencia Nacional, que les ha citado como imputados por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible por su gestión de la compañía.
Según aseguró a Europa Press José María Ruiz-Mateos Rivero, la familia defenderá que “jamás ha habido ánimo de estafa ni intención de engaño”, que las emisiones de pagarés se realizaron “bajo la legalidad” y que los fondos captados por esta vía se destinaron “100% a las empresas”.
Ruiz-Mateos volvió a atribuir la crisis de Nueva Rumasa al contexto económico y a la restricción del crédito por parte de los bancos, “especialmente” del Santander, factores que, según sostuvo, llevaron a la práctica totalidad de sus empresas a entrar en suspensión de pagos.
La familia ha vendido, según aseveró, “el grupo completo” a sociedades del empresario Ángel de Cabo, aunque sólo ha trascendido la escritura correspondiente a 19 empresas. No obstante, recalcó que mantienen su “compromiso con los inversores para que todo el mundo cobre”.
En concreto, el juez Pablo Ruz ha convocado el próximo martes al patriarca de la familia, a su mujer, y a sus hijos Zoilo y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero. Al día siguiente están citados los otros cuatro hijos varones de Ruiz-Mateos y su sobrino Zoilo Pazos Jiménez.
La causa cuenta ya con una decena de acusaciones particulares en representación de más de 250 inversores en pagarés de Nueva Rumasa, que se suman a la formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
TREINTA MILLONES DE FIANZA.
Dado el progresivo aumento de acusaciones, el juez decidió aumentar de 13 millones de euros a 30 millones de euros la fianza solicitada a la familia Ruiz-Mateos para cubrir las posibles pérdidas de los inversores. Por el momento, los imputados no han depositado el dinero, por lo que el juez podría dictar su ingreso en prisión tras tomarles declaración, según fuentes jurídicas.
El pasado mes de junio, Ruz admitió a trámite la querella presentada por el despacho malagueño Martínez-Echevarría contra Nueva Rumasa. El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011, cifra que podría alcanzar los 5.000.
Las pesquisas realizadas por Anticorrupción han estado encaminadas a seguir el rastro del dinero de los inversores presuntamente desviado por los Ruiz-Mateos a paraísos fiscales como Belice o las Antillas Holandesas.
Los Juzgados Mercantiles ya apartaron a los Ruiz-Mateos de la gestión de Grupo Dhul, Clesa, Cacaolat, Carcesa, Cavas Hill, Cárnica Oliventina, Hibramer, Elgorriaga y los hoteles de Hotasa en Baleares, todas ellas en concurso de acreedores.
El pasado 9 de septiembre, Ruiz-Mateos anunció la venta de Nueva Rumasa a la sociedad Back in Business, propiedad del último dueño de Marsans, el empresario Ángel de Cabo. Los afectados piden que se investigue la operación, ya que la venta de cualquier activo de las empresas en concurso podría suponer un delito de alzamiento de bienes.
Hasta la venta, los Ruiz-Mateos aún mantenían las facultades de administración de las bodegas de Cádiz (Zoilo Ruiz-Mateos), Unión de Grandes Bodegas, Bodegas Valdivia de Cádiz, Bodegas Teresa Rivero y Complejo Bodeguero Bellavista, de Rioja (Marqués de Campo Nuble) y de Toro (Marques de Olivara), así como en Helados Dhul y en Chocolates Trapa.