MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de entidades de crédito, de bancos, cajas de ahorros y cooperativas, podrá comprar deuda pública a partir de ahora, en virtud de la autorización concedida por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Expertos consultados por Europa Press explicaron que esta autorización permitirá al FGD obtener rendimientos en este mercado de renta fija sin necesidad de que un intermediario participe en la operativa.
Tras el informe favorable del Banco de España y de la norma que delega competencias en la dirección general del Tesoro, el fondo de garantía de depósitos único cuenta ya con la condición de titular de cuenta en el mercado de deuda pública de anotaciones.
El FGD fruto de la fusión de los tres anteriores solo podrá invertir su patrimonio no comprometido en un mercado lo suficientemente amplio y profundo para no tener pérdidas en el momento en que deba vender las obligaciones adquiridas para hacer frente a hipotéticos pagos.
El Gobierno fusionó el pasado mes de octubre los fondos de garantía de depósitos existentes en uno solo para que absorba las eventuales pérdidas futuras que podrían registrarse en el sector financiero, con el fin último de que el contribuyente no asuma la carga ni se aumente el déficit.
Este FGD, que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, va a proveer al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ante las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de reestructuración.
El FGD compatibiliza esta función con la de garantizar los ahorros de los españoles a razón de 100.000 euros por depositante y entidad financiera. El fondo cuenta con un patrimonio neto de unos 6.600 millones de euros y recibirá aportaciones anuales por importe de 850 millones, según los cálculos del Gobierno.
La oportunidad de la medida se justifica porque el Gobierno percibe la posibilidad de que la reestructuración genere pérdidas tras la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), lo que podría tener efectos sobre el déficit público.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha reconocido que la inyección de 2.800 millones de euros públicos en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para reforzar su solvencia podría no recuperarse. La caja alicantina, intervenida por el supervisor el pasado mes de julio, está en proceso de adjudicación.