El exgerente de Canal Gestión Lanzarote Gerardo Díaz tenía asignado un sueldo que superaba en 60.000 euros al año al del director general de su propia empresa matriz, la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, Adrián Martín López de las Huertas. El sueldo de Díaz en el año 2015 era de 178.470 euros anuales, según el contrato de alta dirección que firmó dos años antes cuando se constituyó la empresa y empezó a operar en el ciclo integral del agua en la isla. El de Adrián Martín era de 119.356. Los sueldos aparecen en el Informe de la fiscalización integral del Grupo Canal de Isabel II de los ejercicios entre 2008 y 2015 elaborado por la Cámara de Cuentas de Madrid.
Los dos altos cargos ya no ocupan esos puestos. Ambos fueron detenidos por dos casos de corrupción diferentes. Díaz fue detenido en febrero de 2015 por la Operación Tosca, que investigaba irregularidades en la gestión de otra filial, Hispanagua, que operaba en Melilla, cuando este alto cargo estaba al frente de esa empresa. El otro, el director general de la compañía, fue detenido dentro de la operación Lezo, en la que también fue detenido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por las gestiones en la compra de empresas en Colombia y en Brasil. Por su parte, el gerente que sustituyó a Díaz, en octubre de 2015, David González, tiene un sueldo de 115.571, que es más bajo pero también supera a otros altos cargos de la empresa matriz, como el del director general técnico, que cobra 108.980 euros.
Los sueldos podían ser aún mayores, ya que se preveía una retribución variable de un 15% en el primer contrato sobre dicha retribución bruta anual, ampliable en otro 15%, mientras que en el que lo sustituyó en 2015, la retribución variable era del 18%, ampliable a otro 7% más. El del director general tenía unos incentivos del 8,5 sobre el salario bruto y del 20% por el cumplimiento de los objetivos.
Según revela el informe, para llevar a cabo esos dos contratos de alta dirección en Canal Gestión Lanzarote no se cumplieron los requisitos necesarios para poder firmarlos, ya que es obligatorio solicitar un informe “preceptivo y vinculante” de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, “aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa”. Dice el informe que en ambos contratos no constan “los preceptivos informes previos de la Comunidad de Madrid”.
Venta y pérdidas
La Comunidad de Madrid ya adjudicó, el pasado mes de julio, el contrato de consultoría para el proceso sobre la venta de acciones, participaciones y otros activos de sus filiales, tanto en América como en Cáceres y en Lanzarote. Ese contrato se ha adjudicado a Banco Santander por algo más de 900.000 euros y un tiempo máximo de 16 meses, por lo que en noviembre del año que viene se conocerá cuál es la decisión de la Comunidad de Madrid sobre el futuro de Canal Gestión Lanzarote. Madrid ha establecido un Plan estratégico por el que se compromete a limitar sus actuaciones al ámbito geográfico de esa comunidad en un plazo que no superaría el año 2030.
Por otra parte, según las cuentas de 2017 de Canal Gestión Lanzarote, la empresa perdió en ese periodo 1,5 millones de euros. Desde su constitución ya ha perdido, según sus propias cuentas, 16,5 millones: en 2013 perdió 2,3 millones, más de cinco el segundo y el tercer año y en 2016 otros 2,2 millones. La previsión es que en 2020 empezaría a dar beneficios y calculan que en 2043 tendrían un beneficio anual de 24 millones de euros. Canal ya ha abonado los 50 millones de euros de deuda de Inalsa más 54 millones en inversiones, a los que hay que sumar los 16,5 millones en pérdidas hasta ahora.
El accionista único de Canal Gestión Lanzarote, que es la empresa Canal Gestión S.A., concedió a esta empresa un crédito por un importe máximo de 100 millones de euros para llevar a cabo las inversiones previstas. En junio de 2016 ese crédito se elevó a 123. El tipo porcentual que se aplicaba a ese crédito es del Euribor a 1 año más el cinco por ciento. El 5 de diciembre de 2013 se realizó una primera adenda sobre los intereses pactados, estableciendo un tipo de interés adicional del 0,5 por ciento del beneficio después de impuestos, sin tener en cuenta la contabilización del gasto diferido derivado del propio interés del crédito.