El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha diversas medidas para atajar la actual crisis económica relativas a la fiscalidad, los precios, el mercado de trabajo, la inversión pública y el gasto público, afirmó este jueves el presidente canario, Paulino Rivero.
El Ejecutivo, por ejemplo, ha elaborado un proyecto de ley de medidas fiscales para aumentar el consumo privado y la renta disponible, con modificaciones que afectan al Impuesto sobre Combustibles y al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dijo Rivero durante una intervención en el Foro Cinco Días celebrado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto a los combustibles, se introducirá un sistema de devolución del 7,5% impuesto del gasóleo profesional, medida con especial incidencia en el sector agrícola y pesquero, y en el transporte terrestre de viajeros y mercancías, cuyos costes directos se han incrementado por el encarecimiento del petróleo.
Ese porcentaje aumentará hasta llegar al 30% al final de la legislatura, recordó Rivero.
Respecto al tramo autonómico del IRPF, se permitirá una deducción por incremento de los intereses hipotecarios de la que se beneficiará casi el 90% de los contribuyentes, o sea, a quienes tienen un nivel de renta inferior a los 30.000 euros anuales.
El Gobierno canario trata también de contener los precios con mecanismos de seguimiento de su evolución, además de incrementar el control de las ayudas públicas que compensan el encarecimiento de productos básicos por la lejanía de las islas.
También se propone eliminar la repercusión de la doble insularidad que soportan las islas no capitalinas en los precios, y afrontar el coste del transporte de mercancías, particularmente los productos básicos de alimentación, desde Gran Canaria y Tenerife al resto de las islas.
Otro factor de actuación contra la crisis es el mercado de trabajo, pues en Canarias hay actualmente más de 160.000 desempleados.
Para luchar contra esa situación, “el Gobierno de Canarias se ha marcado como objetivo irrenunciable que el trabajo creado en las islas sea preferentemente para la gente que vive aquí”, insistió Rivero.
Además de actuar sobre la fiscalidad, los precios y el mercado de trabajo, el Ejecutivo canario quiere luchar contra la crisis con la inversión y el gasto públicos.
La crisis económica afecta de manera singular al sector de la construcción, por lo que el Gobierno impulsa la licitación de grandes obras públicas.
En el último semestre de 2007, el valor de las obras promovidas se acercó a los 800 millones de euros y este año, una tercera parte del presupuesto de inversión está destinado al desarrollo de infraestructuras.
También está en marcha un decreto para desbloquear los planes urbanísticos paralizados en numerosos ayuntamientos canarios por sus dificultades para adaptarse a las normas sobre suelo.
Igualmente, la Consejería de Economía y Hacienda prepara un ajuste sustancial en gasto corriente como consecuencia de la disminución de ingresos por la crisis, recordó Rivero.