LONDRES, 27 (Reuters/EP)
El Gobierno de Reino Unido planea llevar a cabo una reforma “de raíz” del sistema de subsidios sociales de tal forma que se incentive la reincorporación al mercado laboral y se evite la dependencia de las ayudas públicas, según anunció este jueves el ministro de Trabajo y Pensiones, el conservador Iain Duncan Smith.
En el periodo 2008-2009, el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Pensiones fue de 135.700 millones de libras (unos 160.000 millones de euros), mayor que los presupuestos destinados a Sanidad, Educación o Defensa. El año pasado, de las arcas del Estado salieron 87.000 millones de libras destinadas únicamente a pagar diferentes tipos de subsidios.
Durante los debates previos a las elecciones del pasado 6 de mayo, los principales candidatos manifestaron su deseo de incentivar la búsqueda de empleo a las miles de personas que se han acomodado con las ayudas que el Estado les ofrece.
El actual sistema, según explicó Duncan Smith a 'The Guardian', es “profundamente ineficaz y una costosa forma de subvencionar las vidas de la población”. El ministro instó a revisar “de raíz” este reparto para favorecer el ahorro y ayudar a las personas que realmente “necesitan ayuda y apoyo”.
De esta forma, el Ejecutivo realizará un análisis exhaustivo para determinar cuántos de los 2,5 millones de personas que reciben ayudas por incapacidad pueden trabajar. Duncan Smith reconoció que las personas que reciben este tipo de asistencia pública durante más de dos años “probablemente morirán con ella”.
“Un sistema diseñado en origen para apoyar a los más pobres de la sociedad está ahora atrapándoles en la condición que pretendía aliviar”, señaló el ministro, durante un discurso posterior en Londres en el que recordó que 1,4 millones de personas han recibido beneficios estatales pese a no trabajar durante al menos nueve de los últimos diez años.
Aunque aún no existen detalles concretos de la reforma que planea el Gobierno de David Cameron, estos cambios probablemente incluirán nuevos permisos para permitir que las personas trabajen más allá de los 65 años de edad, una simplificación en la regulación de las pensiones o una supervisión más estricta acerca de las razones por las que los desempleados rechazan los trabajos que se les ofrecen.