El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado con los votos del PP y NC una moción en la que se exige respeto al derecho de la institución insular a tramitar la iniciativa legislativa para reformar la ley turística, así como su debate en el Parlamento regional lo “más breve posible”.
Según ha informado en un comunicado Nueva Canarias, promotora de la moción, esta propuesta obedece al veto de los grupos parlamentarios de CC y el PSOE, que conforman el Gobierno regional, a llevar la proposición de ley del Cabildo al debate plenario de la Cámara autonómica en la primera sesión del mes de febrero.
NC señala que, tras conocerse las implicaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central del PP a la Ley de Renovación y Modernización Turística, el Cabildo ha votado esta moción que reivindica su “legítimo derecho” a decidir el momento para tramitar la proposición de ley para reformar la norma turística.
El objetivo que persigue con la reforma es permitir la construcción de hoteles con una categoría mínima de cuatro estrellas, con límites cuantitativos y temporales y por razones de sostenibilidad, recuerda este partido en su nota.
Después de la aprobación de una moción de NC de mayo de 2013, que fue empleada como base para la aprobación de la iniciativa legislativa del Cabildo en octubre del año pasado, esta nueva iniciativa ha surgido ante “la gravedad de los hechos acaecidos en la Junta de Portavoces del Parlamento”, señala.
Nueva Canarias considera que el “veto de los grupos de CC y PSOE, bajo el pretexto del conflicto con el Ministerio de Turismo sobre la constitucionalidad de la norma en vigor, era una cortina de humo en beneficio de sus intereses partidistas”.
El grupo socialista en el Cabildo, por otra parte, ha solicitado al pleno de la corporación la retirada de su iniciativa para modificar la ley, al entender que carece de sentido tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.
En un comunicado, la portavoz socialista, Carolina Darias, ha dicho que “desde el punto de vista material, y siguiendo el criterio del Consejo de Ministros, si es inconstitucional la ley del Parlamento de Canarias, también o más lo es la iniciativa legislativa del Cabildo”.
Y Tenerife pide la paralización del recurso estatal
Por su parte, el pleno del Cabildo de Tenerife aprobó una moción de los grupos Socialista y Nacionalista en la que se pide al Gobierno español que no tramite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley canaria de renovación y modernización turística, porque consideran que profundizaría en el desempleo.
El grupo Popular votó en contra de la moción porque, según dijo el consejero del PP Manuel Torres, la ley es intervencionista, “ningunea” a los cabildos y, según el Consejo Económico y Social (CES), supone una moratoria permanente en algunas islas.
Por medio de la moción aprobada también se pide a los partidos canarios mesura y sentido común en el debate de la ley, no usando instrumentos jurídicos que hurten la voluntad popular de los canarios, representados en el Parlamento regional.
El consejero del grupo Nacionalista Jesús Morales dijo que se trata de apoyar el desarrollo económico sostenible, y el socialista José Luis Delgado aseguró que con el recurso de inconstitucionalidad se paralizan inversiones y se dejan de crear puestos de trabajo.