Las plantas de gas flotantes, ancladas en el mar o en forma de barcos regasificadores no suponen sobrecostes respecto de las que van en tierra, a las que hay que sumar los “macropuertos” que precisa su operatividad, según opinan el Ayuntamiento de Granadilla y la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.
Así lo manifestaron este miércoles la alcaldesa del municipio tinerfeño, Carmen Nieves Gaspar, y el alcalde de Agüimes, Antonio Morales, en una rueda de prensa en la que reiteraron su rechazo a las plantas regasificadoras en tierra que la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan) ha sacado a concurso tanto en la localidad del sur de Tenerife -donde gobiernan CC, el PP y Alternativa Sí se Puede- como en Arinaga.
Morales recordó que Agüimes ha denunciado ante las instancias europeas y ante la Fiscalía Anticorrupción la planta proyectada por Gascan en Arinaga, una instalación que, según dijo, no figura en ningún plan territorial, carece de licencia y declaración de impacto ambiental, a lo que se suma la inexistencia del “macropuerto” que requerirá su funcionamiento.
El alcalde de Agüimes dijo que la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria aún no tiene plenas garantías de que en Arinaga no se construirá una planta de gas, pese a que el Cabildo de Gran Canaria haya anunciado la elaboración de un plan territorial que establecerá que esta instalación, en forma de plataforma semisumergida, se ubique a 1,5 kilómetros de la costa de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, donde está la central térmica de Unelco.
Otro de los alcaldes de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, el de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, calificó como una “decisión soberana” el rechazo mostrado este martes por el pleno de San Bartolomé de Tirajana a acoger en su territorio, sea en tierra o en mar, una planta de estas características.
Al mismo tiempo, Matos abogó por exigir un “basta ya” al Gobierno de Canarias, ya que, a su juicio, en este asunto ha actuado de forma “irresponsable y demagógica” al hacer afirmaciones tales como que el desarrollo de Gran Canaria depende del gas, algo que “es mentira”, dijo.
Por su parte, la alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar, aseguró que la moción aprobada el pasado 19 de noviembre por el grupo de gobierno del municipio, que contó con la abstención de los socialistas y en la que se rechazó la instalación de una planta de gas en tierra, no es un acuerdo “en contra de personas o entidades concretas”, sino un posicionamiento en favor de la seguridad y la protección del entorno paisajístico de la zona. “No queremos una regasificadora que afecte al presente y al futuro del municipio”, afirmó la alcaldesa.
Antonio Morales aludió a las declaraciones del secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, quien el pasado viernes mostró su voluntad de financiar, a falta aún del informe de impacto medioambiental, la planta regasificadora prevista en Gran Canaria por el Plan Energético de Canarias 2006-2015, aunque “sin ningún sobrecoste” con respecto a otras ya implantadas.
Al respecto, el alcalde de Agüimes reiteró que las plantas mar adentro, que en opinión de la Mancomunidad del Sureste, han de instalarse a 15 ó 20 kilómetros de la costa, no son más caras que las que van en tierra, cuyos costes, dijo, no tienen en cuenta la construcción de los “macropuertos” que precisan para operar. En cualquier caso, el edil consideró que si estos sobrecostes se produjeran, tendría que ser el Gobierno de Canarias el que los asumiera.