A la mayor empresa de Europa en el negocio turístico de la multipropiedad (timesharing), el grupo Anfi, radicado en la isla de Gran Canaria, la última declaración del Impuesto de Sociedades, correspondiente al año 2018, le sale a devolver. En concreto, más de 600.000 euros de los que, sin embargo, no percibirá ni uno solo. La Agencia Tributaria ha ordenado retener la devolución de esa cantidad para destinarla a saldar deudas que mantiene con antiguos clientes en virtud de las sentencias judiciales que han condenado las prácticas irregulares del grupo fundado en los años ochenta por el empresario noruego Björn Lyng en la venta de los productos de aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico.
Más de la mitad de esa cifra, aproximadamente 350.000 euros, servirá para que 22 exclientes del grupo Anfi representados por Canarian Legal Alliance (CLA), el despacho de abogados más activo en este tipo de procedimientos judiciales, recuperen su inversión. A esa retención hay que sumarle otro reciente embargo procedente de los juzgados, en este caso de 47.000 euros.
Según informa el bufete ubicado en la localidad turística de Arguineguín, las empresas de timesharing del grupo, Anfi Sales y Anfi Resorts, ya han tenido que pagar en el último mes cerca de 80.000 euros en ejecución de sentencias, mientras que se está a la espera de la tramitación de pago de notificaciones anteriores por un valor que ronda los 100.000 euros. La retención de Hacienda y los últimos embargos suman, por tanto, cerca de 600.000 euros. A finales del año pasado, CLA contabilizaba más de cien sentencias firmes del Supremo contra el emporio turístico por irregularidades en la venta de productos de multipropiedad por un valor estimado de 2,5 millones de euros. Las resoluciones que aún eran recurribles elevaban esa cifra hasta los 8.
La carrera de los clientes de Anfi para recuperar su inversión ha estado plagada de obstáculos. La empresa se ha negado a pagar de forma voluntaria las cantidades recogidas en las condenas judiciales. Además, las dos principales sociedades del grupo han vaciado sus cuentas corrientes desde que empezó la cascada de resoluciones judiciales en su contra, impidiendo de esta manera que los demandantes pudieran cobrar a través de los embargos por la vía de apremio.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas presentó en julio del año pasado una denuncia contra Anfi por ocultar sus bienes para evitar los embargos en los procedimientos de ejecución. El Ministerio Público investiga a la empresa desde hace más de un año, a raíz de sendos escritos presentados por los abogados Eva Gutiérrez, de CLA, y Miguel Rodríguez Ceballos, del despacho Ceballos y Navarro, por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración en la ejecución, vinculados todos ellos a esas maniobras que, según los denunciantes, ha orquestado el grupo para dilatar o esquivar los pagos a sus antiguos clientes.
La información patrimonial de la empresa revela que las dos sociedades del grupo dedicadas a la comercialización de este tipo de productos, Anfi Sales y Anfi Resorts, comenzaron a cerrar y vaciar sus cuentas poco tiempo después de que el Supremo dictara a principios de 2015 su primera sentencia firme sobre la materia, la que tumbó la venta de por vida de los derechos de uso por semanas de los establecimientos turísticos, la práctica en la que se había basado su política comercial, por contravenir la Ley 42/1998, que fijaba un periodo máximo de 50 años.
El saldo en las cuentas corrientes de esas dos sociedades de Anfi superaba a finales de 2014 los 13 millones de euros. En apenas tres años, y sin que los antiguos clientes hubieran podido aún recuperar las cantidades reconocidas por vía judicial, el 96% de ese saldo había desaparecido. Entre 2016 y 2017 salieron de esas cuentas más de 6 millones de euros con destino desconocido. Los despachos de abogados que representan a los consumidores aseguran que durante ese periodo la empresa no ha justificado en sus memorias anuales una disminución de la actividad que explicase esa drástica pérdida de fondos que ha impedido cobrar a sus exclientes.
El Supremo ha anulado cientos de contratos de multipropiedad de Anfi por tres motivos fundamentales: la venta de por vida de los derechos; el cobro de anticipos durante el denominado periodo de reflexión, los diez días posteriores a la firma o tres meses en el caso de que la información aportada no sea suficiente, y la comercialización de las “semanas flotantes”, una fórmula que ha originado numerosos contratiempos a los consumidores en relación con la disponibilidad de los apartamentos contratados.
El Grupo Anfi, fundado en el municipio de Mogán a finales de los años ochenta por el ya fallecido Björn Lyng, es propiedad en la actualidad del grupo Santana Cazorla y de Hoteles Ifa, división esta última que adquirió en septiembre de 2016 el 50% de las participaciones que pertenecían a los herederos del empresario noruego.