El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, propondrá nuevas rebajas fiscales con el fin de que éstas sirvan para paliar los efectos de la crisis a los ciudadanos, así como a las empresas de la comunidad. Esta medida se prevé incluir en el pacto económico y social de las islas.
Soria explicó, en rueda de prensa, que estas rebajas fiscales se centrarán en el tramo autonómico del Impuesto de Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), en los módulos establecidos para la estimación de los rendimientos de los empresarios y profesionales en estimación indirecta, así como en la basse imponible del IRPF para los sujetos pasivos que constituyen una cuenta de ahorro que “esté destinada a impulsar el ahorro”.
Asimismo, se pretende impulsar deducciones adicionales en la cuota del impuesto para sujetos pasivos que hayan estado seis o más meses en paro. Además, el también consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico pidió la colaboración, en materia de medidas fiscales, del Ministerio de Economía y Hacienda para que la reserva de inversiones en Canarias “pueda utilizarse a través de fondos de capital riesgo y también fondo de inversiones”. Añadió que también se propondrá la “mejora en el uso de las deducciones por inversión en la Comunidad Autónoma de Canarias”.
De esta forma, indicó que se pretende consolidar la estrategia de dinamización de marzo de 2008, así como impulsar el consumo, la inversiones, las exportaciones o la flexibilidad administrativa y para lo que se adoptaron medidas como rebajas fiscales, simplificación administrativo o mejora de la competencia. Además, se quieren estimular otras acciones como la del consumo privado, el apoyo del tejido productivo y fomento de la liquidez en el sistema, la racionalización del gasto público, la internacionalización de la empresa canaria, así como la mejora en la eficiencia y funcionamiento de los mercados de bienes y servicios.
Por otro lado, Soria recordó que en España uno de los “agravantes” de la crisis actual está en la sequía “crediticia” de entidades financieras que afrontaron los últimos años de “rápido crecimiento económico” con una “alarmante” situación de “muy escaso” ahorro nacional.
En este sentido, aseguró que el “40 por ciento del balance de la banca española está en los mercados mayoristas financiados con emisiones de título de renta fija de todo tipo”. Además, señaló que “dos de cada tres” hipotecas en España y en Canarias “han sido financiados en esos mercados internacionales” que fueron los que cerraron cuando “estalló la crisis”.
Por ello, Soria afirmó que el Ejecutivo regional comparte “excepcionalmente” la ayuda pública que el Gobierno central está concediendo a las entidades financieras aunque puntualizó que dicha ayuda debe estar sujeta a que los bancos “presten una parte de esos recursos en préstamos a las familias y a las empresas”.
Soria criticó la visión que hasta el momento ha tenido el Ejecutivo central y que calificó de “miope” con cheques de “distinta naturaleza” y todo ello con un gasto público adicional al año de “20.000 millones de euros”. A reglón seguido, se refirió también a la destrucción de empleo que en España está en 6.000 al día y en Canarias de 400 personas diarios.
Política de empleo
Asimismo, en el paquete económico y social de las islas se pondrán en marcha mecanismos destinados a una mayor y mejor coordinación con cabildos y ayuntamientos para la mejora de la empleabilidad. Además, se quiere apoyar el tejido productivo para lo que se creará un portal “único” destinado a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Canarias donde se especificarán “todas” las informaciones y ayudas de las Pymes.
Agregó que a ello habrá que añadir la constitución del Fondo Yeremi, el cual estará compuesto por fondos europeos, así como canarios, y estará destinado a fomentar nuevos proyectos empresariales de la micro y pequeña empresa, establecimiento del reaval, por parte del Gobierno en las operaciones de garantía, que firmen las sociedades de garantía, entre otras.
En cuanto a la mejora de la regulación de la economía canaria pasará por la apertura y constitución de una empresa, “facilidad” para emplear trabajadores, obtención de créditos o pago de impuestos, entre otras cuestiones.
Nuevo régimen de subvenciones
Por otro lado, Soria también señaló que próximamente se prevé aprobar el decreto en el que se establecerá el nuevo régimen general de subvenciones del Ejecutivo autonómico con el que se prevé actualizar el vigente marco normativo nacional después de que “haya experimentado distintas” modificaciones.
Añadió que con la nueva normativa el Estado pretende “adaptar todo el régimen de subvenciones al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”, así como tener un “control del gasto público”. Asimismo, apuntó que el decreto que aprobará el Ejecutivo canario desarrollará “todas” las normas que “no contienen preceptos básicos”, lo relacionado con la publicidad, la transparencia o con la concurrencia.
En cuanto a las novedades que se incluirán en dicho decreto --en el que han participado otras consejerías-- se encuadra dentro de la política de simplificación administrativa del Gobierno regional y el abono anticipado de las subvenciones para la ejecución de obras que se “limitaba” al 50 por ciento del importe de la subvención hasta el momento, cantidad que ahora se amplía “al 100 por 100” de la misma.
Asimismo, indicó que otras de las novedades que recoge es que “exime” a las organizaciones empresariales y sindicales de la prestación de garantía para obtener el pago anticipado de las subvenciones y con carácter general se reduce un “20 por ciento” la cuantía del aval necesario para pedir dicho anticipo por parte de otro tipo de organización.
Al respecto, expuso que el decreto también recoge la ampliación del plazo de justificación de la subvención por parte del beneficiario; se suprime la prohibición de conceder nuevas subvenciones a aquellos que tuvieran ayudas pendientes de justificar “siempre y cuando, lógicamente, el procedimiento de reintegro no se encuentre ya en vía ejecutiva”; los beneficiarios de las subvenciones inferiores a 60.000 euros no tendrán que presentar factura sino que basta con la certificación que del uso de esos recursos se haya hecho; así como la creación, por cada consejería, de un registro de solicitantes de subvenciones.
“La administración pública tiene que facilitar, no tiene que entorpecer”, apuntó, para poder salir de la situación de crisis que atraviesa en estos momentos la economía internacional.