El Gobierno de Canarias podría tener que hacer frente a casi 15 millones de euros de indemnización a las empresas adjudicatarias del primer concurso eólico, fallido y anulado por la Justicia tras ser detectados graves irregularidades y presuntos casos de corrupción que llevaron a la detención, entre otros, del ex director general de Industria, Celso Perdomo González, cuando al frente de la consejería estaba Luis Soria López, hermano del presidente del PP y actual vicepresidente del Ejecutivo autónomo y consejero de Economía y Hacienda.
Las 55 empresas adjudicatarias del primer concurso eólico han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial y ya seis de ellas han ganado sus demandas por la vía contencioso-administrativa, lo que en dinero contante y sonante se traduce sólo en estos primeros casos en 376.601,59 euros.
Fuentes judiciales consultadas por CANARIASAHORA aseguran que “es casi seguro que los tribunales se pronuncien en el mismo sentido con respecto a las otras reclamaciones, ya que las demandas son prácticamente idénticas”, por lo que el montante final se acercaría a los quince millones de euros.
Si se extrapola esta cantidad a todas las reclamaciones de las otras 49 empresas perjudicadas, el total del importe solicitado en los juzgados en concepto de indemnización asciende a 14.775.986.48 euros.
Las seis empresas que han ganado ya el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa son Magados Eólicos Canarias SL, Altaha Eólicos Canarias SL.Guaire Eólico Canarias SL, Tabores Eólicos Canarias SL, Acorán Eólicosd Canarias SL y Energías Renovables Insulares SL. Esta última tiene su domicilio social en Gran Canaria mientras que las otras cinco lo tienen en Tenerife.
55 reclamaciones de responsabilidad patrimonial
La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias reconoce la presentación de 55 reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las que 40 proceden de empresas con domicilio social en Gran Canaria, 11 en Tenerife, dos en Madrid y una en Fuerteventura.
El viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y de Participación Ciudadana, Mario Pérez Hernández, reconoce que “la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha solicitado a la Dirección General del Servicio Jurídico que promueva incidente de nulidad de derechos fundamentales toda vez que se ha denegado el recibimiento del proceso de prueba”.
De entre todas las reclamaciones hay cuatro de responsabilidad patrimonial desestimadas por extemporáneas en vía administrativa.
Tebeto y Montaña Rayada
Esta indemnización millonaria se une a otras sentencias condenatorias del Gobierno, como los casos Tebeto o Montaña Rayada, o las reclamaciones de empresarios turísticos por los perjuicios devenidos de la moratoria.
Las arcas públicas de la comunidad autónoma, gestionadas por José Manuel Soria, pueden verse aún más afectadas por las indemnizaciones que el Gobierno tendrá que pagar a las empresas adjudicatarias damnificadas al anularse el primer concurso eólico debido a las presuntas ilegalidades cometidas por la Consejería de Industria y Comercio que dirigió su hermano Luis en la pasada legislatura.