El Grupo Anfi está a punto de saltar por los aires. Los herederos del promotor noruego Björn Lyng acusan a su socio canario, Santana Cazorla, de apropiación indebida y deslealtad en la administración del emporio turístico del sur de Gran Canaria, por desviación fraudulenta de fondos de la sociedad hacia la matriz particular del presidente del grupo, Hermanos Santana Cazorla.
Anfi Internacional BV, propietaria del 49,99% de las sociedades del Grupo, cifra en más de ocho millones de euros “el expolio” de Santana Cazorla, solo entre 2012 y 2013, que pone “en riesgo la viabilidad económica” del Grupo Anfi y sus 700 puestos de trabajo en todos sus establecimientos turísticos y de ocio del municipio grancanario de Mogán.
La parte noruega del Grupo Anfi, una sociedad participada al 50% por el constructor tirajanero Santana Cazorla desde 2006, meses antes del fallecimiento de su fundador, Björn Lyng, ha presentado una querella criminal en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana dirigida contra los hermanos Santana Cazorla, Santiago y Manuel, y el director general del grupo, Arturo Ramírez, por colaborador necesario en los presuntos delitos cometidos.
Los socios noruegos de Anfi acusan al presidente del grupo de desviar de las empresas matrices Anfi Resorts SL y Anfi Sales SL al menos 8.678.000 euros hacia la suya particular, Hermanos Santana Cazorla, según se relata en la querella interpuesta en junio y a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA.
Santana Cazorla, en virtud de los acuerdos firmados con el promotor Björn Lyng en 2006, justo en el momento de la venta del 50% del grupo, dispone del doble de votos que los herederos del noruego en el Consejo de Administración que preside, aparte de amplios poderes otorgados “por la plena confianza de Björn Lyng en su gestión”, poderes y votos que le han permitido actuar como si el Grupo Anfi fuera de “su exclusiva propiedad”, hasta el punto de iniciar una serie de desvíos de fondos a mitad de 2012 a espaldas de sus socios.
Los herederos de Björn Lyng comenzaron a sospechar de esos trasvases de dinero de las cuentas de Anfi Resorts y Anfi Sales a Hermanos Santana Cazorla a principios de abril, al ser requeridos por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para que informaran de las cantidades traspasadas de las dos matrices de Anfi a HSC.
En la querella se explica que tanto el representante de Anfi Internacional, Jarl Whist, como el secretario del Consejo de Administración, Juan Arencibia, requirieron información en abril pasado al presidente, Santiago Santana Cazorla, para poder responder al juzgado. Santana Cazorla se negó hasta que se celebró un Consejo en mayo, ya con los plazos para responder al juzgado agotados.
En aquella reunión, el constructor tirajanero dio “versiones confusas” sobre esos desvíos de fondos y aportó dos pagarés, con vencimientos en noviembre y diciembre próximo, con los que pretendió formalizar la devolución de los ocho millones de euros. La ruptura y pérdida de confianza desde entonces, por parte de los socios de Santana Cazorla, fue total, y de una serie de enfrentamientos societarios en posteriores consejos de administración se ha derivado a la presentación de esta querella criminal.
En la misma, Anfi Internacional reclama al juzgado medidas cautelares contra los hermanos Santana Cazorla, con la petición de nueve millones de euros de fianza, así como contra su director general, Arturo Ramírez, con 500.000 euros de fianza. Asimismo espera que desde el juzgado se revoquen los poderes que permiten a Santana Cazorla tomar decisiones en el seno del grupo sin informar a sus socios, al haber cesado la confianza que había cuando se produjo la firma del acuerdo en 2006 y la renovación de esos pactos en marzo de 2012.
Ingeniería contable
Los socios noruegos de Anfi pudieron acceder, por fin, a la información contable del Grupo a principios de junio, después de un penúltimo Consejo de Administración turbulento disuelto por Santiago Santana Cazorla sin haber dado las explicaciones que se le exigía, al haberse negado también Anfi Internacional y el secretario a aprobar la reformulación de las cuentas.
De esa información facilitada después del Consejo disuelto, sostiene Anfi Internacional que durante el ejercicio 2012 hubo seis transferencias bancarias de Anfi Resorts SL a Hermanos Santana Cazorla, autorizadas dos de ellas por Santiago y cuatro por Manuel, que sumaron justo 7 millones de euros en el segundo semestre del año pasado.
Las disposiciones de efectivo se produjeron el 30 de julio, por un total de 400.000 euros, dos movimientos más el 25 de septiembre, de 1.000.000 y 600.000 euros, 2.300.000 de euros el 18 de octubre, otros 800.000 euros el 31 de ese mes y 1.900.000 de euros el 26 de noviembre.
Las cantidades de 2013, salidas de las cuentas de Anfi Sales SL, ascienden a 1.759.000 euros, en cuatro disposiciones en menos de dos meses, entre enero y febrero, de 1.000.000 de euros el 25 de enero, 400.000 euros el 1 de febrero, 135.000 euros el 14 de febrero y otros 224.000 euros el 22 de ese mes. También figura contabilizado un movimiento de 6,9 millones el 2 de enero, que los noruegos interpretan como un caso de ingeniería contable.
La acusación contra Hermanos Santana Cazorla se fija también en estos “movimientos de ocultamiento”, como la fórmula de prestar esos 6,9 millones de euros a otra sociedad de los hermanos, Petrecan SL, adquiriendo un pagaré de empresa de la propia Petrecan con fecha de emisión del 28 de diciembre de 2012 y de vencimiento tres días después, el 31 de diciembre.
La operación, según los querellantes, impidió a estos detectar la deuda y “actuar a tiempo”, al “hacer desaparecer a Hermanos Santana Cazorla como deudor de Anfi Resorts”, por medio de “una operación camuflada de tesorería en tránsito para hacer efectivo el pagaré”. El movimiento se produjo en los días del cierre del ejercicio de las empresas, en “una maniobra de ida y vuelta ficticia”.
Anfi Internacional recalca al juzgado tirajanero que el ocultamiento de estos desvíos de fondos sociales del Grupo ha “evitado la actuación eficaz del resto de consejeros para impedir el expolio al que se ha sometido al Grupo Anfi”, cuya viabilidad económica estima que está en grave riesgo.
Arturo Ramírez “pudiera estar participando en el saqueo”
“El juego de los pagarés de ida y vuelta” se ha producido, a juicio de Anfi Internacional, con el conocimiento y consentimiento del director general, Arturo Ramírez, de ahí que sea uno de los querellados al no cumplir con la función de “alertar sobre el ocultamiento” al resto de propietarios.
En Anfi y el reparto de acciones, la figura del director general estaba considerada clave para que los socios noruegos tuvieran “cierto control” a pesar de los amplios poderes concedidos a Santana Cazorla desde 2006.
Sobre el director general, los querellantes consideran que la “excesiva” facturación de sus “servicios profesionales” a Anfi Sales SL, de 190.151, 97 euros en 2012 y que mantiene en 2013 mensualmente, con autorización de Santana Cazorla y sin conocimiento del resto del Consejo del Grupo, “no solo apunta a que coopera y asesora en los fraudulentos manejos contables, sino que pudiera estar participando en el saqueo o desviación de fondos sociales”.
Mantienen estas sospechas desde Anfi Internacional porque el Consejo desconoce la existencia de contratos añadidos por servicios profesionales de Arturo Ramírez con contenidos reales que justifiquen esos servicios.
La querella ha sido presentada hace varias semanas en el Decanato de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, sin que de su reparto y admisión a trámite haya trascendido nada.