La unión temporal de empresas (UTE) que construyó la segunda fase del muelle de La Esfinge reclama a Puertos de Las Palmas el pago de 12 millones de euros por las modificaciones que efectuó en el proyecto y que, según la Autoridad Portuaria, no figuraban en el mismo.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, ha informado de esta reclamación al consejo de administración, según ha explicado él mismo al término de una reunión en la que se ha aprobado ampliar hasta julio de 2038 la concesión autorizada a Astilleros Canarios (Astican) en el puerto La Luz, con carácter excepcional y de manera última dado el interés estratégico de las reparaciones navales.
Esta prórroga está condicionada a que Astilleros Canarios efectúe una inversión por un importe de 12,2 millones de euros en esa parcela para la ampliación del muelle de poniente, por cerca de 9 millones, y la mejora de infraestructura y modernización de maquinaria, por valor de 3 millones.
Además, a Astican se la ha concedido una ampliación de su parcela por 16.310 metros cuadrados de lámina de agua adyacente a su concesión, en la zona de servicio del puerto, con el fin de garantizar el calado suficiente para que puedan atracar plataformas petrolíferas y embarcaciones de grandes dimensiones.
El consejo de administración también ha acordado otorgar a Talleres Navales Pesqueros ocupar una parcela de 5.625 metros cuadrados en la zona de servicio de para instalaciones de reparaciones navales, por un periodo de 20 años, según ha indicado Ibarra.
Asimismo, ha informado de que el consejo ha otorgado la concesión por 10 años de una terraza bar en el faro de Maspalomas, y que resolvió otorgar a la empresa Logiscrap SL el concurso par la instalación de una planta de desguace por 20 años, con una inversión de 1,4 millones de euros, 4.184 metros cuadrados en tierra y 1.500 en lámina de agua.
En relación a la reclamación de la UTE, inicialmente formada por FCC, Matías Marrero, Dragados y Félix Santiago, Ibarra ha explicado que la obra “adolece de muchos errores en los procedimientos de certificación, que acarrean graves problemas a la Autoridad Portuaria”.
El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que se intentará llegar a un acuerdo con la UTE, que el año pasado cuantificaba su reclamación en dos millones, de los cuales se reconocía que sí se debía pagar un millón y medio, mientras que ahora los eleva a doce por los intereses de demora y perjuicios ocasionados desde la recepción de la obra.
Ibarra ha dicho que la Autoridad Portuaria está a la espera de que Puertos del Estado emita un informe sobre el asunto y que solicitará también que se pronuncie al respecto la Intervención General, pero ha considerado que, ante la gravedad del problema que se plantea, el consejo debía conocer ya esta reclamación.
Ha recordado que la obra se adjudicó en junio de 2007 y tenía que haberse finalizado en diciembre de 2009, pero se entregó 22 meses con posterioridad a esas fecha debido a las modificaciones que introdujeron.