Los municipios canarios reducen por primera vez en una década el gasto en ayudas sociales

La financiación en Canarias del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se redujo en 2023 por primera vez en casi una década, según muestran los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) recientemente publicados. El gasto destinado a esta herramienta, diseñada para auxiliar a quienes más lo necesitan a través de ayudas municipales, alcanzó los 94,3 millones de euros, algo menos que lo registrado el curso anterior (95,77 millones), en 2022.

Este plan, firmado en 1988, es financiado por todas las administraciones públicas para el desarrollo de ayudas comunitarias en las entidades locales. El programa incluye prestaciones de información y orientación, ayuda a domicilio, apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo y prevención e inserción social. Bajo este mecanismo, fueron atendidas 472.872 personas en el Archipiélago. Del total de fondos, los ayuntamientos destinaron más de la mitad, unos 52,92 millones de euros, el Gobierno regional aportó 36,05 millones y el Estado poco más de 5,3 millones.

La información estadística difundida por el ISTAC demuestra que la mencionada herramienta contó con menos recursos económicos en las Islas el año pasado pese a que el 33,8% de su población, alrededor de 775.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, en sus siglas en inglés) en la Comunidad Autónoma.

El criterio para distribuir los fondos del Plan Concertado viene determinado en función del número de habitantes, índice de paro, dispersión y doble insularidad en el caso de las islas periféricas. Luego, ese reparto es acordado por el Gobierno canario y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Las corporaciones locales deben también presentar proyectos susceptibles de ser cofinanciados. Estos pueden estar vinculados a la dotación y mantenimiento de instalaciones, como albergues y centros de acogida, y ayudas sociales.

Pues bien, de acuerdo con esa regla, Fuencaliente es la localidad que más dinero desembolsó por habitante, con una media de 402,81 euros por cada residente. Le siguen los municipios de Betancuria (253,88 euros) y Agulo (206,27 euros). Los que menos destinaron al Plan Concertado fueron San Miguel de Abona, con apenas 18,4 euros por ciudadano, por detrás de Antigua (20,76 euros) y Teror (20,86 euros).

Pero ¿qué municipios redujeron más la inversión? Cabe recordar que, según el ISTAC, el Estado mantuvo en 2023 su aportación dineraria al citado programa social, el Ejecutivo autonómico la redujo un poco, cerca de 50.000 euros, y las corporaciones locales recortaron en más de 1,5 millones de euros los fondos. De este modo, las localidades de Arona, con un 23,29% menos, San Cristóbal de La Laguna (23,16%) y Agüimes (16,3%) son las que más rebajaron el gasto. Las que más lo incrementaron fueron Puerto de la Cruz, con un 25,91% más, Telde (18,71%) y Granadilla de Abona (18,54%).

El número de usuarios del Plan Concertado ascendió en 2023 a 472.872 personas. Es un poco menos que en 2022, cuando fueron atendidos 480.015 habitantes. De todos modos, la tasa en Canarias es de 21,37 beneficiarios por cada 100 habitantes, la segunda más elevada desde que hay datos.

La ratio no es idéntica en todos los municipios. La tabla la lidera El Sauzal, con una tasa muy alta de 122 usuarios por cada 100 habitantes. Le siguen La Matanza de Acentejo (109,3 por cada 100) y Vilaflor de Chasna (108,11 por cada 100). La parte elevada de la clasificación está repleta de localidades del norte de Tenerife. Un estudio publicado hace unos meses en la revista Nursing reports concluyó que los vecinos de esta zona, al registrar una proporción mayor de pacientes de avanzada edad, menores ingresos y mayores tasas de desempleo, padecían más enfermedades y necesitaban más tratamientos ansiolíticos y antipsicóticos que el resto de la isla.

Por otro lado, los municipios que contaron con menos usuarios fueron Ingenio, con 3,64 por cada 100 habitantes, San Miguel de Abona (4,12 por cada 100) y El Paso (4,73 por cada 100).