MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Grupo Nueva Rumasa ha negado “de forma tajante” tener fondos o valores depositados en paraísos fiscales y defendió que paga todos los impuestos que le corresponden por sus empresas y trabajadores en España, según informa la compañía en un comunicado.
“Nueva Rumasa asegura de forma tajante y rotunda que no dispone de fondos ni valores de ningún tipo en paraísos fiscales ni en ningún otro país fuera de España”, afirmó la empresa, que amenazó con tomar medidas legales contra los medios de comunicación que afirmen lo contrario.
La compañía responde así a las noticias publicadas que indican que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación al entramado de 160 sociedades que tiene el grupo, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, por presunto blanqueo de capitales.
En ese sentido, el 'holding' propiedad de la familia Ruiz-Mateos reconoció que algunas de las empresas del grupo están domiciliadas en paraísos fiscales, “siendo algo muy común en la mayoría de los grandes grupos empresariales”.
“El grupo nunca se ha beneficiado del hecho de que algunas compañías matrices estén domiciliadas en paraísos extranjeros”, afirmó Nueva Rumasa. Además, explicó que sus empresas “nunca han repartido dividendos, ya que siempre se han reinvertido los beneficios”.
Fuentes del Ministerio Fiscal confirmaron a Europa Press que la Fiscalía Anticorrupción lleva un año investigando a Nueva Rumasa por presunta estafa a los cerca de 5.000 inversores que adquirieron los pagarés y participaciones emitidas por la compañía. La denuncia la presentó la Agencia Tributaria.
Sin embargo, la mismas fuentes descartaron la apertura de una investigación general sobre el entramado de 160 sociedades que tiene el grupo, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, tal y como se hizo en los años 80 y que derivó en la expropiación de Rumasa por el Gobierno español el 23 de febrero de 1983.
En este sentido, desde la Fiscalía explicaron que el hecho de que las sociedades estén inscritas en territorio 'off-shore', en un principio, no constituye un posible delito de blanqueo de capitales, y que la investigación abierta se limita a por un presunto delito de estafa.