Cerrar el año con 14 millones de turistas; es la cifra que prevé la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla (ASG). Desde enero a junio han llegado al Archipiélago 5,8 millones de pasajeros extranjeros, un 12,97% menos que en 2019. Son datos que “alientan” al sector, que admite que se está recuperando tras el parón de la pandemia, que el verano está resultando positivo y mira con “optimismo” su temporada alta; que abarca desde noviembre a Semana Santa. La comunidad autónoma sigue apostando por este modelo económico, pero se enfrenta a importantes desafíos como el cambio climático, la presión de los visitantes sobre su frágil territorio o las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, con una crisis energética en Europa e incremento de los precios. Para contrarrestar ese escenario, el departamento que dirige Castilla se lanza a por los visitantes de largas estancias, como mayores de 55 años y teletrabajadores, para lo que ha llegado a un acuerdo de promoción con una de las principales plataformas de alquiler vacacional, Airbnb. Una medida que pretende consolidar visitantes, pero que se produce en un escenario en el que la inflación y la falta de políticas de vivienda desde la crisis anterior ha disparado el precio para residentes.
Otra de las propuestas que ronda en las últimas semanas en Alemania es la de ofrecer bonos turísticos de 500 euros para fomentar las estancias en el sur de Europa durante el invierno, lo que podría provocar una oleada de visitantes coincidiendo con la temporada alta. La medida, promovida por agencias de viajes alemanas, no ha obtenido aún respuesta oficial y desde la patronal de Las Palmas consideran que aún se trata de “humo”. El otoño, explica José María Mañaricúa, aún es incierto, en especial teniendo en cuenta que las reservas se realizan con un mes de antelación y no con tres, como sucedía antes de la pandemia. Dos profesores de la ULPGC ya advirtieron en un estudio que tras la pandemia los viajeros ya no planificarán los vuelos con antelación. En el artículo de Jaques Bulchand y Santiago Melián se reflejaba que un 28% de los encuestados afirmó que “demorará la compra de sus pasajes, haciéndolo en una fecha significativamente más cercana a la fecha del vuelo”. Esa incertidumbre se refleja según los mercados. Gran Canaria, por ejemplo, es más dependiente del mercado alemán que otras islas y en lo que va de año ha recibido un 25% menos que en 2019 (según los datos del Patronato de Turismo). No obstante, las patronales de ambas provincias son positivas en que el sector “resistirá” en su temporada alta pese al contexto.
La consejera de Turismo afirmó hace unos días en el Parlamento de Canarias que ante el panorama actual que atraviesa Europa, esta comunidad debe aprovechar para reforzar determinadas estrategias. “Cuando algo sucede siempre se abren ventanas de oportunidad y creemos que es un buen momento para posicionarnos de forma potente como destino de larga estancia” y añadió que “sobre todo ahora donde muchos europeos ven que se van a tener que, por ejemplo, someter a incomodidades relacionadas con el suministro energético como la calefacción… algo innecesario en Canarias, con un nivel de vida que puede ser también más atractivo en las islas para determinadas rentas con más tiempo disponible y perfiles de trabajadores que pueden desarrollar sus labores en remoto, pero con todos los estándares europeos de los que disfrutamos”, dijo.
En consecuencia, Turismo ha llegado a ese acuerdo con Airbnb para consolidar al Archipiélago como uno de los 20 destinos preferidos del mundo para trabajar en remoto. Durante la pandemia, los teletrabajadores fueron clave para mantener abierta parte de la oferta hotelera (que rebajó sus precios hasta en un 70% para mantener durante un mes a este sector), también para reanimar zonas que tradicionalmente no han tenido presencia de turistas, además de ayudar a empresas de coliving (vivienda compartida). La iniciativa actual del Gobierno se enfoca en la mayor facturación por viaje de estas personas (que gastan hasta tres veces más que la media), pero también se produce en un contexto de amplias dificultades para que los residentes en Canarias accedan a viviendas (décadas sin construir vivienda pública, salarios más bajos que la media nacional y alquileres disparados en zonas turísticas y áreas metropolitanas).
Un equilibrio que garantice el derecho a la vivienda
Sobre las consecuencias de la presión del alquiler vacacional ha profundizado Alejandro Armas, geógrafo tinerfeño en la Universidad de Leipzig, que ha abordado en artículos de investigación la turistificación, el crecimiento urbano o la desposesión de vivienda en barrios de Tenerife. Recuerda que las viviendas de alquiler vacacional se concentran en lugares muy concretos donde se genera una presión en el mercado de vivienda, a lo que se suma la inflación y la falta de medidas que garanticen el acceso a este derecho. “Es una tormenta perfecta para que la gente no pueda acceder a la vivienda o se tenga que ir a lugares muy alejados”, resalta. Cita el ejemplo de Adeje o de zonas metropolitanas de Tenerife, aunque también está ocurriendo en puntos como Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria o en La Oliva (Fuerteventura), municipio español en el que más domicilios turísticos hay con respecto al total y donde los vecinos son incapaces de encontrar un alquiler accesible.
En Canarias, unas 18.000 personas se encuentran inscritas como demandantes de vivienda pública o de ayudas al alquiler, pero se estima que sean muchas más las que podrían ser beneficiarias pero que no constan en los registros debido a la ausencia de políticas de vivienda de los últimos años. El último plan, presentado por el Gobierno actual, prevé prevé 6.000 viviendas protegidas más y 72.000 ayudas al alquiler. No obstante, los últimos datos de la EAPN o de Cáritas evidencian que desde la pandemia se ha acrecentado la pobreza en las Islas y que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para las familias. Además, preocupa la fuga de habitantes de las zonas rurales y se han anunciado recientemente medidas desde el Ejecutivo regional para la compra y rehabilitación de viviendas en estas zonas.
Armas apunta que los nómadas digitales, por ejemplo, tienen un poder adquisitivo mayor y pueden instalarse en determinados barrios donde es más difícil hacerlo a la población local. Por ello, remarca la importancia de buscar un equilibrio. “Plantear la liberalización de la vivienda vacacional sin tener una política de alquiler es muy peligroso”, ya que es necesario garantizar el derecho a las personas que se quieren incorporar al mercado de vivienda, pero sobre todo la permanencia de la gente que ya esté viviendo en esa zona. Destaca que habría que combinar varias medidas como ha hecho Alemania, donde destaca la apuesta por la vivienda pública o la modernización de estas viviendas o iniciativas como las que se están promoviendo en Barcelona. Subraya que en España, y en particular en el caso de Canarias, “hay un grupo de personas muy amplio que no tiene ni acceso al alquiler ni a la compra”.
Es crítico con la idea de promover una ley de residencias, pero sí defiende una moratoria como la planteada en Baleares. “Pero habría que hacerla bien, no una moratoria que favorezca la construcción de hoteles como el de La Tejita”. En este sentido, apunta que es necesario reflexionar sobre un turismo de mayor calidad y más sostenible y plantearse en qué medida podemos mantener la planta hotelera actual o tal vez incluso reducirla. La idea de una moratoria, sin embargo, no es contemplada por Canarias actualmente. Aunque hay fuerzas dentro del Ejecutivo que sí la llevan reclamando durante años, desde la consejería de Turismo han defendido que no se dan las condiciones.
Sí coinciden desde la Consejería en avanzar hacia un destino más sostenible. Distintos estudios promovidos desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya han evidenciado que los visitantes pagarían más por un destino sostenible o por hoteles que lleven a cabo políticas de ahorro energético. Desde la pandemia, se han fomentado jornadas y estudios en torno a la economía circular y las prácticas más sostenibles para proteger un destino más vulnerable al cambio climático. Unos objetivos que se topan, sin embargo, con grandes proyectos urbanísticos especialmente en la isla de Tenerife que están generando rechazo social y movilizaciones como el circuito del motor o la gran urbanización de lujo en el puertito de Adeje.