La Comisión del Pacto de Toledo ha concluido los trabajos para elaborar su informe con las 23 recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones sin unanimidad por parte de PP, ERC-IU-ICV y BNG, que presentarán votos particulares especialmente en materia de edad de jubilación.
Asimismo, la redacción final del texto, que deberá ser votada el próximo miércoles en Comisión y el próximo 25 de enero en Pleno, incide en la censura a la congelación de las pensiones, exigiendo al Gobierno que no vuelva a probar una medida similar “sin la consulta y el debate previo” con el Pacto de Toledo, una redacción introducida por el propio PSOE.
En cualquier caso, los diputados apurarán el plazo de que disponen hasta la primera votación del informe, dentro de siete días, para tratar de “acercar posturas”.
El presidente de la Comisión, Juan Morano, ha explicado que el Pacto “ha cumplido su tarea” finalizando los trabajos en el plazo que marcan los diputados y no el Gobierno, que espera aprobar el proyecto de Ley de reforma de pensiones el próximo 28 de enero, dos días después de que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre el dictamen, situación de solapamiento ante la que ha apelado a la separación de poderes.
“El Gobierno no tiene por qué cumplir esa fecha y puede tomarse unos días y unas semanas más”, ha añadido posteriormente el portavoz del PP, Tomás Burgos, quien ha señalado que el texto final consigue “muchos objetivos” perseguidos por los 'populares' pese al “ruido y las interferencias” del Gobierno, y el documento “es mejor” gracias las aportaciones del PP.
Asimismo, ha explicado que el PP valora presentar un voto particular para que el texto recoja explícitamente la necesidad de mantener la edad legal de jubilación en 65 años. “Estamos a tiempo de avisar al Gobierno para evitar un choque por no respetar las recomendaciones del Pacto de Toledo”, ha remarcado.
El PNV no se compromete a apoyar al Gobierno
Por su parte, el representante del PNV, Emilio Olabarria, ha advertido de que, a priori, no tiene ningún compromiso para apoyar en el Parlamento la reforma del sistema de pensiones que presente el Gobierno a finales de enero. “No tenemos que votar nada en lo que no creemos”, ha recalcado.
Los diputados de ERC, Joan Tardá, e IU, Gaspar Llamazares, han señalado que, en este ámbito, las conclusiones del Pacto pueden poner en un “aprieto” al Gobierno para la reforma de las pensiones, y han reiterado su intención de firmar un voto particular conjunto con el BNG.
Además, han avanzado una posición “muy crítica” contra el conjunto del dictamen, tanto por su contenido como por la interpretación “sesgada” que de él hace el Gobierno para su proyecto de ley de reforma de las pensiones.
CIU, satisfecho
El portavoz de CiU, Carles Campuzano se ha mostrado “satisfecho” con el acuerdo que permite “salvar” este acuerdo para la reforma de las pensiones que reafirma el carácter de “solidaridad interregional” del sistema, pero a la vez “abre la puerta a importantes reformas”, especialmente en lo referente pensión de viudedad y orfandad.
Por su parte, la diputada del PSOE, Isabel López i Chamosa, ha restado importancia a las disensiones del PP e IU-ICV, que no en distintas a las ocurridas en las ediciones anteriores, y ha augurado que los votos serán “muy, muy parecidos a los de acuerdos anteriores”, por lo que habrá un “amplio consenso” final.
Las últimas recomendaciones se han discutido en un ambiente de “consenso”, según los diputados, y enfatizan el carácter de “reparto puro” del sistema de pensiones, “contrario” a sistemas “mixtos e híbridos” de capitalización y priorizando el principio actual de la solidaridad generacional.
La Comisión ha discutido también la situación de los sistemas complementarios de pensiones, “diagnosticando el fracaso de la Ley de fondos de pensiones de 1987”, ya que la modalidad individual es mayoritaria, con un 87%, cuando el objeto era generalizar los fondos de pensiones en empleo, acordados en la negociación colectiva, por lo que se pedirá incentivar estos últimos.
Asimismo, constatan las “desigualdades” en materia de protección de las mujeres y mejoran la posibilidad de que el cuidado de los hijos compute dentro del periodo de cálculo para poder percibir una pensión.