Como ocurre cada siete años, la negociación de Arbitrio a la Importación y Entradas de Mercancías (AIEM), un arancel a las importaciones al Archipiélago, ha destapado la críticas del sector empresarial. Las patronales turísticas de Canarias han expresado su rechazo a la actual propuesta de modificación del Gobierno de Canarias porque, dicen, “supone no solo un encarecimiento de los productos que deben ofrecer a sus clientes, de los que tienen una enorme dependencia, sino una artificiosa protección de la producción local.”
El AIEM es un arancel exclusivo en las Islas que se negocia cada siete años y que nació con la intención de proteger a la industria local frente a la producción de bienes que proceden de fuera de la región. El Gobierno de Canarias pretende que se renueve a partir del 1 de enero de 2021, previa aprobación por la Unión Europea, e incluya a nuevos productos o se incremente el porcentaje a alimentos ya gravados, como es el caso de la papa, que según la propuesta actual pasaría del tipo del 10% actual al 15%, en respuesta a la polémica por la importación de papas de Israel.
Sin embargo, la renovación del AIEM genera un conflicto entre los empresarios de las Islas: mientras para los industriales supone una de las ventajas compensatorias más importantes de las Islas, para los importadores, el impuesto encarece los precios de la cesta de la compra.
“Es figura tributaria discriminatoria, distorsionadora de la libre competencia, rupturista con la unidad de mercado en España y en la UE” que además es “regresiva socialmente”, sostienen las patronales
En el comunicado, dicen que “apoyan el consumo del producto local”, también defienden “la necesidad de entrada de otros productos”, puesto que “el autoconsumo en Canarias no existe”. “Es una visión cortoplacista proteger a unas industrias en detrimento del motor de la economía de Canarias”, añaden.
El comunicado asegura también que la modificación del AIEM limitaría la libre competencia en las Islas, beneficiando “a los productores ya establecidos en Canarias, con independencia de que sean más o menos eficientes”.
“Resulta difícilmente explicable que el Gobierno de Canarias apoye una medida tan antisocial como la que se incluye en la propuesta pues, de materializarse normativamente, afectará de forma muy negativa a la economía de las familias de canarias, maltrecha de forma evidente a causa de la crisis sanitaria que nos afecta”, dice la nota.
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