Ante las declaraciones efectuadas por el responsable del Gobierno de Canarias en relación a la introducción del gas, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, manifiestó que “constituye una prueba palpable de la falta de responsabilidad y ejemplo de posición sectaria en un asunto de interés muy relevante para la Isla”.
El presidente insular añadió que, “después de una década de ineptitud y tras haber sembrado todo tipo de malestar y conflicto social, la realidad de suministro eléctrico de Canarias atraviesa una etapa de conflicto, ante lo que el Gobierno de Canarias actúa de forma demagógica y errática, sin poder asumir sus competencias y, buscando el conflicto”.
En opinión de José Miguel Pérez, “las intervenciones del representante del Gobierno de Canarias constituyen un ejemplo más de permanente distorsión de una realidad que, por culpa de su Gobierno, se arrastra desde hace más de una década”.
“Asimismo, conviene recordar que, en su día (enero 2007) el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, con el voto favorable de su actual socio del PP, aprobó promover que se instalara la planta regasificadora en el mar. A día de hoy, en cambio, pretenden ocultarlo porque deben haber cambiado de opinión”, declaró el presidente del Cabildo grancanario.
También y con respecto a las declaraciones efectuadas por el diputado del PP, Miguel Jorge Blanco, Pérez aseguró que “resulta necesario precisar que, siendo él vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, este organismo aprobó el 29 de junio de 2006, por unanimidad, una moción sobre la ubicación offshore (mar abierto) de esta instalación”.
El presidente del Gobierno insular afirmó que “con todo ello, queda de manifiesto que las actuaciones y declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Canarias en estos días sólo buscan estropear el trabajo que se está haciendo por otras Administraciones en Gran Canaria”. Además, señaló que “no sólo se dedican a esquilmar los recursos previstos para diferentes fines en Gran Canaria, sino que dificultan y paralizan permanentemente la buena marcha de la gestión”.
Asimismo, y para información del representante del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez matizó que:
- La planta de las instalaciones de descarga de gas no se ubicaría en mar abierto, sino entre 1,5 y 2 km de la costa, en una plataforma litoral abrigada y de profundidades someras. Se protegería con cajones sobre banqueta de escollera apoyada en el fondo marino firme (35.45 m., como la prolongación del dique Reina Sofía, por ejemplo) aprovechando la protección que proporciona la forma de la costa. Se cumplen las distancias de seguridad respecto a los núcleos poblacionales más cercanos, cuestión que no se podía respetar en sus distancias mínimas en la ubicación de Arinaga.
- Evidentemente, se trataría de una recomendación sobre la posible localización; la competencia última de autorización es del Estado: Ministerio de Industria para las instalaciones, Ministerio de Medio Ambiente para la declaración de impacto ambiental de las obras y Dirección General de Costas ?del Ministerio de Medio Ambiente- sobre la utilización del dominio público marítimo.
- En modo alguno, se situaría en una costa turística; la ubicación orientativa en estudio estaría ubicada a más de 12 km de la más cercana (al noroeste de ella), a escasos 6 km de la propuesta por el Gobierno de Canarias en Arinaga.