Cuando pides un regalo para Reyes y te lo entregan en mayo o pagas más en impuestos que por el producto

“Recientemente recibí un regalo, una maceta de barro que había hecho un amigo en la Península y cuál fue nuestra sorpresa que, además de pagar 60 euros por el envío, tuvimos que abonar otros 70 euros; un despropósito”, cuenta Íñigo. “¡Qué paciencia hay que tener! Me ha llegado un pedido del 4 de noviembre de 2021, nada más que seis meses, mejor reír, ¡qué desastre! Era para Reyes”, relata un usuario en Facebook en la página de Autodespacho Canarias, un grupo que surgió en las Islas con el objetivo de dar visibilidad a estos asuntos y tratar de simplificar el trámite de aduanas e importación.

El primer caso es de Íñigo, residente en Lanzarote. Dice que era un regalo de un amigo de Barcelona, quien, al hacer el envío, declaró como valor 300 euros, con la suposición de que, si se rompía o no llegaba, le devolverían dicha cantidad. Sin embargo, al alcanzar el paquete a su destino, Íñigo dice que Correos Express le cobró 63,45 euros por el producto y 71,78 euros en conceptos de costes indirectos, como IGIC o el despacho de arbitrios insulares. Toda mercancía superior a 150 euros que entre en las Islas, conlleva IGIC (del 3%, 7% o 15%) y se tramita por la declaración H1.

La maceta estaba rota cuando Íñigo la recibió y le reembolsaron el precio pero, aunque también ha reclamado la devolución del resto, asegura que aún no le han contestado. Tuvo que abonar más por imposiciones indirectas que por la propia mercancía. En concreto, adicionalmente le cobraron un 15% de IGIC (el máximo) sobre el valor declarado de 300 euros, es decir, 54,52 euros. A esto se suman otros 16,13 euros de despacho de arbitrio insular (la gestión de Correos Express). “El problema es que te vienen a casa con el paquete y te dicen: si lo quieres, me tienes que pagar esta cantidad; después te dan la factura y el despacho”, explica. “Encima cuando lo abres y ves que está roto, el cabreo es monumental”, añade.

No es la primera vez que tiene problemas con envíos a Canarias, donde en ocasiones ni siquiera puede comprar determinados productos, ni en tiendas o por internet, porque las empresas de comercio electrónico no los ofertan a las Islas. De hecho, dice que en unas navidades quiso comprar una olla de un modelo concreto y la adquirió en Valencia, la envió a Bilbao sin mayor problema, donde vive su cuñada y, de ahí, a Lanzarote. En otras palabras, la ciudadanía de Península y Baleares pueden comprar en toda la UE y recibir su compra en su domicilio sin costes extras ni de gestión, tras abonar el IVA.

La razón de base es que el Archipiélago funciona como un tercer país en imposiciones indirectas, es decir, en lugar de IVA, como en toda la Península y Baleares, tiene IGIC. La directora de la Agencia Tributaria de Canarias, Raquel Peligero, explica que las Islas sí cuentan con los mismos derechos arancelarios que el resto de la Unión Europea, pero en las imposiciones indirectas no están armonizadas: “Es como si fuéramos un tercer país”. Esto quiere decir que, por ejemplo, para mercancías desde el Archipiélago a Península, el destinatario o comprador no abonaría IGIC, sino el 21% de IVA que tiene el resto del territorio nacional.

Ello también lleva aparejado que “toda la importación y exportación esté sometida a un Documento Único Aduanero (DUA), que es una declaración que se emplea para entrar o sacar mercancías de Canarias y es muy complicado de hacer, un lío”, detalla Peligero. El Instituto de Comercio Exterior (ICEX), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, especifica que el DUA debe cumplimentarse obligatoriamente ante la aduana para intercambios de mercancías entre los miembros de la UE y terceros países. En el documento, se debe reflejar el valor, la clase o la cantidad de productos, el origen, el destino o su peso.

De los problemas en aduanas a los cobros extra de los transportistas

Peligero recuerda que, debido a la complejidad del DUA, el declarante, cuando hacía una compra por internet de, por ejemplo, unos zapatos de 60 euros, pedía a la agencia de aduanas que elaborara el documento y esta le cobraba “35, 40 o 60 euros” extra. Además, la ciudadanía isleña tenía que ir a la Agencia Tributaria Canaria a presentar la declaración del IGIC. Era “una doble aduana”, dice Peligero, es decir, “un mismo hecho imponible, que era la entrada de mercancías, producía dos declaraciones porque había dos administraciones competentes”.

Entonces se generó “una presión muy fuerte” desde las Islas para facilitar estos trámites sin costes adicionales. La directora de la Agencia Tributaria de Canarias resume que se decidió, desde 2017, aplicar una exención aduanera “que dice que por debajo de 150 euros no se devengan derechos arancelarios”, y todo lo que se importe en las Islas, si no supera dicha cantidad, “tampoco estará sujeto a IGIC, quedará exento”.

Pero esto tampoco eximía de presentar una declaración; si bien, en lugar del DUA, se optó por “una declaración de bajo valor”, más simplificada, relata Peligero. Esta solo podía presentarla el transportista y su labor se limitaba a comprobar el número de envío y casarlo con la declaración que ha presentado en la Agencia Tributaria; en otras palabras, un trámite mucho más sencillo y rápido.

Pero en la práctica, se generaban cobros extras. Peligero explica que, “después de comprar por internet, por hacer la declaración sumaria, al usuario le decían que debía pagar, por ejemplo, 30 euros de aduana. Y no era cierto, no eran gastos de aduanas, era lo que el transportista cobraba por hacer la declaración sumaria”, que consistía solamente en “meter un código y darle a intro”, algo que “no era legítimo”. Por ejemplo, si comprabas por internet unos zapatos por 60 euros, con gastos de transporte incluido, cuando recibes el paquete a tu casa te incluyen 30 euros de más. Y esto, a su vez, provocaba que los compradores devolvieran sus paquetes y los vendedores, como Amazon, decidían no enviar determinados productos porque no les salía rentable.

Mientras, en la UE se aplicaba la misma exención que tenía Canarias para productos por debajo de 150 euros, pero por un valor inferior: las mercancías de menos de 22 euros en España, quedarían libres de IVA. Pero esto generaba problemas porque “mucha gente decía que lo que importaba era menos de 22 euros y resulta que luego era mayor de esa cantidad”, por lo que “se perdía recaudación y se facilitaba la comisión de un fraude”; relata Peligero. Entonces, la UE eliminó dicha exención el 1 de julio y desarrolló otra declaración más simplificada aún: el H7, a la que también se adhirió Canarias, poniéndola en funcionamiento desde julio de 2021 e implantándola de forma obligatoria desde noviembre del año pasado.

La Agencia Tributaria Canaria, para evitar la doble aduana, creó un portal llamado Ventanilla Única Canarias, de manera que con solo un único trámite se pudiese despachar el IGIC y el DUA, a través del H7. También incluyó una aportación a esta declaración para evitar que los transportistas cobrasen de más: que también pudiese presentar la declaración el comprador o consumidor final mediante autodespacho, a través de un trámite en el que había que introducir el DNI, el certificado electrónico y el número de envío.

En una resolución publicada el 2 de noviembre por la Consejería de Hacienda, se aclaraba este trámite dada “la complejidad (…) de la realidad económica relativa al comercio exterior de bienes” y “del marco normativo de referencia”, por lo que consideraba necesario “ilustrar, en la forma más clara posible, cómo quedaría el régimen jurídico aplicable en cada uno de los supuestos que se plantean”. En este texto, se especificaba que, si el transportista se encargaba de declarar el H7 en nombre del destinatario, no se debe repercutir sobre el importador “ningún gasto adicional” en el momento de la entrega de la mercancía.

“Si la mercancía está por debajo de 150 euros, y no está gravado con el Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM), el transportista debe hacer una declaración en aduanas de que la mercancía ha entrado en las Islas y entregar ese producto sin cobrarle al destinatario absolutamente nada”, remarca Víctor López, administrador del grupo Autodespacho Canarias: Simplificar el trámite de Aduanas e Importación. “Hemos ganado muchísimo al conseguir que se pueda hacer autodespacho a través de internet por la web de la Agencia Tributaria, por el modelo 040; pero el problema sigue estando ahí”.

López recuerda que, a propuesta de Autodespacho Canarias, Iñaki Lavandera, diputado del PSOE en el Parlamento, presentó una Proposición No de Ley que se aprobó por unanimidad para mejorar aún más los trámites. “Los consumidores canarios no lo tienen tan fácil como el resto”, señaló Lavandera, quien para demostrar esta tesis expuso que en todos los indicadores de compras por internet, los isleños están “sensiblemente por debajo”. “Los consumidores piden acercar a Canarias al resto del territorio nacional y no tener que soportar sobrecostes; en resumen, simplificación y autodespacho”, resumió.

La problemática que sigue existiendo es que los transportistas declaran como referencia un código que desconoce el vendedor y si este quiere hacer autodespacho, debe pedir a la empresa que se lo facilite, lo que genera, en ocasiones, un cobro adicional. Por ello, López reclama a Hacienda que se obligue a declarar como referencia del paquete de entrada a las Islas el número de envío que se dé al vendedor. “Si yo pudiese usar el código de envío del vendedor para usar autodespacho no tendría que pasar por ningún transportista para pedirle nada, ni me podrían exigir lo que llaman cesión documental sobre 40 euros”, añade.

En la PNL también se exigía que se pudiesen autodespachar los envíos cuando la mercancía se encuentre en los centros de Correos en Gran Canaria o Tenerife, para facilitar la gestión, en lugar de como sucede actualmente, que solo permite realizar el trámite cuando el paquete está en situación de reparto o entrega. Esto provoca “pérdida de tiempo, gastos de transporte o aparcamiento, horas de colas en Correos, al tener que desplazarse físicamente a las oficinas a presentar la documentación y otro día retirar el paquete”.

Cuello de botella en Correos

El otro gran problema que sufre Canarias en este asunto se focaliza en la empresa pública de Correos. Que se hayan dado retrasos de hasta seis meses en la entrega de un paquete pedido para enero de 2022 saca a la luz varias causas. Una tiene que ver con la adaptación que tuvo que acometer la entidad a las declaraciones H7. La directora de la Agencia Tributaria de Canarias explica que, después de julio de 2021, al eliminar el Gobierno de España la exención del IVA de 22 euros, Correos ha tenido que realizar “liquidaciones de más”, lo que generó un bloqueo, al que se sumó la mayor demanda en el comercio electrónico en navidades.

“En Correos estaban avisados desde mayo de 2021 para noviembre, tuvieron tiempo; es una empresa estatal con 150.000 empleados para adaptar los sistemas informáticos y no se hizo”, recuerda Alexis Socorro, delegado sindical de Comisiones Obreras en Correos Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, detalla que “hay muchos productos que vienen mal trabajados desde el centro de Madrid, donde se empieza a tramitar la aduana, y graban mal muchos datos, por deficiencias de personal o del sistema”, lo que provoca que al llegar a las Islas deban ser revisados manualmente hasta que cumplan con todos los trámites exigidos de entrada a las Islas.

Correos desmiente las acusaciones

Si en navidades miles de paquetes permanecían en Madrid, en primavera el atasco se habría generado en las Islas, donde Socorro asegura que hay 3.000 productos a la espera de ser entregados. Sin embargo, el pasado 18 de mayo, Correos negó acumulaciones de paquetes en sus centros en las Islas y afirmó que todo transcurría con normalidad. “No existe ninguna acumulación y las unidades de reparto están completamente al día”, dijo la empresa pública en un comunicado.

Ángel Cabanillas, secretario de Comisiones Obreras en Correos en Las Palmas de Gran Canaria, cree sin embargo explica porque la empresa no pone “ningún interés” en mejorar los recursos materiales y humanos con el objetivo de mermar la calidad del servicio y despejar el camino hacia la privatización. “Las quejas y reclamaciones en el último trimestre han aumentado un 33%” y en las islas “han cerrado siete oficinas en los últimos meses”, recuerda.

Ante este escenario, Cabanillas remarca que ya han llevado a cabo manifestaciones, huelgas, cadenas humanas, caravanas de coches o encierros con el objetivo de defender “el servicio público de Correos” y que la ciudadanía sea consciente de que el deterioro no es achacable a los trabajadores. Pero “vemos que cada día estamos peor y no se soluciona nada”.

Correos, sin embargo, alude a que la “adecuación” de la estructura de distribución para ser “más eficientes, sin merma de la calidad, es una obligación como operador público y no produce ningún desmantelamiento ni debilitamiento” del servicio en Canarias.