La polémica por un arancel canario que se reaviva cada siete años
Los empresarios suelen remar todos a una cuando se trata de hablar de impuestos. Sin embargo, en Canarias hay un arancel que genera discrepancias entre sectores empresariales y una polémica que se reaviva cada siete años, tiempo en el que vuelve a negociarse. Se trata del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), exclusivo en las Islas, y que nace con la intención de proteger a la industria local frente a la producción de bienes que proceden de fuera de la región. Mientras para los industriales supone una de las ventajas compensatorias más importantes de las Islas, para importadores, el impuesto encarece los precios de la cesta de la compra.
¿Cómo se aplica? La Ley lo define como un impuesto estatal que “grava” las entregas de productos que ya se producen en las Islas, “así como las importaciones de bienes similares que pertenezcan a la misma categoría, definida por referencia a la nomenclatura del arancel aduanero común”. Según viene resumido en la norma y tal y como defiende el Gobierno, en realidad es un instrumento que permite “enfrentar las desventajas que inciden negativamente en la producción industrial en las islas y que derivan de su situación ultraperiférica”.
Por ejemplo, el chocolate es uno de los productos a los que les afecta este gravamen. Para proteger al que realizan en el archipiélago marcas canarias, el importador tendrá que pagar en aduanas una exención del 5% (AIEM) más un 3% de IGIC. Dependiendo del producto, se le aplica un porcentaje concreto, que puede ser del 5, 10 o 15%. (al café, se le aplica un 15% en la aduana y a los productos de panadería un 10%).
Un reciente estudio del Gobierno de Canarias insiste en esta tesis: los sobrecostes de ultraperiferia del sector privado canario ascienden a 5.228 millones de euros, el 8% de la facturación empresarial. Una situación que, por sectores, el informe matiza que afecta más a la industria (888,7 millones de euros, el 29,7% de su facturación), al sector primario (147,7 millones de euros, equivalente al 18% de la facturación de este sector) y en tercer lugar al comercio (2.773,6 millones de euros, el 10,5% de su facturación).
¿Encarece los precios?
El importador y expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios Sebastián Grisaleña se muestra en la sintonía de lo que opina su sector sobre este impuesto e insiste en que “encarece la cesta de la compra”. Según sus cálculos, el yogur o los huevos resultan más caros que en la Península porque el importador tiene que pagar un 4% de IGIC más el 15% del AIEM, lo que resulta una diferencia fiscal de un 11%.
Según destaca, el Ejecutivo regional recauda 159 millones de euros con este impuesto (para el Gobierno de Canarias la cifra se situó en 45,8 millones de euros el año pasado) y se cuestiona por qué no se sientan hablar todos los sectores implicados para aclarar si realmente es un arancel positivo. “Llevamos 15 años con un sistema fiscal que, al final, no ha ayudado a mejorar la situación de los canarios”, señala.
Sin embargo, aunque algunos estudios destacan que las dos capitales canarias cuentan con unas de las cestas de la compra más cara, los últimos datos que maneja la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es que la cesta de Canarias es cara, pero no está entre las que más. Para esta organización, la insularidad es un factor que influye, así como la lejanía con el resto del territorio, lo que hace que los costes logísticos repercuta en mayor o menor medida en el precio final. “Pero no en todos. Así, en productos de droguería, sin duda los menos perecederos de los analizados en nuestro estudio, es la comunidad más barata de España. Por el contrario, en productos frescos, sus precios destacan por sus altos niveles, especialmente en frutas y verduras y en pescado”, destaca.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de abril destaca que la variación anual se sitúa en un 0,9%. Los productos que más suben sus precios son el tabaco (7,6%), las bebidas alcohólicas (4,7%), agua mineral, refrescos y zumos (3,9%). Por otra parte, los bienes que muestran descenso de precios son en un 13,6% aceites y grasas, el 4,3% los objetos recreativos y el 4,2% el transporte público interurbano.
El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Andrés Calvo, considera que habría que analizar cuáles son esos productos que son más caros y si están en el AIEM. A su juicio, la acusación de que el arancel encarece la cesta “es uno de los mayores mantras sobre este tributo”. Señala que numerosos estudios, informes y su propia experiencia desmontan esta afirmación. Defiende que el tributo “apenas” supone en el valor de aduana un incremento del 0,8 % de la presión fiscal, cuando en las Islas se paga un 6,5 % de IGIC, frente al 21 % de Península.
La industria canaria, en desventaja
Las dudas sobre este impuesto recaen también sobre qué empresas realmente se benefician de él. Hay empresarios que consideran que capital de fuera de las Islas puede estar aprovechándose de esta ventaja para vender sus productos como canarios a pesar de no ser realmente empresas locales, que además exportan sus bienes. No obstante, la Comisión Europea ha sido clara en su último informe: El AIEM es necesario en las Islas.
Andrés Calvo alude también a este informe que detalla que esta y otras medidas fiscales que se aplican en Canarias son “necesarias” y tienen “una incidencia positiva en las condiciones económicas y sociales de las Islas”. Las desventajas que afectan al archipiélago, como la lejanía, las reducidas dimensiones y la fragmentación del mercado local, siguen existiendo y dan lugar a costes adicionales “que no se ven sobrecompensados por la aplicación de las exenciones permitidas a determinados productos AIEM”, recalca el informe.
La comisión también subraya que no ha recibido ninguna queja sobre un posible impacto negativo de las medidas AIEM en el funcionamiento del mercado interior. “Una posible reducción o eliminación de la protección otorgada mediante el AIEM podría resultar perjudicial para la industria local y, en general, para el desarrollo económico y social de las Islas Canarias”, concluye.
