Ante la debacle económica que se avecina en Canarias por la crisis derivada de la COVID-19, representantes políticos vaticinan una caída del 19% del Producto Interior Bruto y un 27% de desempleo en las Islas. Por ello, la consejera canaria de Economía, Elena Máñez, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, o la oposición al pacto progresista liderado por Ángel Víctor Torres (PSOE) han reiterado la necesidad de apostar por la diversificación económica de un territorio altamente dependiente del turismo.
En sus discursos inciden en potenciar al sector primario y al secundario, dos áreas productivas que juntas no alcanzan ni el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, mientras que el sector turístico aporta más de un 30% a la economía de las Islas.
Mientras la agricultura, la ganadería y la pesca representan un marginal 1,5% de la economía regional, el sector secundario (excluyendo la construcción), llamado a alcanzar un 10% del PIB este año según la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias de 2009 a 2020, proporcionó en 2018, cuando el PIB de Canarias ascendía a 45.719.556 euros, un 5,5%, una cifra que supone el 2,7% si se desagrega la manufacturera.
Son cifras recogidas en los valores oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Contabilidad Regional de España, que incluye, además de las extractivas o las manufactureras, las de suministro de energía eléctrica, aire acondicionado, agua o gestión de residuos y descontaminación
Ello a pesar de que desde 2002 se aplica en Canarias el Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (AIEM), un impuesto incluido en el histórico Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que se impone a una serie de productos de importación con el objetivo de proteger a la producción local, desde papas, quesos, cartones o cemento a ropa deportiva.
Este arancel recibe duras críticas por parte de patronales como la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) o la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), que estima que encarece la cesta de la compra, beneficia a empresas que tienen su matriz en el extranjero y el dinero recaudado no repercute en el sector industrial en las Islas. También la patronal turística le hace ascos al AIEM.
Hace 18 años, la Unión Europea (UE) autorizó la aplicación del AIEM, que justificaba su imposición al atender las especificidades de las Islas como región ultraperiférica: “La lejanía, insularidad, la reducida superficie o la dependencia económica de un determinado número de productos”.
Cada siete años, Bruselas evalúa los resultados y comprueba la repercusión del arancel en el fomento de la economía local. Ya el Gobierno de Canarias, tras una negociación durante el último año y medio con todos los sectores afectados, ha cerrado su propuesta con un listado de 156 productos sujetos al AIEM (en puridad serían 156 partidas arancelarias, de cuyas variedades se traduciría con las subpartidas en más de 1.300 artículos de importación) que ha remitido al Gobierno central y este la elevará a la UE, que decidirá su entrada en vigor a partir del 2021.
Según los datos de la Contabilidad Regional de España del INE, en 2002, con el AIEM en vigor, la industria aportaba un 6,9% al PIB canario, del cual, la manufacturera suponía un 5%. Los presupuestos autonómicos destinados al sector secundario ascendían a algo más de 23,7 millones de euros, de un total de 4.000 millones de las cuentas regionales. El texto especificaba que “la entrada en vigor del AIEM supondrá un cambio en las figuras tributarias del REF y afectará a la estructura de financiación de la Comunidad Autónoma” y se distribuiría una parte entre corporaciones locales y otra en función de lo que decidiera la administración regional, sin que se destinara a un sector en concreto.
Al respecto, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Gonzalo Medina, sostiene que la recaudación del AIEM “no va íntegramente a la industria”, sino que se distribuye entre diferentes áreas como sanidad o educación. “Es una herramienta para hacer más competitiva a la industria local frente a las importaciones, pero ni se lo queda la industria ni se lo queda el Gobierno, se reparte en la sociedad”, añade el industrial.
En 2002, la construcción aportaba más del 10% a la economía canaria y el sector servicios (en el que los datos de la Contabilidad Regional de España incluye al comercio, la hostelería o el transporte) suponía el 32% del PIB. En los años siguientes el porcentaje que representaba el sector industrial aumentó hasta un 7% -con la manufacturera por encima del 4,5%- y en 2009, cuando Paulino Rivero (Coalición Canaria) presidía el Gobierno de Canarias y José Manuel Soria (Partido Popular) la Consejería de Economía y Hacienda, se decidió crear una estrategia para que el sector secundario alcanzara el 10%.
Sin embargo, con la crisis financiera global de 2008, el PIB canario, que ese año había alcanzado los 42.308.705 millones de euros con la industria aportando un 7,7% (un 4,4% la manufacturera), la construcción un 9,4% y el sector servicios un 28,7%, cayó hasta los 39.266.705 millones en 2014. El sector secundario llegó a aportar 3.292.870 millones hace 12 años, pero desde entonces nunca volvería a superar esa cifra y fue perdiendo peso en el PIB hasta bajar a los 2.469.787 millones de 2016 (5,8%).
De forma desagregada, la industria manufacturera pasó de rozar los 2 millones de euros al inicio de la crisis (más de un 4,5%) a descender su aportación hasta 1,15 millones de euros (un 2,7%) en 2016. Para la construcción, la perdida fue mucho más sangrante, pues pasó de aportar más de 4 millones de euros a representar menos de 2 millones (un 4,7%).
Aunque el AIEM siguió vigente en esos años, en los presupuestos generales descendió el gasto en el sector secundario, sobre todo, de 2012 a 2013, pasando de 30,6 a 15 millones de euros, y la aportación de la industria al PIB bajó del 7% por primera vez desde 2002, mientras la manufacturera descendió del 3% en 2015 (2,8%).
Nuevo AIEM, menor peso del sector secundarioFue al año siguiente -con Javier González (CC) al frente de la Consejería de Hacienda en la segunda legislatura del Gobierno de Paulino Rivero junto al PSOE- cuando se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias un nuevo AIEM, vigente actualmente hasta diciembre de 2020, que incluía menos productos que el anterior listado. Al igual que la actual Consejería liderada por Román Rodríguez (Nueva Canarias), Ortiz negaba que el arancel afectara al precio de la cesta de la compra de forma significativa y, en cambio, ayudaba a proteger la producción local, haciéndola más competitiva, y fortalecía el empleo ante las críticas de una parte del sector empresarial y turístico.
A partir de 2016, al menos en términos macroeconómicos, Canarias dejaba atrás la crisis y el PIB volvía a niveles anteriores a 2008; en los presupuestos autonómicos las partidas para la industria aumentaron de los 14,4 millones en 2015 a los 25,5 al año siguiente y el sector secundario volvía, levemente, a incrementar su aportación en la economía regional. Sin embargo, esto dejó de traducirse en un mayor peso en el PIB, dado que el sector servicios ganó más valor.
A pesar de los datos, durante su intervención en el Debate de la Nacionalidad en 2017, el entonces presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), situaba en el centro de su discurso la diversificación económica como un proceso necesario y clave en las islas para construir otra estructura productiva, mientras la realidad mostraba que, desde el estallido de la crisis económica, aumentó la dependencia de Canarias del sector turístico a la par que descendieron todas las áreas llamadas a ser protagonistas del cambio del modelo productivo: la agricultura, la ganadería o la pesca, la industria o la construcción.
La industria en Canarias: limitada y protegida El desarrollo de la industria en Canarias se ha visto limitado tradicionalmente por la escasez de materias primas, la falta de mercado o capital, la competencia exterior y factores institucionales. Antes de que en la segunda mitad del siglo XX el turismo comenzara a asentarse como la principal actividad, las Islas basaban su economía en la producción agrícola o en la actividad comercial, sobre todo, a raíz de la implantación en 1852 de la Ley de Puertos Francos.
El profesor de Historia Económica y Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Daniel Castillo explica que en el Archipiélago, al igual que en la mayor parte de España, la revolución industrial (siglos XIX y XX) tuvo un impacto “mínimo”. Las Islas iniciaron un tímido desarrollo de su industria “ligera” de forma “tardía”, fundamentalmente ligada a la transformación de productos, sobre todo de alimentación, bebidas o tabaco. También, con el aumento del tráfico de buques, cobra importancia la relacionada con la comercialización de la oferta agroexportadora, como la caña de azúcar, o la reparación naval.
A pesar de ello, las Islas no tuvieron un sector industrial significativo ni registraron un proceso de transformación social propio de ese tipo de sociedad. Sin embargo, Castillo añade que en las Islas se llegaron a crear industrias que generaron una importante mano de obra, como la del tabaco o la derivada de la actividad pesquera (enlatado de atún), pero “se desmantelaron en la década de 1980 por la deslocalización, algo similar a lo que ha ocurrido con el cierre de la planta de la compañía japonesa Nissan en la Zona Franca de Barcelona”.
Además, con esta situación también “ha quedado al descubierto que gran parte de la producción industrial de los países se subcontrata a terceros”, ante la dificultad para adquirir mascarillas al inicio de la pandemia, al no haber industria capaz de producir este producto y tener que recurrir a mercados exteriores.
De hecho, el profesor de Historia Económica y Social en la ULPGC considera que si el sector secundario no estuviera “fuertemente subvencionado” y se guiara solamente por las leyes de mercado “desaparecería” porque muchos de los productos “se pueden importar”. Aunque matiza que si “solo se buscara la eficiencia”, miles de personas que trabajan en la industria “se irían a la calle” y tampoco considera “sostenible” que se importe la mayoría de lo que se consume en el Archipiélago.
Además del AIEM, la industria en Canarias tiene un 50% de deducción en el Impuesto de Sociedades o pueda transportar su mercancía entre Islas y hacia la Unión Europea con una bonificación del 100%, ambas medidas recogidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).
A esto se suma un aumento aplicado en 2018 de los límites máximos permitidos de acumulación de ayudas que se aplican a las empresas canarias que se acojan a los incentivos fiscales del REF: del 17,5% al 30% del volumen de negocios anual del beneficiario perteneciente al sector industrial. Y, mientras se grava la importación de ciertos productos, se subvencionan otros (agroalimentarios o industriales) a través del Régimen Especial de Abastecimiento (REA), con el que se trata de garantizar el suministro de productos esenciales a las regiones ultraperiféricas, paliando los costes adicionales derivados de esa condición.
De todas estas ayudas, el AIEM es el más criticado por el presidente de honor de Cecapyme, Sebastián Grisaleña, quien asegura que cada familia de cuatro miembros paga una media de 300 euros anuales por este impuesto. Aunque aclara que sí apoya que se “aporten ayudas y apoyos” al sector primario, dice que usar medidas fiscales para proteger a la industria canaria es “injusto e incongruente” y “solo beneficia a determinadas empresas” de un sector “que aporta muy poco al PIB y genera escasos puestos de trabajo”.
El fundador de la empresa Grisaleña S.L., dedicada a la importación de productos de alimentación y bebidas, dice que tener una industria fuerte en las Islas es “imposible” por las escasas materias primas existentes en el Archipiélago. “Aquí solo hay transformación y todo debe venir del exterior” añade y, como ejemplo, expone que las empresas que se dedican a la fabricación de papel “importan las bobinas”; o en la alimentación, “para hacer pasta, se importa; para el yogur, la leche en polvo, de fuera”.
En cambio, Grisaleña matiza que Canarias sí podría tener “una industria importante” si potenciara las energías renovables porque tiene “sol, mar y viento” en abundancia. “Aunque tecnológicamente ha perdido muchos años”, considera que el sector “debería volcarse en este ámbito, sobre todo afianzando relaciones con África”.
Por otro lado, el presidente de la patronal de los industriales dice que actualmente el sector aporta un 7,3% y sostiene que el peso de un sector en el PIB depende de otras áreas, como el turismo, lo que provoca que “los demás se achiquen en la comparativa”, sin embargo, según los datos que proporciona el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) sobre la Contabilidad Trimestral de Canarias, en 2019 la aportación del la industria fue de un 5,4% en el PIB.
También afirma que el sector secundario no ha alcanzado el 10% del PIB en el Archipiélago, como recogía la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias de 2009 a 2020, porque “no contaba con ficha financiera y no tuvo un apoyo económico”, además de otros factores como “la crisis, la globalización de la economía o la desindustrialización de España en general, que tampoco cumplirá el objetivo de la UE para que la industria pesara un 20% este año”.
La crisis de la COVID-19 en el sector secundarioLa Consejería de Turismo, Industria y Comercio ha explicado que el sector secundario está compuesto por unas 5.746 empresas, lo que supone un 4% del total de entidades en Canarias (151.661); de las cuales, el 90% tiene menos de diez trabajadores, es decir, son microempresas y predominantemente sin asalariados (el 45% del total).
En 2019, este sector empleaba a 39.186 trabajadores en el cuarto trimestre de 2019, lo que supone un 4,5% del total del empleo en Canarias, principalmente en la industria manufacturera (76,5%); seguida del grupo en el que se engloba a la de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (19%); las de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (4%) y la extractiva (0,5%).
Ante la crisis derivada de la COVID-19, la Consejería estima que han resultado afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han sido presentados, unos 6.839 trabajadores del sector, un 17,5% del total. A los que se añaden los datos de destrucción de empleo en el sector en marzo, incluyendo el efecto del estado de alarma decretado el 14 de ese mes: en el primer trimestre de este año, el número de empleados en industria descendió hasta las 37.534 personas, una caída de un 4,5% que ha afectado a 1.652 trabajadores que perdieron su afiliación a la seguridad social.
En este sentido, Industria afirma que ha elaborado una estrategia para impulsar al sector que consta de un incremento del presupuesto con un importe cercano a los 4 millones de euros “para líneas de subvención a la modernización y diversificación industrial”. También se fomentará la creación de nuevas líneas de financiación para las empresas de cara a la generación de liquidez y abonar gastos corrientes y, aunque en este punto la Consejería aclara que está a la espera de conocer la disponibilidad presupuestaria, añade que se concretarían con anticipos de créditos comerciales, líneas de crédito y medidas de autofinanciación de cartera basada en los avales de la facturación futura.
Por otro lado, también aboga por “activar” la compra pública y licitaciones de los productos industriales elaborados en Canarias o incentivar con campañas específicas y conjuntas el consumo de los productos elaborados en las Islas, una de ellas ya se ha difundido “durante estos días”.
Mientras, los debates en el Parlamento de Canarias se centran en la reapertura turística y las negociaciones con el Estado en materia de financiación, al mismo tiempo que se pone sobre la mesa la oportunidad que supone la pandemia para reorientar el modelo económico de las Islas y diversificar la economía, ante lo que el vicepresidente del Gobierno regional Román Rodriguez, recordaba: “No vamos a reinventar el mundo en 60 días”.
“Diversificar un modelo económico es complicado”, añade Medina. Para encaminarse hacia esa soberanía económica y que Canarias sea un territorio menos dependiente del turismo, lo que ha provocado que sea de los más afectados por la crisis sanitaria, el presidente de Asinca afirma que “hay que invertir para que a medio y largo plazo tenga las bases bien cimentadas”.
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