Recaudará 32 millones por el recargo del 2% en los precios de los servicios
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La nueva Ley del Servicio Postal Universal, que encomienda a Correos la prestación de este servicio de interés público, tendrá un coste en los Presupuestos Generales del Estado de cada año de entre 170 y 210 millones de euros, cantidad a la que se añadirán otros diez millones de euros por la prestación del servicio de giro.
Así consta en la memoria justificativa que acompaña al proyecto de Ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que detalla la articulación de un sistema de financiación que garantice al operador postal público la suficiencia de recursos para hacer frente a los costes que le supondrá la prestación de este servicio.
En concreto, el servicio postal universal incluye la gestión de los envíos de cartas, tarjetas postales y paquetes de hasta 10 kilos de peso, tanto ordinarios como certificados.
La ley, que todavía tendrá que ser tramitada por las Cortes, encomienda a Correos esta tarea para garantizar un servicio postal de calidad, que llegue a todos los puntos y a todos los ciudadanos del territorio del Estado, con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.
EL RECARGO NO ES EXCESIVO
El Gobierno señala que el Estado debe compensar la “carga financiera injusta” de Correos por asumir estos servicios “con obligaciones de servicio público”, que sitúa entre 200 y 240 millones de euros.
Pero a esta cantidad se le resta la obtenida por el recargo del 2% sobre el precio unitario de los servicios incluidos en el ámbito del servicios universal al que están obligados todos los usuarios --recargo que el Gobierno no considera como “excesivo”-- y que recaudaría entre 30 y 32 millones de euros.
De esta forma, el saldo de aportaciones se sitúa entre los 170 y 210 millones de euros, que se incrementan en otros diez millones por la obligación de prestar el servicio de giro, al considerarlo como un servicio complementario a los servicios postales.
35 OPERADORES NUEVOS AL AÑO
El fondo de financiación se nutrirá además de por aportaciones del Estado por la contribución de todos los operadores con presencia en el mercado postal cuya facturación supere los 50.000 euros, ingresos a los que se aplicará una tasa del 1,5%. La recaudación anual estimada es de 1,47 millones de euros, de los que 1,44 millones de euros procederán de Unipost y los restantes 33.750 euros de otros 215 operadores.
Asimismo, los nuevos operadores que se incorporen al mercado abonarán una cuota fija de 1.500 euros con el objeto añadido, aparte de contribuir a financiar el fondo, de evitar al “excesiva atomización del sector”. El gobierno estima una incorporación anual media de 35 operadoras, lo que permitirá recaudar 52.500 euros y eleva la cifra total hasta los 1,52 millones de euros.
MULTIPLICA POR 10 LAS TASAS DE INSCRIPCIÓN
Según los cálculos del gobierno, 234 de los 450 operadores privados son personas físicas o jurídicas sin empleados y cuya facturación es inferior a los 50.000 euros, por lo que están exentos de la tasa del 1,5%.
Además, los operadores deberán contribuir a la financiación de la Comisión Nacional del Sector Postal a través de la tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, cuya cuantía se multiplica por diez, pasando de 50 a 500 euros, que el Gobierno justifica por las “nuevas obligaciones” de la Comisión y que se trata de una cantidad “promedio” entre las que se cobran en Alemania (700 euros) o Portugal (1.500 euros).