MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha asegurado que la enmienda del Senado que suprime el tope de cuarenta años de vida útil de las nucleares que figuraba en la Ley de Economía Sostenible no supone un cambio de postura del Gobierno porque no se tomará ninguna decisión sobre la prórroga de las centrales hasta 2020 y tampoco contradice la apuesta socialista por las renovables.
La enmienda, auspiciada por CiU y PNV y apoyada por socialistas y 'populares', será votada a última hora de este martes en el Congreso junto con la llamada 'ley Sinde' y el resto de modificaciones de la Ley de Economía Sostenible. De la Cámara Baja irá al Boletín Oficial del Estado.
En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Alonso ha afirmado que esa enmienda busca definir el papel de la energía nuclear en la “cesta energética”, pero ha asegurado que no se puede interpretar que esto suponga de facto una ampliación de la operación de las centrales, que acaban su plazo de vida en servicio a partir de 2020.
CAMBIO CONSENSUADO
Alonso ha restado importancia al hecho de que desparezca la mención a los 40 años de plazo, introducida por el PSOE en el primer trámite de la ley en la Cámara Baja, y ha recalcado que se trata de un cambio consensuado en el marco de una “negociación política” entre los grupos nacionalistas y los socialistas del Senado, que, según recalcó, no van a contradecir al Gobierno.
“La enmienda dice lo que dice, es muy general y no afirma ni una cosa ni la otra”, ha repetido en seis ocasiones el dirigente socialista, quien ha pedido no hacer interpretaciones sobre la desaparición de ese plazo.
Es más, insistió en que, conforme a lo decidido por la subcomisión parlamentaria sobre el diseño de la política energética del futuro, en la próxima década no habrá cambios sobre el 18 por ciento que las centrales nucleares aportan al mix energético y que será después cuando tendrá que tomarse una decisión, en función de cómo esté entonces el reparto y la evolución de las alternativas por las que apuesta el PSOE.
Preguntado si la supresión del plazo de 40 años puede afectar a la central de Garoña, cuyo cierre está programado precisamente por cumplir cuatro décadas de funcionamiento, Alonso ha asegurado que “no tiene ninguna constancia” de que el Gobierno pueda cambiar su criterio sobre el cierre de la central burgalesa.