“Llevamos muchísimos años luchando por un Régimen Especial para Balears”, explica María Antonia Truyols, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Balears y actual diputada socialista. Señala que aunque esta comunidad no sea ultraperiférica sí que dispone por su carácter insular de importantes costes de transporte, energía y que como ocurre en Canarias existe una doble y triple insularidad. La reivindicación parte de la necesidad de “equilibrar nuestras desventajas para que podamos actuar en igualdad de condiciones que el resto de empresas”, remarca la experta, cuya principal línea de investigación desde su llegada a la universidad en los 90 ha sido precisamente la fiscalidad y a ella misma se le encargó uno de los primeros informes para explorar ese régimen diferenciado. Tras varios intentos y pequeños avances en anteriores legislaturas, esta comunidad contará según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado con ventajas y deducciones fiscales que venía reclamando. Incluirá una Reserva de Inversiones que aunque comparte similitudes con la canaria, también recoge importantes diferencias. Y es en este punto donde la oposición (Coalición Canaria y el PP canario) en el Archipiélago y la patronal han polemizado en los últimos días, llegando a afirmar que se producirá una fuga de inversiones. Una visión que no comparte el Gobierno de Canarias.
Expertos consultados insisten en las enormes diferencias entre ambas regiones. En la comunidad balear existe rechazo a que se pretenda desacreditar su lucha afirmando que su población es más rica y especialmente descontentos se muestran con las declaraciones de los últimos días del senador Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El reconocido economista Guillem Díaz Casanova recuerda que en Balears, aunque la renta media sea más elevada, existen mayores desigualdades entre la ciudadanía que es más rica y la más pobre y donde ser pobre equivale a encontrarse en una situación muy vulnerable debido a los elevados costes de la vida. “El problema en Baleares no es de renta media sino de desigualdad”, insiste. María Antonia Truyols coincide en que hace años “éramos una comunidad autónoma desde el punto de vista de la renta muy bien posicionada, pero esto ha ido decayendo y evidentemente tiene que equilibrarse”. Cree que el hecho de que se la siga considerando como comunidad rica, habría que analizarlo con datos.
Ambos economistas inciden en que las políticas públicas deben ayudar a revertir estas desigualdades y que los beneficios que obtengan las empresas reviertan en el lugar donde se encuentran desarrollando su actividad. Y ese es el objetivo del Régimen Especial para esta comunidad autónoma, una herramienta que han defendido en el tiempo tanto PSOE, como PP, que llevó el debate recientemente al Senado. Truyols defiende que esos beneficios fiscales recogidos en el proyecto de ley supondrá una inyección de 208 millones de euros y que afectará a 47.000 empresas y 71.000 autónomos.
¿Perjudica en algo a Canarias?
El director de la Cátedra de Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) de la ULPGC, Salvador Miranda, recuerda que la Reserva de Inversiones es un incentivo que está en el REF desde el año 1994 “con el objetivo de que las empresas en lugar de repartir dividendos dediquen un porcentaje lo más alto posible de sus beneficios a reinvertirlos en Canarias. De tal forma que en la actualidad se permite que el 90% del beneficio no distribuido se destine a la Reserva para Inversiones. Una vez que se haya creado esta reserva no se está pagando impuestos por ella con lo cual es un ahorro del 25% a los empresarios canarios”. Y añade que existe una parte positiva para la sociedad y que “el empresario que se ahorra el 25% tiene que invertir en menos de cuatro años en activos que estén en Canarias, con lo cual se dinamiza toda la economía, se crean puestos de trabajo y en general ese beneficio que se traduce en ahorro de impuestos se convierte en un incentivo de desarrollo motor en las Islas Canarias”, resume.
Miranda aclara que existe una reserva de inversiones en Euskadi, pero con una intensidad diferente, es decir, un ahorro en impuestos más bajo. Ahora, en Balears aunque cree que se ha “copiado” de la de Canarias, tendrá “menor intensidad en la ayuda”, de tal forma que Balears solo se pueda disminuir impuestos si se realiza una inversión inicial. Por ejemplo, crear un hotel nuevo, pero no si hay una inversión de sustitución. Y ejemplifica que si una empresa que tiene dos camiones, se le rompe uno y compra otro, esa es una inversión de sustitución, y en Canarias sí recibe incentivos fiscales y en Baleares no podría tal y como está en el proyecto de presupuestos del Estado.
“Son incentivos copiados tal cual, pero en el de Baleares no se contemplan las ayudas de funcionamiento que sí se incluyen en Canarias al ser una región ultraperiférica”, añade. En este punto, Truyols remarca que Balears no es una región ultraperiférica y que por tanto no hay una Zona Especial Baleares, como sí hay una de Canarias. Hay muchas ventajas con las que no contará su régimen como los incentivos a las producciones cinematográficas, citan en esa comunidad como ejemplo y en esa comunidad cuentan con IVA y no IGIC, entre otras cuestiones. La profesora de Economía Aplicada y Diputada remarca que el hecho de que Balears cuente ahora con estos incentivos “no tiene por qué generar competencia entre ambos territorios” e insiste en que se trata de “equipararse a ambos archipiélagos a las condiciones necesarias e iguales que el resto de empresas del territorio continental”.
En la misma línea se muestra Guillem Díaz Casanovas, que no prevé que se vaya a producir una deslocalización de empresas, que escogen instalarse en cada uno de los archipiélagos por múltiples factores. Salvador Miranda, por su parte, señala que está encantado con que otras regiones tengan un incentivo así y que se respete el diferencial con Canarias. “Lo que sí me parece sorprendente es que desde Canarias a través del manifiesto del REF venimos pidiendo unas aclaraciones que son técnicas y que apenas van a costar dinero al erario público y que ninguna de esas sugerencias se hayan incluido y que ahora pues salga un tema de importancia como es la reserva de inversiones de Baleares”, lamenta. Esas mejoras técnicas se han recogido en un manifiesto de 80 páginas en la que se recogen aspectos que considera que deben cambiarse en el texto de la ley para hacerlo más fácil y ágil.
La oposición y la patronal polemizan con el REB
Desde que se conociera el proyecto de ley de PGE, Coalición Canaria ha encendido la polémica con la Reserva de Inversiones que se reconoce en ese proyecto. Durante la última semana el secretario general de esa formación y senador Fernando Clavijo ha remarcado que el REB balear “podría hacer perder el estatus de Canarias en la Unión Europea y hará retroceder a las Islas 20 años”. En un reciente comunicado, incluso alude a la época de los Reyes Católicos para hablar de los orígenes del REF canario, que “tenía como objeto ”compensar a las islas por su condición de archipiélago y por la lejanía“. La prensa de Baleares ha afeado estas críticas a Clavijo e incluso le ha recordado en un editorial reciente que también en su caso luchan por compensar los desequilibrios que supone vivir en un archipiélago.
En 2019, Gobierno de Clavijo y la patronal de Las Palmas alegaron que el REB “pone en peligro” las especificidades canarias; sin embargo, entonces no recogía incentivos fiscales, solo compensaciones a la insularidad. Coalición Canaria y El Pi – Proposta per les Illes Balears han mantenido acuerdos en los últimos años de cara a las elecciones europeas. En un comunicado que puede leerse en la web de CC se evidencia que en 2018 tenían previsto “acordar una línea de actuación conjunta en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2019 o en la tramitación del nuevo Régimen Especial para Baleares (REIB), en el caso particular de las Islas Baleares”.
A CC se le ha sumado en Canarias las críticas al REB del PP, que ha luchado en las cámaras estatales por este régimen con medidas como la Reserva para Inversiones. De hecho, ha sido el PP la formación que llevó la parte fiscal al Senado para su tramitación. En Canarias, sin embargo, su presidente Manuel Domínguez considera que la UE “no va a permitir este experimento”. Desde la CEOE de Tenerife, esta semana se publicaba un informe sobre esta cuestión en el que se concluye que “la igualación de las ventajas fiscales en Baleares podría desviar no solo nuevas inversiones al archipiélago mediterráneo en detrimento del canario, sino incluso llevar a que las ya implantadas en Canarias abandonaran las islas”. Proponen aprobar nuevos incentivos para Canarias para mantener el diferencial como una bonificación del 50% en las rentas obtenidas en el archipiélago atlántico.
El Gobierno canario también rebaja la polémica con el REB
El también economista y ahora viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, ha rebajado la polémica recordando las diferencias entre ambos regímenes fiscales y en especial en cuanto a la reserva de inversiones. El Régimen Especial de Illes Balears se contemplaba en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 y Olivera apunta que en el debate del Senado quedó de manifiesto que esta iniciativa la había venido impulsando el PP desde tiempos de Montoro. En abril de 2015 el Gobierno de España aprobó un régimen fiscal especial para Baleares en el Consejo de Ministros, pero no se pudo culminar la tramitación parlamentaria al disolverse las Cortes en noviembre de ese año.
En concreto, el incentivo balear consiste en la posibilidad de conseguir un ahorro fiscal, vía reducción en la base (Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes) o deducción en la cuota (IRPF), por las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la Reserva para inversiones hasta el límite del 75% de los beneficios no distribuidos procedentes de Illes Balears. La Reserva permitirá compensar parcialmente el esfuerzo inversor dirigido al desarrollo emprendedor, la diversificación productiva, la creación de empleo y la protección del medioambiente y puede materializarse en el plazo de tres años.
Olivera habla así de parecidos pero también diferencias con Canarias. La primera insiste en que radica en los activos en los que se puede materializar. En Baleares no se incluye la posibilidad de materializar en activos usados, ni en empleo no vinculado a la inversión inicial y las posibilidades de materialización indirecta son mucho más reducidas, no permitiéndose materializar en deuda pública, en productos financieros… Además, se condiciona la inversión en elementos patrimoniales del inmovilizado material o intangibles, de elementos patrimoniales que contribuyan a la mejora y protección del medioambiente en el territorio de Illes Balears, en los términos que reglamentariamente se determinen, así como a gastos de I+D+i.
El viceconsejero remarca que las ayudas del régimen balear estarán condicionadas al régimen de ayudas de minimis de la Unión Europea. Esto supone que el importe de la ayuda no podrá superar los 500.000 euros para las empresas de interés económico general en tres ejercicios fiscales consecutivos, los 200.000 euros para las empresas que no son de interés económico general, 20.000 euros para las empresas del sector agrícola y ganadero y 30.000 euros para las empresas de pesca. Por tanto, la intensidad de la ayuda no puede compararse con la de los incentivos canarios.
Sanciones por acogerse mal a la RIC
Una investigación de eldiario.es ya reflejó este año que la Agencia Tributaria ha sancionado con más de 116 millones de euros a empresas españolas que se acogieron mal a la RIC entre los años 2000 y 2018. En concreto, se han abierto 1.132 expedientes de infracción tributaria a empresas que incumplieron los requisitos para acogerse a este beneficio fiscal. Decenas de empresas canarias han recurrido estas sanciones tributarias hasta llegar, incluso, al Tribunal Supremo. El reportaje detalla que entre los motivos, destinar a la RIC los beneficios no afectos a la actividad económica como la venta de acciones o de inmuebles. También aparentar la realización de una actividad en Canarias cuando se realiza en otro lugar, materializar la reserva en activos no vinculados a la actividad empresarial como vehículos para uso particular o segundas residencias o por no hacer las inversiones en el plazo de tres años.